Debacles en puerta

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Hay un viejo chiste que podría ser útil recordar  a propósito de la falta de acción de los prisitas para frenar el descredito que sufre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por temas de corrupción e impunidad, es el que jocosamente se cuenta narrando que está un paisano echado en la hamaca y le grita a su mujer que le acerque el antídoto para contrarrestar el  efecto dañino y peligroso del veneno de alacrán y ante la pregunta que la mujer hace sobre sí ya le atacó el arácnido, el personaje del cuento le contesta : ‘no, no me ha atacado aun, pero se ve que ya viene a atacarme!’. Así parece están de negligentes  quienes deberían aceptar el problema y actuar en consecuencia, reconociendo los asuntos que laceran y propiciando su solución.     

Lo cierto es que integran  elementos que provocan incremento al de por sí enorme descrédito que tiene ya el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y propician sea cada vez más factible se lleguen a cumplir los augurios que dictan la probabilidad que ese partido pierda la Presidencia de la República en los comicios federales a efectuarse el primer domingo de junio de 2018, ya que además de la severa carga negativa  que le imprime cuál pesada losa la muy mala imagen del Presidente Enrique Peña Nieto, hasta ahora no existe un prisita que pueda ser considerado competitivo como aspirante a la candidatura presidencial y el tiempo que resta para la elección parece ser demasiado corto como para que pueda fácilmente surgir y crecer un posible candidato capaz de ganar ya que es evidente hay personajes que aparecen como favoritos y a distancia muy considerable de cualquier prisita, según el reflejo al respecto en la mayoría de los resultados difundidos por acreditados medios de comunicación relativos a sondeos de opinión. 

Cuando el pasado 12 de octubre pidió licencia al Congreso de su estado para separarse del cargo como Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa afirmó que lo hacía para estar en condiciones de responder por los señalamientos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y otras acusaciones que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como muchas organizaciones sociales veracruzanas le señalan y que en cuanto a las que se incoaron en PGR poder acudir a declarar y argumentar con elementos sólidos en su defensa, y dijo : “’Estoy harto de infamias, de calumnias y de ser objeto de señalamientos. He decidido separarme del cargo para defenderme, para dar la cara, para poder demostrar mi transparencia, mi inocencia y pulcritud como funcionario público”, al tiempo que negó rotundamente poseer propiedades en el extranjero adquiridas con recursos públicos a través de prestanombres y afirmó tajante: “Ninguna de esas casas que señalan es mía y no hay manera de comprobarlo (sic)”’, y es que a través de profusa información se ha sabido del presunto cúmulo de bienes que Duarte de Ochoa y sus familiares han acumulado en los últimos años, así como del desvío de recursos en su Gobierno a través de adjudicación de contratos hipermillonarios  a ’empresas fantasmas’, presumiéndose un desfalco al erario veracruzano hasta por cerca de 500 millones de pesos, además del señalamiento expreso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que advierte un posible desvío de una enorme cantidad de recursos financieros, que podrían llegar a ser del orden de los 38 mil millones de pesos, con un porcentaje alto de esa suma proveniente de un endeudamiento desmesurado cuyo destino es incierto. 

Durante la gestión sexenal de Javier Duarte en Veracruz se han debilitado las instituciones públicas ante el aumento del índice de criminalidad en la entidad tanto en relación a las actividades delictivas conocidas como ordinarias como por el incremento de operaciones en materia de narcotráfico y delitos como extorsión, secuestro, asesinatos y apropiamiento patrimonial ilícito perpetrados por cárteles del crimen organizado, destacando el múltiple hallazgo de fosas clandestinas llenas de restos de seres humanos aparentemente pertenecientes a muchas decenas de personas que se presume fueron ejecutadas, sin poderse dejar de reiterar la profusa desaparición forzada y el asesinato de comunicadores y activistas por causas sociopolíticas. 

