LENGUARAZ Y VENGATIVO

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US President Donald Trump speaks during a meeting with US House Committee Chairmen about healthcare reform in the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC, March 10, 2017. / AFP PHOTO / SAUL LOEBSAUL LOEB/AFP/Getty Images

Donald Trump.

Ni duda cabe que el actual gobierno de los Estados Unidos de América es como una barca a la deriva, pues sin pies ni cabeza, mucho menos con rumbo es como se ha sentido durante el primer bimestre. Hasta ahora la constante ha sido que Donald Trump envalentonado declara una cosa y en breve sus Secretarios matizan, algo que sin duda ha hecho que el magante pase más de un coraje al día, y es que no puede ser a tuitazos o a declaraciones estridentes como el dirigente de la nación más poderosa del mundo se comunique con propios y extraños. En el asunto del famoso muro fronterizo, el líder de la mayoría republicana en el Senado en el vecino país del norte, Mitch McConnell, descartó que México deba pagar por su construcción. “Oh, no”, fue la respuesta del legislador ante la pregunta de si México pagaría por la construcción de un muro en la frontera común, durante un foro. McConnell no está convencido de que sea necesaria la construcción de una valla en los 3 mil 200 kilómetros de frontera que comparten Estados Unidos y México. Antes del cuestionamiento de si México pagaría por el proyecto, el senador conservador sugirió que la instalación de un muro no era la mejor opción en algunas partes de la frontera sur.

Aunque Donald Trump no ha vuelto a hacer referencia sobre el pago del muro, desde la conversación que sostuvo con Enrique Peña Nieto, el 27 de enero, la semana pasada el vicepresidente Mike Pence volvió a poner el tema en la escena pública. “Vamos a construir el muro. Vamos a aplicar las leyes de este país”, afirmó Pence en una entrevista a la cadena ABC, donde se le recordó que México había declarado que no pagaría. Sin embargo, el vicepresidente reiteró: “Lo hará”.

Sin embargo, McConnell no es el único republicano que no comparte del todo la propuesta de Trump, y no sólo por la efectividad del mismo, sino por el costo. Entre los escépticos se encuentran los senadores John McCain, de Arizona; John Cornyn, de Texas; James Lankford, de Oklahoma y Lisa Murkowski, de Alaska.

La administración estadounidense ha indicado que pedirá los fondos mediante una erogación aprobada por el Congreso, bajo un posible esquema de fondos de emergencia, recursos que después serían reembolsados por México (de acuerdo con el plan inicial de Trump), a pesar de que el gobierno mexicano ha rechazado toda posibilidad de pagar el muro.

El mandatario estadounidense planea pedir un préstamo de 6 mil 600 millones de dólares al Congreso, sólo para iniciar el proyecto. Hasta el momento se consideran necesarios 21 mil millones de dólares para realizarlo por completo; sin embargo, la administración de Trump sólo ha conseguido 20 millones en los fondos federales para esta tarea.

Así que Trump no tendrá más que acercarse mucho al Congreso. Si bien los republicanos tienen mayoría en las cámaras de representantes y de senadores, se requiere el apoyo demócrata para aprobar cualquier presupuesto en el Senado, donde el líder de la minoría, Charles Schumer, ha dicho que no apoyarán la erogación de recursos para un muro fronterizo.

La construcción del muro en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal fue una de las promesas de la campaña de Trump y ya desde la Casa Blanca el magnate ha insistido en que México terminará asumiendo el costo, aunque el Congreso estadounidense adelante el dinero. Esa posibilidad a Trump se le está complicando. Sin embargo, el pasado 24 de febrero, el gobierno de Estados Unidos pidió a las empresas interesadas que entreguen sus proyectos para el diseño y construcción del muro, con el objetivo de que en abril comience la adjudicación de contratos.

El costo estimado del muro fronterizo ha ido creciendo progresivamente desde los alrededor de 8 mil millones de dólares que calculó inicialmente Trump, hasta los 21 mil 600 millones, según los últimos números del Departamento de Seguridad Nacional.

GSMBlue

Gwen Moore.

