Colusión y sobornos

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PEMEX ha logrado ocultar más contratos otorgados a Odebrecht.

PEMEX ha logrado ocultar más contratos otorgados a Odebrecht.

LOS DETALLES DE LAS OPERACIONES DE ODEBRECHT EN MÉXICO COMIENZAN A SALIR A LA LUZ 

El nuevo escándalo que sacude a gran parte de Latinoamérica tiene nombre,  se trata de la gigantesca empresa Odebrecht, un conglomerado brasileño de negocios en los campos de la ingeniería y la construcción, que también participa en la manufactura de productos químicos y petroquímicos. Instituida como compañía en 1944, el grupo está presente en Sudamérica, América Central, el Caribe, Norteamérica, África, Europa y el Medio Oriente.  El caso Odebrecht es un tema concreto de acusación de corrupción, en el que ese gigante brasileño de la construcción habría pagado sobornos por 10.5 millones de dólares tan solo en México a altos funcionarios de Pemex a cambio de la asignación de contratos de obra pública. Los nuevos datos apuntan a que la empresa encabezada por Marcelo Odebrecht –hoy preso en Brasil– repartió cientos de millones de dólares en tres continentes para obtener contratos de manera ilícita. En México esa compañía, la más grande constructora de América Latina, obtuvo contratos irregulares de Pemex desde 2010. De las investigaciones que se llevan a cabo en Brasil se desprende que Odebrecht era un rey Midas de la corrupción y tocó a funcionarios mexicanos. Lo dicen los que repartieron los sobornos, a cambio de que les rebajen las penas. En Perú el expresidente Alejandro Toledo tiene solicitud de orden de aprehensión por haberle cobrado 20 millones de dólares en mordidas a Odebrecht, a cambio de la asignación irregular del contrato de la construcción de la carretera Perú-Brasil. A Ollanta Humala, el siguiente presidente de Perú, también le dieron dinero: tres millones de dólares. En Brasil ni se diga: 320 millones de dólares en sobornos a personajes de la política, entre cuyos nombres aparecen Dilma Rousseff y Luiz Inácio Da Silva (Lula), a manera de contribuciones para su campañas políticas. A intermediarios de los Kirchner, en Argentina, les habrían entregado mordidas por 35 millones de dólares, a cambio de diversos contratos. En Venezuela el salpicadero a funcionarios ‘bolivarianos’ habría alcanzado los 98 millones de dólares. Y en Colombia Odebrecht reveló haber otorgado 11 millones de dólares en mordidas a altos funcionarios, entre cuyos nombres destaca el del presidente de ese país y Premio Nobel de la Paz, José Manuel Santos.

Hay procesos abiertos en todos los países donde Marcelo Odebrecht y sus cómplices habrían declarado entregar sobornos a altos funcionarios para obtener beneficios económicos para su empresa.

Fuerte impacto causó el informe qué el 21 de diciembre pasado emitió el Departamento de Justicia de Los Estados Unidos de América en el sentido de que el consorcio empresarial brasileño Odebrecht y su filial ‘Petroquímica Braskem’, aceptaron culpabilidad en cuanto a la acusación de haber sobornado a funcionarios y otros personajes del ámbito político y socio productivo de 11 países entre los años 2011 y 2016 por lo que al declararse confesos aceptaron la sanción por multa líquida en tres mil quinientos millones de dólares, la mayor suma qué las autoridades judiciales del vecino país del norte han dictado con motivo de una sanción o multa ha sido impuesta en relación a un caso de corrupción cometida en diversos países, suma que se supone debe ser entregada a los gobiernos de las naciones que participaron en la investigación y son Brasil, Suiza y Los Estados Unidos de América, pesquisas en las que inicialmente participaron autoridades mexicanas pero al final de la indagatoria se les excluyó por razones aún poco claras.  El que no haya participado el gobierno mexicano genera qué no se hubiere involucrado en el arreglo correspondiente y al menos haber recibido parte de esa jugosa multa qué de alguna forma sirviere para amainar aún sea en mínima parte el daño causado al erario, cabe señalar que se sabe qué los propios ejecutivos de Odebrecht que estaban negociando cómo llegar a un acuerdo con los otros cuatro países hicieron contactos con la PGR para tratar de llegar a un acuerdo bilateral similar, que evitara que les congelaran sus obras en este país sin menoscabo de las sanciones penales y de responsabilidad personal contra sus ejecutivos.  De acuerdo con documentos de la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, Odebrecht pagó sobornos por más de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos entre 2011 y 2014 para asegurar que les dieran obra pública, con lo cual obtuvo un beneficio de por lo menos 300 por ciento.