Desde el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto se operó para haber omitido durante años o muchos meses intervenir y prohijar la indagatoria contra Duarte de Ochoa y en su caso haber procurado Juicio Político y desafuero del mandatario veracruzano, habiéndole tolerado el enorme caudal de ilicitudes y crímenes y habiendo provocado el obsequio de orden judicial para capturarle en forma demasiado tardía y una vez que habiéndosele concedido licencia para ausentarse del encargo como de Gobernador de Veracruz, se le facilitó al indiciado la posibilidad de huir como se presume ya lo hizo y con el agravante de haber sido apoyado tanto por el gobernador interino Flavino Ríos como por el Senador Emilio Gamboa Patrón, a lo que ambos políticos deben responder, además que deben ser difundido a la opinión pública la información justificadora inherente a porque fue omitida toda actuación oportuna de las autoridades permitiendo negligente o perversamente que Duarte de Ochoa impusiera su ley incluyendo acciones cruentas y violentas contra personajes que le resultaron incomodantes, además que los datos sobre el manejo desparpajado y atrabiliario de la Hacienda Pública era ostensible desde hace muchos meses antes al igual que el enriquecimiento ilegítimo desmesurado y notorio de Duarte de Ochoa, colaboradores cercanos y parientes, sin que hubiera un atisbo de intervención por parte de autoridades de la Federación. 

Javier Duarte de Ochoa es militante con sus derechos temporalmente suspendidos y se dice pronto ha de ser expulsado de su Partido el Revolucionario Institucional (PRI), es aún Gobernador, aunque con licencia, de Veracruz, uno de los estados más importantes de México considerando los aspectos socioeconómicos, políticos y electorales y aunque no puede aún llamarse prófugo, al parecer ya no está al alcance de las autoridades federales que a través de la Procuraduría General de la República (PGR) prohijaron que un Juez Federal le dictare orden de aprehensión como presunto responsable de manejo de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, pero que por no solicitarse oportunamente por la PGR y sin tramitarse previamente el juicio de procedencia o proceso para desaforarlo, no puede ejecutarse hasta que concluya el periodo constitucional para el que como Mandatario fue electo, y al además habérsele otorgado licencia se establece con claridad que se le brindó la facilidad para huir al gozar de fuero constitucional, pues la licencia obsequiada no le retira el cargo ni la inmunidad temporal que exige ser primero desaforado antes de ejecutar la aprehensión, además que preserva la posibilidad de ser auxiliado por sus colaboradores en el Poder Ejecutivo Estatal. 

Hay un claro contubernio gubernamental para proteger a Javier Duarte, ya que si en realidad se hubiese deseado apresarlo y someterlo a proceso la PGR habría pedido con mayor anticipación a un Juez Federal la orden de aprehensión y tras incoar el juicio de procedencia, poder haberla ejecutado oportunamente justo para evitar se fugara. Medios de comunicación han señalado que para escapar del alcance de la las autoridades ministeriales, Duarte de Ochoa habría recibido apoyo del Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República Emilio Gamboa Patrón, quien ya acumula demasiados asuntos turbios, pero sigue impune y campante.

Con apenas 31 años, se convirtió en el hombre de confianza del anterior gobernador, el polémico Fidel Herrera Beltrán hoy Cónsul de México en Barcelona, quien lo inventó e impuso como su sucesor, pensando le sería muy fiel y quizá nunca pensó que su administración gubernamental sería tan calamitosa. A los 37 años años ganó la elección a Veracruz y seis años después tiene 35 kilos menos y decenas de denuncias por corrupción y violación a los derechos humanos, se le señala culpable de haber medrado miles de millones del erario veracruzano y que al endeudar a Veracruz en exceso, la entidad esté en quiebra financiera al alcanzar un monto calamitoso de endeudamiento inmanejable de casi 40 mil millones de pesos, y se le acusa además de prohijar alta criminalidad incluyendo macabros y cruentos asesinatos y secuestros de activistas sociales y comunicadores que le fueron incomodantes o le estorbaban para ejercer el poder omnímodamente.

Javier Duarte. Foto del fotógrafo asesinado, Rubén Espinosa.

Javier Duarte.
Foto del fotógrafo asesinado, Rubén Espinosa.

Pero a Javier Duarte se le culpa también por no haber sido capaz de retener Veracruz para el PRI, siendo ese estado el tercero que más votos aporta a su casi expartido en las elecciones nacionales y se le achaca la culpabilidad de que el PRI haya caído derrotado en junio por primera vez en más de 87 años de hegemonía.