La legisladora Gwen Moore, demócrata por Wisconsin, pretende introducir en el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir el uso de fondos federales para construir un muro, una cerca o cualquier otra barrera física en la frontera con México. Al tiempo veremos la suerte de esta iniciativa.

Otro tema llevado y traído igual que el muro fronterizo, es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al respecto la administración de Donald Trump notificará este mes al Congreso su decisión de renegociarlo, anunció recientemente en Washington  el secretario de Comercio, Wilbur Ross. En conferencia de prensa conjunta con el secretario de Economía de México, Idelfonso Guajardo, el estadunidense aseguró que en las próximas dos semanas “estaremos expidiendo la carta de 90 días y eso es lo que disparará el inicio formal del proceso mismo”.

El funcionario estadunidense dijo que su oficina trabaja ya en la carta que deberá turnar al Congreso para comunicar su intención de iniciar la renegociación del acuerdo comercial, acatando una de las disposiciones centrales de la Ley de Promoción Comercial. El procedimiento estipula que el Departamento de Comercio debe notificar al Congreso la intención de iniciar una negociación de esta naturaleza. A partir de la notificación, el Congreso tendrá 90 días para pronunciarse.

En este escenario, la notificación de Ross al Congreso en las próximas dos semanas o antes del fin de marzo permitiría que las negociaciones por el TLCAN se realicen en junio, fecha en que las autoridades mexicanas estarían listas para iniciar los diálogos.

Respecto a si la renegociación del TLCAN será bilateral o trilateral, Ross dejó abierta la puerta a que existan negociaciones bilaterales “con previsiones simétricas” o una nueva ronda trilateral, donde estaría involucrado Canadá.

Sin embargo, el secretario Guajardo consideró que dada la naturaleza trilateral del TLC, “tendría mucho sentido tener discusiones trilaterales a fin de tener presente la fortaleza que el continente norteamericano puede tener en este proceso”.

Guajardo afirmó que el gobierno mexicano inició ya su proceso y adelantó que para fines de mayo próximo, su gobierno estará listo para negociar sobre una base de 10 puntos, quedando a la espera de que Estados Unidos y Canadá concluyan sus respectivos procesos legislativos.

Cuando el Donald Trump decidió descartar la Alianza Transpacífica para la Prosperidad (TPP) se deshizo también de su mejor “as” para una renegociación del TLCAN y como ya sabemos, sólo ofrece razones negativas para que Canadá o México se sienten a la mesa.

De acuerdo con declaraciones de Michael Froman, que estuvo a cargo de la Oficina de Representación de Comercio Internacional (USTR) bajo el gobierno de Barack Obama, el TLCAN fue renegociado de hecho en el marco del TPP y México y Canadá hicieron concesiones a cambio de “nada” porque el TPP les hubiera dado mejor acceso a mercados asiáticos.

Ahora, los tres países se aprestan a negociar pero al descartar el TPP, Trump se deshizo también de una buena oportunidad y ahora no le queda más que el “garrote”, cuando la renegociación de un acuerdo como el TLCAN, demandará “paciencia, sensibilidad y atención al detalle”, tres características “que no suelen ser asociadas con la marca Trump”.

De acuerdo a declaraciones de funcionarios de la anterior administración, aunque nunca hubo un anuncio formal de “negociaciones de modernización del TLCAN” ni comunicados presidenciales, “tras bambalinas, los negociadores del presidente Barack Obama pasaron más de tres años regateando y luchando para actualizar y mejorar el acuerdo de 1994, y finalmente consiguieron mucho de lo que querían”.

Según el recuento, Canadá aceptó dar a los agricultores estadunidenses acceso “modesto pero sin precedentes” a su industria láctea; México aceptó fortalecer las reformas energéticas, educativas, de comunicaciones, justicia y laborales.

Así pues, en dos de los temas que han convertido a las relaciones diplomáticas entre nuestro país y los Estados Unidos de América en las más tensas de la historia moderna, es más lo que se escucha que lo que se hace y al complicársele los asuntos al inquilino de la Casa Blanca, no le queda otra más que usar la lengua para que a razón de sandeces le siga dando vida a cosas que aunque latentes, poco a poco comienzan a diluirse, como el que seamos los mexicanos los que terminemos pagando el famoso muro o que sea Trump el que ponga todas las condiciones en el TLCAN.

