GOLPE Y REBOTE

252
0
Compartir
Venezuela vive cotidianamente la corrupción y el abuso de poder. En la foto, el presidente, Nicolás Maduro.

Venezuela vive cotidianamente la corrupción y el abuso de poder. En la foto, el presidente, Nicolás Maduro.

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DECIDIÓ DESPOJAR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE SUS PODERES Y ASUMIR FUNCIONES LEGISLATIVAS

Hace muchos años que en Venezuela gobierna un régimen cívico-militar con un deplorable récord en derechos humanos. Sin embargo, las decisiones del Tribunal Supremo de esta semana –tanto al avanzar contra el Congreso como al retroceder por encargo de Nicolás Maduro– marcan un punto de inflexión, porque dejan en evidencia la enorme concentración de poder y la ausencia de un Estado de derecho. Si no hay una fuerte presión internacional, un verdadero ultimátum exigiendo la inmediata e incondicional liberación de los presos políticos, un calendario electoral definitivo y el restablecimiento de la autonomía de los poderes públicos, dejaremos pasar una valiosa oportunidad para obligar a una tiranía que se aferra al poder, a corregir el curso antes de que su pueblo termine en el despeñadero.

En Venezuela, los acontecimientos de esta semana marcaron el fin de la fachada democrática del gobierno de Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ apéndice del Ejecutivo, decidió despojar a la Asamblea Nacional de sus poderes y asumir funciones legislativas. Además, resolvió que los legisladores que apoyaban la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, habrían cometido traición a la patria y perderían su inmunidad parlamentaria.

La reacción internacional fue inmediata: la mayoría de los gobiernos de la región expresaron su profunda preocupación por lo acontecido en Venezuela. Sin embargo, el pronunciamiento más sólido provino del Perú al condenar sin eufemismos “la ruptura de la democracia en Venezuela” y ordenar el retiro de su embajador en Caracas.

En la noche del miércoles 29 de marzo apareció en Twitter y en algunos medios locales la noticia de que el TSJ se preparaba para asumir las competencias de la Asamblea Nacional.

Pero la mayoría de los venezolanos se fueron a dormir sin saber que una nueva crisis política se estaba preparando. Con su sentencia 156 el Tribunal Supremo le retiró sus competencias e inmunidad, a los parlamentarios venezolanos.

En la madrugada del jueves, se confirmó que el máximo tribunal del país -que la oposición considera afín al gobierno de Nicolás Maduro- había dictado una nueva sentencia en contra de la Asamblea Nacional, controlada por los opositores -por primera vez en 18 años de gobiernos chavistas- desde hace 15 meses.

En ese período, el TSJ había logrado convertir al parlamento en una figura fundamentalmente simbólica -política, pero no legislativa- al no permitirle ejercer plenamente su competencia central: aprobar leyes.

Pero nunca había llegado tan lejos como el jueves, cuando también le quitó la inmunidad parlamentaria a los miembros del congreso.

Al mediodía la noticia ya acaparaba los titulares de medios de todo el mundo. “Madurazo” -en referencia al “Fujimorazo” con que Alberto Fujimori cerró el congreso en Perú en 1992- era uno de ellos.

Protestas contra Maduro.

Protestas contra Maduro.

La decisión del TSJ fue denunciada como “un autogolpe de Estado”.

Perú anunció el retiro definitivo de su embajador en Caracas, quizá la consecuencia diplomática más fuerte que ha tenido un suceso interno en Venezuela en los últimos años.

Y poco después Colombia, Uruguay, Brasil, Argentina y Chile emitieron comunicados contundentes, a los que el gobierno de Nicolás Maduro respondió denunciando una campaña “histérica” de “los gobiernos de la derecha intolerante y pro-imperialista de la Región”.

“Mediante falsedades e ignominias pretenden atentar contra el Estado de Derecho en Venezuela”, denunció el gobierno.

La situación, en cualquier caso, tomó un giro inesperado la mañana del viernes, con unas declaraciones de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, una funcionaria que alguna vez se refirió a Hugo Chávez como el “hombre más humanista que ha existido en el planeta”. La fiscal Ortega Díaz fue la primera figura asociada al chavismo que criticó la sentencia del Tribunal Supremo.

“En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución”, dijo Ortega en un balance de la gestión del Ministerio Público trasmitido por televisión estatal.

Las reacciones fueron, por un lado, de sorpresa, pues las entidades consideradas afín al gobierno no suelen salirse de la narrativa oficial. Muchas, de hecho, suelen hablar de “guerra económica”, “imperialismo”, “revolución socialista”.

Pero también hubo escepticismo: la crítica, se dijo, era una “fachada” diligenciada por el Ejecutivo para “mostrase democrático”. El presidente del parlamento venezolano, Julio Borges, rompió públicamente la sentencia.

No se sabe, y quizá ni se sepa, cuál de las dos versiones es la más cercana a la realidad: en escenarios como el de estos tres días en Venezuela las teorías de conspiración son moneda circulante.