Uno de los casos que resaltó la Corte, se refería a un evento en octubre de 2013, donde Odebrecht aceptó pagar un soborno a un alto funcionario de una empresa paraestatal, a cambio de ayudarla a ganar un proyecto. Entre o alrededor de diciembre de 2013 y finales de 2014, Odebrecht pagó a ese funcionario seis millones de dólares. El conglomerado brasileño tiene un largo historial de negocios en México, al igual que su filial Braskem, y es posible ver sus actividades a través del portal de Transparencia del Gobierno mexicano. En 2014, Odebrecht ganó la licitación de Pemex –a través de su filial Tag Pipelines– del tramo dos del colosal desarrollo del gasoducto Los Ramones, que recorre los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. El contrato fue de 935 millones de dólares y desde un principio levantó oposición y críticas por que el proyecto llevaba un sobreprecio de 60%, así como la exigencia que se frenara al entonces secretario de Energía en el Gobierno de Felipe Calderón, Jordy Herrera, que conoció con detalle la obra cuando fue previamente director de Pemex Gas y Petroquímica Básica, el área que supervisó Los Ramones. Nunca pasó nada. Cuando Herrera dejó el cargo en Pemex, lo sustituyó Alejandro Martínez Sibaja, quien fue el primer funcionario que removió bruscamente José Antonio González, cuando sustituyó a Emilio Lozoya en la dirección general de la empresa. Oficialmente, Martínez Sibaja pidió su jubilación. Los documentos de la corte neoyorquina no identifican a ningún funcionario corrupto, pero personas que conocen a ex empleados de Pemex estrechamente vinculados al ex director de la empresa, Emilio Lozoya, señalaron que uno de los más nerviosos por el escándalo de Odebrecht es Froylán Gracia García, coordinador ejecutivo de la Dirección General en la administración anterior. La PGR también ha recibido información en los dos últimos años de que el ex director de Procura y Abastecimiento, Arturo Henríquez Autrey, presionaba a empresarios para que pagaran montos multimillonarios específicos que, dijeron a las autoridades, se entregarían a Lozoya.

La ruta de la corrupción de Odebrecht en México iba a ser dibujada por sus ejecutivos cuando se acercaron a la PGR, en busca de una negociación fuera de tribunales. De acuerdo con personas que fueron informadas de lo que quería intercambiar la empresa brasileña para que les permitieran seguir trabajando en México, eran detalles de cuánto dinero invirtieron en campañas políticas en Veracruz y Tamaulipas, en qué años y a quiénes.  Lo que ha pasado con la corrupción de Odebrecht en México es un misterio. Dejaron de buscar un acuerdo de colaboración con la PGR, pero tampoco han tenido problemas para seguir trabajando en el país. En todo caso, a diferencia de lo que sucede en el resto de Latinoamérica, donde van apareciendo más políticos involucrados en su corrupción, en México como se apuntaba arriba, no pasa nada.

Los detalles de las operaciones de Odebrecht en México comienzan a salir a la luz. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano que fiscaliza los recursos públicos en el país, encontró irregularidades en dos contratos del 2014 entre Petróleos Mexicanos y la empresa brasileña.  En su informe de resultados de la cuenta pública de 2015, el órgano fiscalizador expuso que tras revisar uno de los contratos que tuvo por objeto el desarrollo de la primera fase del proyecto Conversión de Residuales de una refinería en Salamanca, Guanajuato, se encontró que la contratista consideró 75 salarios mensuales para el desarrollo de las actividades por un monto, que a juicio de la ASF, representa un cargo injustificado por 822,200 dólares. “Toda vez que dichos salarios no cuentan con el soporte documental para determinar su razonabilidad”, se detalla en la auditoría. En otra de las auditorías, la 523, el órgano fiscalizador consideró injustificado un gasto por casi 121 millones de pesos (unos 6 millones de dólares) en la construcción del proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula, en el Estado de Hidalgo.