Empezó la purga

Cuarenta y seis fiscales nombrados bajo la administración del pasado presidente estadounidense Barack Obama abandonarían sus posiciones en el Departamento de Justicia por órdenes de Donald Trump. De acuerdo a lo anterior, ha trascendido que se trata de fiscales de distrito, quienes tienen mucho poder en sus demarcaciones, y evalúan los casos de mayor envergadura en la justicia estadounidense. Aunque, en el periodo de cambios de administración presidencial,  se reportan modificaciones en la jerarquía de la procuración de justicia, usualmente el proceso es más gradual y no tan fulminante como, aparentemente, está ocurriendo bajo el mandato del magnate republicano.

Hasta en tanto se nombren sustitutos, las funciones de los fiscales serán asumidas por los segundos en mando.

Entre los renunciantes mencionados en informes de prensa se encuentra el fiscal  federal del distrito sur de Nueva York Preet Bharara. También el de Brooklyn, Robert Capers, y, en Nueva Jersey, Paul Fishman. La administración Trump pidió la renuncia a los últimos fiscales del Departamento de Justicia nombrados durante la administración de Barack Obama.

Preet Bharara, five years into his tenure as U.S. attorney for the Southern District of New York, in New York, Aug. 7, 2014. Bharara, the top federal prosecutor in Manhattan, has investigated corruption, Rikers Island violence, terrorism and insider trading; now he is taking on Gov. Andrew Cuomo. (Todd Heisler/The New York Times)

Preet Bharara.

Los 46 procuradores entre los que está el famoso fiscal de Manhattan Preet Bharara, fueron ordenados a entregar de inmediato sus renuncias, en lo que es hasta ahora un hecho insólito, pues con esto se estaría vulnerando el escalafón en materia de procuración de justicia en aras de acomodar en esos espacios a funcionarios alineados con las políticas del xenófobo Donald Trump, no obstante que ante los medios se haya dicho que serán servidores públicos de carrera los que asumirán los cargos, en los hechos seguramente no será así, o por lo menos se buscará que esos nuevos fiscales efectivamente tengan un escalafón pero primordialmente, que estén literalmente subordinados a las ideas y ocurrencias del inquilino de la Casa Blanca .

Los despidos fueron una sorpresa, especialmente para Bharara, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, con una reputación intachable por perseguir casos de corrupción pública.

En noviembre Bharara se reunió con Trump en la Torre Trump y dijo a los periodistas luego del encuentro que el mandatario electo le pidió que se quedara, algo que él esperaba hacer.

Sin embargo, el pasado viernes Bharara recibió una llamada de Dana Boente, el vicefiscal general interino, quien le ordenó renunciar. Un vocero del fiscal declinó hacer comentarios. Por eso, y según informó la cadena de noticias CNN y el periódico The New York Times, Bharara indicó el sábado que no presentará una carta de renuncia -colocando al presidente en la posición de tener que despedirlo en un enfrentamiento público-.

Más tarde, y a través de Twitter, informó que había sido despedido. “No renuncié. Hace minutos fui despedido. Haber sido fiscal estadounidense en Nueva York fue el mayor honor de mi carrera profesional”, escribió. Sarah Isgur Flores, vocera del Departamento de Justicia dijo en un email que todos los fiscales de la era Obama que todavía desempeñan su cargo han sido ordenados a presentar su renuncia y dejar encargada la posición a sus asistentes inmediatos.

“El Fiscal General ha pedido ahora a los restantes 46 fiscales de la nación nombrados por el presidente anterior que presenten sus renuncias a fin de asegurar una transición uniforme”, agrega la portavoz de Jeff Sessions. Flores añade que “hasta que los nuevos fiscales sean confirmados, los dedicados fiscales de carrera en nuestras procuradurías del país continuarán el excelente trabajo del Departamento investigando, persiguiendo y disuadiendo a los ofensores más violentos”. Ajá.