La tarde del viernes Nicolás Maduro llevaba 40 horas sin salir en televisión. Algo poco usual. Pero finalmente apareció, en un evento de emprendimiento digital, donde dijo que el “impasse” entre la Fiscal y el Tribunal Supremo de Justicia sería superado rápidamente. “Le entregaremos al pueblo otro triunfo del diálogo”, dijo. Maduro se reunió con el presidente del Tribunal Supremo el viernes.

A las 9:00 pm el mandatario volvió a aparecer en vivo en un Consejo de Defensa de la Nación con el presidente del TSJ y el jefe del ejército, general Vladimir Padrino.

Y pasada la media noche, adelantó correcciones a las sentencias, las que fueron confirmadas por el TSJ con un comunicado en la mañana del sábado.

En ese comunicado el TSJ informó que las dos frases sensibles de las sentencias serían corregidas: los parlamentarios no perderían su inmunidad y el TSJ no asumiría las competencias de la Asamblea.

Varios medios locales han reportado que detrás de todo esto está la urgencia de dinero en efectivo del gobierno, que al parecer busca vender a Rusia porcentajes de algunas empresas mixtas de explotación petrolera, procedimiento para el que en teoría necesita la aprobación del Parlamento.

Pero la oposición aún no parece lista para darle vuelta a la página.

Un millar de simpatizantes de la oposición se reunieron en Caracas la tarde del sábado y algunos diputados recibieron ataques con gases lacrimógenos cuando se dirigían a la Contraloría.

La manera como la dividida oposición aproveche lo que algunos analistas llamaron “un regalo” todavía está por verse. Y en el aire también flota la pregunta de si las grietas del chavismo son ahora públicas, admitidas.

Mientras, los venezolanos siguen adelante con sus vidas, están acostumbrados a las crisis políticas. La crisis social, que es su día a día, ya tiene cuatro años. Es el statu quo. La normalidad es resguardarse de noche en la casa por miedo, hacer filas por horas para comprar lo básico y no hablar de política porque “no se llega a nada”.

Sin embargo lo hecho, hecho está y simulado o no, autogolpe o no, Venezuela está en el ojo del huracán y ya no solo se trata del país, sino de las reacciones internacionales por lo que el gobierno encabezado por Nicolás Maduro optó por un repliegue táctico y “exhortó” al Tribunal Supremo a revisar sus cuestionadas sentencias. En una reveladora jugada que ejemplifica la inexistencia de la más mínima independencia judicial, a las pocas horas de la petición oficial, el tribunal obedientemente “aclaró” las sentencias y retrocedió en las disposiciones más aberrantes.

Lo que hemos presenciado en Venezuela no es un accidente reciente ni un acontecimiento aislado. A lo largo de los años, el chavismo ha actuado de forma persistente y deliberada para debilitar los mecanismos de control y avasallar los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Quizá la clave para poder entender todo esto sea que hace mucho que en el país sudamericano no existen elecciones periódicas, libres y justas. El Consejo Nacional Electoral –de abrumadora mayoría oficialista– frenó el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. No ha convocado las elecciones locales y de gobernadores que, según lo estipulado en la Constitución, debían celebrarse en el 2016.

No existen instituciones independientes capaces de controlar al Poder Ejecutivo. El ex presidente Hugo Chávez cercó con adeptos el Tribunal Supremo en el 2004, y desde entonces tanto Chávez como Maduro siguieron designando a incondicionales del régimen terminando con su función de garante de derechos. Desde que en el 2015 los venezolanos eligieron a una abrumadora mayoría opositora en la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro ha empleado al Tribunal Supremo para anular aquellas leyes que afectan sus intereses.

Son muy pocos los medios de comunicación independientes que subsisten en Venezuela. Las fuerzas de seguridad han detenido e interrogado a periodistas y confiscado sus equipos. Se ha impedido que periodistas internacionales ingresen al país para dar cobertura a la crisis e incluso algunos fueron detenidos por hacerlo. Los canales de TV y las radios están sujetos a la censura oficial. El gobierno ha adoptado medidas para limitar el financiamiento internacional de la sociedad civil que expone sus abusos alegando que dañan la democracia. Centenares de funcionarios habrían sido despedidos de empleos públicos por promover el referéndum revocatorio. Las fuerzas de seguridad reiteradamente han reprimido brutalmente a transeúntes y manifestantes en protestas contra el gobierno. En algunos casos, han torturado a los detenidos. Durante redadas policiales y militares llevadas a cabo en el 2015 en sectores populares se han cometido ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas, deportaciones de inmigrantes, desalojos arbitrarios, y demolición de viviendas. Venezuela atraviesa una gravísima crisis humanitaria. La severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos ha impedido que numerosos venezolanos puedan tener acceso a una nutrición y servicios de salud básicos. El gobierno ha negado que exista una crisis, no ha adoptado medidas para mitigar la escasez y solo hace algunos días ha anunciado que solicitará asistencia internacional.