Lo cierto es que a pesar de existir la orden de captura y sea presumible ya haya huido, Javier Duarte no es técnicamente un prófugo pues la orden de aprehensión solo puede ejecutarse hasta que sea desaforado o termine su mandato en fecha próxima y hasta ahora no se tiene información relativa a que la PGR haya siquiera iniciado el trámite de desafuero en su contra, distinto a lo que tiene que ver con Guillermo Padrés Elías el Ex Gobernador de Sonora que tiene orden de captura y sí está prófugo y es buscado tanto por las policías de México como por policías internacionales.

Desde que el 12 de octubre anunció que dejaba la gubernatura y se convertía en el segundo gobernador en los casi 90 años de vida del PRI que se va antes de tiempo por corrupción, nadie sabe dónde está y es el centro del linchamiento político. En el campo de golf al que solía acudir no lo ven desde hace días y el líder de la oposición y futuro gobernador, Miguel Ángel Yunes, denunció que huyó en un helicóptero rumbo a Puebla y que de ahí voló a Ciudad Juárez. Otras versiones lo ubicaban en un domicilio en la zona del Desierto de los Leones, en la capital mexicana.

Su desaparición frente a todos deja en mal lugar las promesas de renovación ética lanzadas por el presidente Enrique Peña Nieto que mantuvo en el cargo a Duarte durante seis años a pesar de las graves denuncias acumuladas.

Siendo ridículo el estertor de Enrique Ochoa Reza, el ‘Gerente en turno de la dirigencia nacional’ del PRI al acusar al Partido Acción Nacional (PAN) de estar solapando la huída del Ex Gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, ya que así como ya hay orden de captura contra el panista sonorense, las acciones legales contra Javier Duarte de Ochoa son tardías, escuálidas e ineficaces, además que nada se ha hecho contra decenas de políticos de casi todos los partidos que estando señalados como vinculados a delitos y actos ilícitos, están impunes, y quizá así seguirán.

Durante la campaña electoral para los recientes comicios estatales efectuados el pasado 5 de Junio de 2016 para elegir Gobernador, en medio de una intensa y agresiva campaña de críticas e imputaciones, el candidato opositor al PRI Miguel Ángel Yunes Linares, hoy Gobernador electo, acusó a Javier Duarte de tener nexos con grupos del crimen organizado y de proteger a sus altos funcionarios de seguridad involucrados en actividades criminales. Veracruz tiene una de las tasas de homicidios más elevadas de México que incluyen a 17 periodistas asesinados durante la gestión de Duarte, según cifras de la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19, además de un creciente número de personas desaparecidas, en su mayoría jóvenes, y cabe recordar el cinismo como al ser cuestionado por las agresiones a los periodistas, en forma cínica Duarte de Ochoa declaró que conocía bien a aquellos reporteros “que andaban en malos pasos”, refiriéndose a los comunicadores que, según él, tenían vínculos con grupos delictivos. “Vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas”.

En agosto del actual 2016, según las estadísticas oficiales, Veracruz fue la entidad federativa más violenta de México, el reporte es de 229 homicidios dolosos lo que contrasta con que en agosto del pasado 2015 el dato reportado formalmente es de 58 asesinatos. Pero según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Veracruz se cometió 179 homicidios dolosos durante septiembre, lo que supone la cifra mensual más alta de los últimos 15 años en el estado. En lo que va del año, los homicidios suman 716 y los secuestros, 85.

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a cargo de Renato Sales Heredia, dice tener un plan para intervenir en Veracruz, estado que además de estar inmerso en una crisis de gobernabilidad está sumido en una profunda crisis de incertidumbre e inseguridad y Sales Heredia ofrece “sacarlo del hoyo”. Tras anunciar que en breve estará actuando con firmeza, determinación y eficacia la dependencia federal más importante en materia de seguridad, Sales Heredia se limitó a comentar: ‘la estrategia consiste en actuar coordinadamente con los Presidentes Municipales y el Gobernador, trabajando en los municipios para determinar en dónde se está robando y a qué hora, a quiénes están secuestrando y cómo, calle por calle, actuando firmemente vamos a sacar a Veracruz del hoyo en que está sumido”. Y es que suena demasiado simplona la descripción que de la estrategia hace el titular de la CNS siendo que Veracruz es escenario de las disputas entre los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa y está aquejado de un recrudecimiento de la violencia, especialmente desde hace 6 semanas. 