Por ahora se desconoce por qué Trump y Sessions habrían cambiado de parecer, mientras los medios especulan con las razones, mencionando entre ellas la voluntad de la Casa Blanca por deshacerse de personal de la era Obama y los choques entre el Gobierno y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el gran protector e impulsor de la carrera de Bharara.

En medio de este nuevo escándalo, se ha confirmado que Trump y el Secretario de Justicia Sessions han rechazado las renuncias de al menos dos fiscales, uno de ellos Boente, quien es fiscal por el distrito Este de Virginia, y se desempeñó brevemente como Secretario de Justicia encargado después que la anterior fiscal general interina, Sally Yates, fuera despedida por Trump cuando se negó a defender en las cortes la orden original de restricción de viajes a ciudadanos en su mayoría originarios de países musulmanes impuesta por Donald Trump. La renuncia del vicefiscal de Maryland, Rod Rosenstein, tampoco fue aceptada. En su caso, Trump lo ha nominado como vicefiscal general.

Preet Bharara es uno de los fiscales estadounidenses de mayor prestigio de Estados Unidos, y es conocido como “la plaga de Wall Street” por el número de banqueros que ha procesado.

Bharara, que ha perseguido también a funcionarios electos de Nueva York y de la ONU acusados de corrupción, supervisa a más de 220 fiscales adjuntos, que manejan un gran volumen de casos que incluyen terrorismo internacional, narcotráfico y tráfico de armas, estafas, corrupción en el sector público y crimen organizado.

La revista Worth mencionó a Bharara como una de las 100 personas más influyentes en el ámbito de las finanzas. El presidente Barack Obama lo nominó al cargo de Fiscal del Distrito Sur de Nueva York el 15 de mayo de 2009 y fue confirmado por unanimidad por el Senado de los Estados Unidos el 7 de agosto de ese año.

En relación con América Latina, en 2016 presentó cargos contra el hijo del ex presidente hondureño Porfirio Lobo por vínculos con el narcotráfico, sobre cuya captura escribió en un comunicado: “Ser el hijo de un ex alto cargo público no significa que estés por encima de la ley”.

Fabio Lobo fue acusado de conspirar para importar a los Estados Unidos kilos de cocaína y, de ser declarado culpable, podría recibir una pena máxima de cadena perpetua.

El caso de Lobo está vinculado con el llamado caso de los “narcosobrinos”, donde la fiscalía que presidía Bharara ascusó de narcotráfico y otros cargos a Efraín Antonio Campos Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, la esposa del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, quienes fueron detenidos en Haití en 2015 cuando intentaban vender un cargamento de 800 kilos de cocaína, e inmediatamente fueron extraditados a Estados Unidos.

Los cambios de Gobierno, en especial cuando también cambian de signo político, suelen estar acompañados de la sustitución de la mayoría de los fiscales federales en Estados Unidos. Este fiscal de 48 años nacido en India, que aparentemente no se dejaba intimidar por las élites de Wall Street, se forjó una reputación de inflexible enemigo de los delitos financieros. Desde que fue nombrado por el ex presidente Barack Obama en el 2009, proyectó una imagen de independencia que hizo palidecer a algunos de sus pares, al encabezar investigaciones que involucraron por igual a republicanos y a demócratas, incluso en las más altas esferas.

Algunas de sus pesquisas apuntaban directamente al entorno del gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo.

El distrito sur de Nueva York abarca, entre otras, las zonas de Manhattan y el Bronx.

Esta tipo de petición no es excepcional ya que sigue el procedimiento habitual de otros presidentes en el marco de la transición del poder. Pero, los fiscales lamentaron la manera abrupta con la cual se vieron intimidados para dejar sus funciones en un tiempo muy corto. En términos judiciales, los Estados Unidos de América se dividen territorialmente en 94 distritos federales, de los cuales hay 3 en Nueva York, que cuentan con un fiscal nombrado por el Presidente a recomendación del Senado.

 

@salvadorcosio1

opinión.salcosga@hotmail.com

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