En el informe se expone que durante una visita de verificación realizada el 8 de junio de 2016, se constató la subutilización del 95% del inmueble construido para la residencia de obra del proyecto en Tula.

Además la petrolera nacional no proporcionó la documentación que fundara y motivara el costo y las dimensiones del inmueble, en razón de la densidad ocupacional, costo por metro cuadrado de área construida y la razón de los precios y de los soportes de los insumos utilizados, por lo que considera que se realizó un gasto injustificado en su construcción y ello repercutirá en un alto costo del mantenimiento del inmueble.

El miércoles pasado, una investigación de la organización civil “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, reveló que desde el 2010, Pemex y la Secretaría de la Función Pública tenían evidencias de una serie de anomalías, como sobrecostos y pagos ilegales, en los contratos otorgados a Odebrecht. Pese a esta evidencia, el Gobierno mexicano le entregó más contratos sin licitación a la constructora brasileña, en vez de demandarla o sancionarla. Estos contratos se otorgaron en el mismo periodo en que hubo sobornos a funcionarios mexicanos, según las declaraciones hechas por los directivos en los Estados Unidos de América.

Con los sobornos Odebrecht, habría alcanzado ganancias por 1,429 millones de dólares, de acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Tales contratos le fueron otorgados durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, gracias a un esquema en el que hubo corrupción a servidores públicos, adjudicaciones directas, pagos superiores a los precios de mercado e incluso plazos ampliados para favorecer a la compañía, señala el reporte.

Desde 2010, la petrolera mexicana evidenció un conjunto de anomalías en los contratos otorgados a Odebrecht, como sobrecostos y pagos ilegales, pero en vez de demandar o sancionar a la constructora, le dieron más obras sin licitación en un periodo que coincide con los millonarios sobornos pagados en nuestro país.

Pese a que se detectaron estas anomalías, Petróleos Mexicanos adjudicó directamente en los años siguientes cuatro contratos por más de 1,574 millones de dólares a Odebrecht y a sus filiales Mina-Trico y Ebramex, según consta en documentos obtenidos en esta investigación por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a través de solicitudes de acceso a la información.

Además, PEMEX canceló inversiones propias para cederle a Odeberecht el negocio del etileno, cuyos usos más conocidos ha sido para materias primas y para la fabricación de plásticos. Las condiciones de este contrato son un secreto y permanecerán así por 20 años.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desde 2010, y en forma consecutiva en los años siguientes, múltiples irregularidades en los contratos otorgados a Odebrecht, pero esas banderas rojas no provocaron investigaciones inmediatas por parte del gobierno de Felipe Calderón ni de su sucesor, Enrique Peña Nieto. Tampoco se promovieron acciones penales contra el poderoso consorcio. Por el contrario, los contratos a su favor se multiplicaron como lo revela está investigación realizada por MCCI.

Paradójicamente, fue justo en el año en que la Auditoría descubrió las primeras anomalías cuando fluyeron los sobornos de Odebrecht, según han admitido ejecutivos de la constructora brasileña ante una corte federal en Nueva York. En su confesión, rendida el 21 de diciembre de 2016, reconocieron haber pagado por lo menos 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014, a cambio de contratos.

De acuerdo con los testimonios de ejecutivos de Obredecht en Estados Unidos, los sobornos en México se repartieron en dos momentos: en el primero fueron alrededor de 4.5 millones de dólares entre los años 2010 y el 2012, en el último tramo del gobierno calderonista. El segundo entre 2013 y el 2014, ya cuando Peña Nieto ocupaba la residencia oficial de Los Pinos.

Desde febrero de 2011, la ASF entregó al órgano interno de control de PEMEX una relación de las primeras anomalías que un año antes había descubierto en la obra de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, en Veracruz.

Los tres años siguientes, el órgano fiscalizador que vigila el uso del erario y que  está  vinculado a la Cámara de Diputados, encontró más anomalías en la misma obra, pero PEMEX nunca promovió sanciones contra la empresa.