Los delitos que se le imputan a Duarte de Ochoa son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La orden de aprehensión, girada también en contra de varios funcionarios, es resultado de la denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que señala que Javier Duarte y varios funcionarios de su gobierno desviaron al menos 500 millones de pesos para la adquisición de diversas propiedades inmobiliarias en ciudades de México y en los Estados Unidos de América, siendo dichos recursos los mismos que fingieron entregarle a las varias ‘empresas fantasma’ a las que supuestamente beneficiaron al adjudicarles contratos y recursos públicos, aún cuando existían solamente en el papel, de ahí que se presume que los recursos financieros del erario veracruzano se usaron en realidad para la adquisición de esos bienes raíces descubiertos por la investigación de la SHCP, lo que desencadenó la denuncia penal y la orden de aprehensión contra el gobernante emanado del PRI y sus secuaces. 

Esta orden judicial que obsequia la petición para aprehender a Duarte de Ochoa, ocurre tras que otros jueces federales dieron orden para iniciar los primeros siete juicios relacionados con el caso de las empresas fantasma que obtuvieron contratos del gobierno veracruzano encabezado por el hoy mandatario con licencia, procesos que fueron instaurados en contra de representantes y/o administradores únicos de estas compañías, que son los que dieron de alta a las empresas ante la SHCP pero además otro Juez federal determinó vincular a proceso penal al director de Catastro de Veracruz, Domingo Yorio Saqui, quien fue acusado por la PGR de haber ocultado información relacionada con la indagatoria que se está desarrollando en torno al enriquecimiento ilegítimo de Duarte de Ochoa.

Resulta lógico el que por su presunta carencia de escrúpulos Javier Duarte no desaprovecharía la oportunidad de escapar, y se acusa al ex Secretario de Gobierno de Duarte y actual Gobernador interino Flavino Ríos de haber facilitado la huída de su Jefe Político provocándole hacer uso de un helicóptero oficial. De consolidarse esa especie informativa que señala que el Gobernador ha huido a efecto de buscar evadir la acción de la Justicia Federal, deberá ser procesado por complicidad el Mandatario interino y de haber huido, Duarte consolidará la hipótesis que lo señalaba de cínico, pues queda clara la falacia al haber expresado que ‘pedía licencia para limpiar su nombre de las acusaciones en su contra por corrupción”.

Lo cierto es que parece lógico que Duarte, quien aún tiene fuero, ‘haya puesto pies en polvorosa’ y la licencia le haya permitido huir con menos problemas además de contar con la complicidad criminal de su fiel colaborador el actual Mandatario interino veracruzano Flavino Ríos, de ahí que a Duarte no debieron permitirle la licencia y la orden de aprehensión debió girarse hace muchos meses y haberle incoado juicio de procedencia y en todo caso haberle impedido huir. 

Desde que casi todos los partidos se sumaron al pueblo veracruzano que realizó plantones y marchas contra él, debieron de haberlo acusado formalmente, pero el PRI entonces encabezado por Manlio Beltrones se manifestó inicialmente a favor del movimiento popular en su contra para casi de inmediato acatar la línea presidencial y salir en su defensa, de ahí que sea absurdo el reclamo del actual ‘Gerente en turno’ de la dirigencia nacional del PRI Enrique -El Honesto- Ochoa Reza, cuando espeta al dirigente nacional del PAN Ricardo Anaya Cortés el que ese partido protege al ex Gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, pues no tiene autoridad moral para ese reclamo en tanto el PRI se limitó a la inútil suspensión de derechos partidarios de Javier Duarte de Ochoa sin exigir al gobierno federal incoar la acción penal y emitir la orden de captura.

Y una vez que se ha incoado esta tímida acción penal contra el aún Mandatario veracruzano, no hay presión para que la PGR realice lo conducente para poder ejecutar la captura y se permitió la negligencia o incidental dilación a efecto de dejarlo huir, y en ese sentido no ha siquiera emitido un leve posicionamiento ante la especie informativa que acusa que el Coordinador Senatorial priista Emilio Gamboa, sea cómplice en cuanto ayudar a huir a Javier Duarte.

