La deuda de la alerta

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Hace un año, después de muchos jaloneos al interior del Gabinete estatal, finalmente se aceptó emitir la Alerta de Violencia de Género para el Estado de Jalisco. Tras doce meses, las cuentas siguen siendo desfavorables en el tema, que continúa como una de las deudas más importantes en la entidad.

En la emisión de la alerta, hubo dos funcionarios que fueron determinantes. En primer lugar la titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Érika Loyo Beristáin, y el fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez.

En el caso de Érika Loyo, su empuje al tema era casi obligatorio, pues fue nombrada para hacerse cargo de las políticas públicas a favor de las mujeres. En el caso del fiscal sí fue una situación extraordinaria, si se toma en cuenta que su antecesor, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, se había opuesto determinantemente.

No fue un asunto sencillo, pues entre los colaboradores del gobernador había quienes consideraban que lejos de un reconocimiento, significaría ante la opinión pública la admisión por parte del Gobierno del estado que Jalisco es un estado que violenta a sus mujeres.

La alerta de violencia “es un proceso y no un producto”, precisó Érika Loyo durante la Glosa Ciudadana en la que se revisó el IV Informe del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. Y es claro que no ha sido un proceso sencillo.

La alerta no sólo implica denuncias y atención ante los casos de violencia física ante las mujeres. Es, si se revisa el informe que emitió el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, un conjunto de acciones que se tenían que emprender en el estado y en los municipios y, sobre todo, coordinación.

En la implementación de este proceso, es donde se registran los problemas. La alerta se emitió para ocho municipios del estado, donde las cifras de actos de violencia hacia las mujeres son más altas. Sin embargo, los primeros días fueron de resistencia de varios alcaldes. Tuvo que llevarse a cabo una intensa labor de convencimiento y de precisión sobre lo que este tema representa.

La alerta incluye recomendaciones que van, por ejemplo, desde contar con alumbrado público que convierta las calles en espacios seguros por los que las mujeres puedan caminar, hasta las políticas para prevenir y sancionar la violencia física y el feminicidio.

La resistencia también se encontró en algunas dependencias estatales.

Frente a su jefe, el gobernador, algunos secretarios dijeron que sí trabajarían en las políticas transversales, pero al darse la vuelta se olvidaron del tema.

En la Fiscalía, a pesar del discurso de Almaguer los funcionarios que atienden los casos de violencia mantiene la indolencia en el tema.

Así, en la revisión de los resultados del primer año de la alerta encontramos que hemos avanzado poco. Según la encuesta de calidad de vida del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, el número de mujeres que se sienten inseguras en la calle creció en los últimos dos años 20 puntos porcentuales, mientras que el número de mujeres víctimas de un delito aumentó 6.5 puntos porcentuales.

A lo anterior se suma las diferentes cifras de feminicidios, y la acusación de Cladem de que se están contabilizando como parricidios, cuando el delito es cometido por el esposo de la víctima. Esto, más la confirmación que no hay un área especial para feminicidios en la Fiscalía General, que fue desapareciendo, hasta turnar los casos al área de Homicidios.

Como conclusión, podemos darnos cuenta que muchas cosas se siguen haciendo igual que antes y, por lo tanto, los problemas para garantizar la seguridad de las mujeres siguen siendo los mismos.

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