A todo esto, el pueblo venezolano aún atraviesa una situación de crisis económica, y de acuerdo a lo planteado líneas arriba, se demuestra que la confrontación de ambos bandos no ha servido para el apaciguamiento político, y la búsqueda de soluciones en favor de una recuperación económica. Al contrario, la respuesta a esto es un ejercicio autoritario de poder en busca de que el caos y los levantamientos populares en Venezuela continúen.

Venezuela vive actualmente una de las más graves crisis de su historia. En la foto, Nicolás Maduro.

Venezuela vive actualmente una de las más graves crisis de su historia. En la foto, Nicolás Maduro.

A nivel regional lo que padece el país sudamericano es un gran paso hacia atrás de lo expresado en la Carta Democrática en el 2001 por todos los países de la región transitando en un sentido contradictorio a lo avanzado por varios países como Argentina, Perú, Argentina, Chile, entre otros. Esto solo profundiza la grave situación institucional que atraviesa Venezuela, y si antes su impacto se contenía a nivel doméstico, ahora al suspenderse la Asamblea Nacional, las tensiones a nivel internacional comienzan a agudizarse.

Sin voto y participación en la Asamblea de las Naciones Unidas (dada las deudas impagas que mantiene con dicha institución); suspendido del Mercosur, Venezuela se queda marginada en el sistema internacional. La presión de organismos internacionales para que el orden democrático retorne será importante, puede ser la oportunidad para el resto de Latino América de ejercer la presión debida para que Maduro regrese a las cauces institucionales (así sean débiles) o en su defecto pedirle que dé un paso al costado. Es el momento que, Latino América (y con miras a los proyecto totalizadores como el de Nicaragua y las elecciones en Ecuador y las próximas en Bolivia) entienda a la democracia como un bien colectivo común que favorece a sus ciudadanos.

Bajo una perspectiva interna, a la oposición de Venezuela le quedan dos opciones: la primera, entrar en estado de confrontación total y buscar el levantamiento popular como medida de presión o fuerza. La segunda, que mediante presión internacional se abra un nuevo debate entre los grupos políticos para que Maduro, por una tercera vez abra el diálogo.

El gobierno venezolano se ha puesto en una posición muy complicada y no presenta propuestas claras. La posibilidad de convertirse en un excluido internacional es ahora más cercana, algo que Latino América ha aprendido a lo largo de las dos décadas pasadas.

Ante este escenario, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se volverá a reunir para discutir la crisis en Venezuela, luego de que 18 naciones pidieron a la Presidencia del Consejo la realización de una sesión extraordinaria. La solicitud la firmaron México, Argentina, Panamá, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Uruguay, Paraguay, Canadá, Costa Rica, Chile y Perú, naciones que el pasado jueves suscribieron una declaratoria en la que expresaron su preocupación por el país. Cuatro más, Barbados, Bahamas, Santa Lucía y Jamaica, se unieron a la solicitud.

El gobierno de Venezuela había requerido la suspensión de este encuentro por desarrollarse de manera “irregular”. Sin embargo, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Patrick Andrews, aseguró que no recibió ninguna solicitud formal para cancelar la sesión. La canciller venezolana Delcy Eloína Rodríguez durante su intervención en la sesión extraordinaria, calificó al secretario general de la organización, Luis Almagro, de “mentiroso, deshonesto, malhechor y mercenario” y denunció un “plan para desestabilizar al gobierno”, con la anuencia de la oligarquía venezolana y la derecha internacional. “Vemos con preocupación que desde la llegada de Luis Almagro su gestión se ha dedicado a agredir obsesivamente a Venezuela”, apuntó.

Alertó a la comunidad internacional: “No caigan en la falsa máscara de que esto no es una agresión contra Venezuela. Esto es un plan de intervención para Venezuela, no es solo para derrocar al presidente, el comunicado que promueve el informe de Almagro, firmado por 14 países, es injerencista; instamos a desmarcarse”.

De persistir el acoso en contra de Venezuela, amenazó a la OEA con “acciones serias y definitorias”.

El ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y los ex presidentes de República Dominicana, Leonel Fernández, y de Panamá, Martín Torrijos, dirigieron una carta a la OEA con motivo de la sesión extraordinaria. En su condición de acompañantes del diálogo entre gobierno y oposición señalaron lo siguiente: “Reiteramos nuestro más firme compromiso con la tarea de fomentar el diálogo, la confianza y el reconocimiento recíproco entre el gobierno y la oposición de Venezuela, con el fin de preservar la convivencia pacífica y alcanzar un acuerdo de estabilidad democrática para que los venezolanos encuentren el camino para superar la difícil situación por la que atraviesa el país”.

En el documento manifiestan que el diálogo y la búsqueda de acuerdos es la alternativa más razonable y sensata ante la situación de Venezuela. Lo cierto es que aunque ya semidestrabado el asunto ese país vive hoy por hoy intensas horas críticas.

EtiquetaCosío
Compartir

Dejar un comentario

WordPress Image Lightbox