La Auditoria Superior de la Federación documentó cómo fue que desde 2010 PEMEX avaló estos sobrecostos e incumplimientos.

Por ejemplo, entre 2010 y 2012, Odebrecht logró que el gobierno de Felipe Calderón les pagara 191 millones de dólares adicionales para concluir la obra en Minatitlán y PEMEX le pagó otros 25 millones de dólares por 40 contratos complementarios otorgados sin licitación.

La contratista exigía pagos y contratos adicionales, con el argumento de que sus costos se habían elevado por modificaciones en las condiciones establecidas en las bases de licitación. Su reclamo lo tramitó  la Secretaría de la Función Pública, quien realizó 19 audiencias conciliatorias, en las que PEMEX  sospechosamente siempre cedió a favor de la empresa brasileña.

En la revisión de dos contratos, los auditores descubrieron que PEMEX había formalizado de manera improcedente dos convenios modificatorios para incluir una cláusula de anticipo por 38 millones 691 mil dólares a favor de Odebrecht y sus asociados.

En opinión de la ASF el anticipo “concede beneficios económicos a la contratista”, pues ese dinero nunca fue considerado en las bases de licitación ni en los contratos firmados.

En el año en que PEMEX le concedió este beneficio económico, Odebrecht incurrió en el pago de sobornos que le redituaron ganancias en contratos por 39 millones de dólares, según sus ejecutivos. No obstante, sus ganancias en realidad fueron mucho mayores.

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Odebrecht incurrió en el pago de sobornos.

La revisión de la ASF descubrió más contratos irregulares. En uno de ellos, por ejemplo, pagaron un millón 520 mil dólares para trabajos extraordinarios que no se hicieron en Minatitlán. Lo mismo ocurrió en otros dos contratos, por los que PEMEX pagó por duplicado o en exceso 508 mil dólares.

Los auditores también determinaron que un pago por 32 millones de dólares realizado en 2010, por mayor permanencia de trabajadores, debido a un aplazamiento de la obra y por un incremento en el costo del personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, cuyo líder es el controvertido Carlos Romero Deschamps, “no está debidamente acreditado, ya que el soporte documental correspondiente presenta inconsistencias”.

Ahora se sabe que PEMEX recurrió a una compleja red de empresas subsidiarias en paraísos fiscales para eludir licitaciones y ocultar contratos multimillonarios que ha asignado directamente a Odebrecht. Uno de ellos fue el otorgado en 2014 para la construcción de la segunda etapa del gasoducto Los Ramones, que va de Nuevo León a San Luis Potosí, con una longitud de 447 kilómetros.

Originalmente, esa obra sería entregada por licitación internacional, pero el concurso fue declarado “desierto” en octubre de 2013, y tiempo más tarde PEMEX asignó ese contrato por 1,200 millones de dólares a Odebrecht, quien creó un consorcio ex profeso llamado AOT.

Para asignar directamente el contrato del gasoducto a Odebrecht y a sus socios, PEMEX recurrió a una intrincada red de empresas filiales creadas en las Islas Vírgenes, en Islas Caimán y en Holanda.  A través de esa red, PEMEX ha logrado ocultar más contratos otorgados a Odebrecht para desarrollar el gasoducto transfronterizo Quetzal, que enlazará al sur de México con Guatemala.

Esta información es apenas la punta del iceberg en el nuevo capítulo del más grande escándalo de corrupción trasnacional en América Latina, en donde Odebrecht y las demás gigantes brasileras de la construcción aún tienen mucho por contar.  Odebrecht está involucrada en el mayor escándalo por sobornos en Brasil y requiere vender activos para reducir sus abultadas deudas. En semanas anteriores, sus oficinas en Venezuela fueron allanadas y se retiró de una licitación para la construcción de un puente en el Canal de Panamá.

Frente a este descomunal escándalo no se debe dejar pasar de lado que las autoridades mexicanas han sido por decir lo menos, timoratas, en cuanto al despliegue investigativo, lo que desde luego hace que el asunto huela peor de lo que ya apesta.

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