Como corolario, poca autoridad moral tiene el PRI al ni siquiera haber aún sancionado internamente ni procurado acción de la PGR contra los otros 2 gobernadores y un ex Gobernador señalados, acusados formalmente y con causa penal abierta en PGR y en las Procuradurías de sus estados y que son César Duarte de Chihuahua, Roberto Borge de Quintana Roo y Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León.

Sigue latente el montón de escándalos de posible corrupción a cargo del propio Presidente Enrique Peña Nieto, familiares y cercanos colaboradores, además que no se ha ejercido acción penal alguna contra decenas de funcionarios y ex funcionarios de diversos partidos que han sido señalados de cometer ilícitos, continuando sin aclaración el desmane en la Comisión Federal de Electricidad, al pagársele indemnizaciones inmerecidas por la renuncia voluntaria a su ex director Enrique Ochoa Reza y una decena de colaboradores , que entre todos obtuvieron injustamente cerca de 17 millones de pesos. 

Y por si hicieran falta más elementos para señalar la incongruencia en el discurso del PRI al auto proclamarse como pioneros y adalides de la lucha anticorrupción, ahí está el hecho que pinta el escaso interés real del Presidente Peña y su PRI, ya que a casi 4 meses de haber ordenado renunciar a Virgilio Andrade Martínez como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), esa dependencia sigue sin titular formal y no se ha siquiera planteado el nombramiento de nadie a la aprobación legislativa que se requiere, siendo esa dependencia el eje de la acción anti impunidad del flamante ‘Nuevo Sistema Nacional Anti Corrupción’ que parece nació muerto y así seguirá.

Esta ahí también el escándalo por la forma arbitraria de irrumpir en áreas naturales protegidas causando daño con maniobras de naves marinas y aéreas en Yucatán como por habersele desnudado el ostensible conflicto de interés, presumible abuso de autoridad y tráfico de influencia en relación a las actividades de empresarios cercanos a su entorno y beneficiados en forma por demás privilegiada al acarrearles jugosos contratos gubernamentales asignados impositivamente, el Senador Emilio Gamboa Patrón no ha sido sujeto de algún proceso tendiente a entregar explicación o investigársele para efectos de posible sanción, y ahora además es señalado de complicidad para propiciar el la huida de Javier Duarte de Ochoa ,y en relación a todos los casos comentados, Gamboa permanece inmutable, impune y cínicamente burlón de cualquier amenaza de acción legal alguna en su contra, ya que es más fuerte la red de corrupción y complicidades que cualquier intención por someterlo a la acción de la Justicia. 

No puede esperarse mucho de un régimen presidencial como el que encabeza un Presidente famoso por haber propiciado e incurrido en amplia y aviesa  corrupción y ser tan cínico como para afirmar que es esa práctica nociva algo inmanente a la  cultura mexicana y que no hay quien pueda ser tan limpio como para tirar la primera piedra, es decir , que en su opinión no hay quien sea tan  pulcro y honesto como para tener autoridad moral a efecto de hacer señalamiento de corrupción de funcionarios y personajes diversos. 

Y ante tanto dislate, error, sandeces y torpezas del Presidente no es admisible sorprenda el que acorde a las últimas mediciones difundidas solo entre el 16 o 17 por ciento de la población mexicana lo respete o apruebe su actuación como Mandatario de la Nación, como tampoco puedan sentir sorpresa los militantes del PRI ante los sondeos de intención de voto que marcan a ese partido como recipiendario de cada vez menor índice de personas que respaldarían las ofertas electorales próximas, siendo claro que ante la pasividad negligente de sus cuadros directivos y militantes con liderazgo en organizaciones y sectores del PRI que siguen permitiendo ser arrastrados al despeñadero por las torpezas de Peña Nieto siendo inexorable pasen a ser la tercera fuerza electoral como en el 2006, cuando prefirieron traicionar a Roberto Madrazo y beneficiar a Felipe Calderón, de la misma forma que en esta ocasión maniobraren para negociar ventajosamente con el PRI y ganar ambos partidos en perjuicio de la democracia.   

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