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2016-10-16
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Ochoa: el discurso deshonesto

Cada vez que surge información que reitera la inmoralidad, actos  de corrupción y diversos ilícitos en que incurren personajes vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), se esgrimen, en su pretendida defensa, argumentos contra quienes los señalan. Y la única actitud que se toma es la del “humildemente aceptar errores”, o se busca ser perdonado tras... Read More

Salvador Cosio-08Cada vez que surge información que reitera la inmoralidad, actos  de corrupción y diversos ilícitos en que incurren personajes vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), se esgrimen, en su pretendida defensa, argumentos contra quienes los señalan. Y la única actitud que se toma es la del “humildemente aceptar errores”, o se busca ser perdonado tras el simple ofrecimiento de disculpas, siendo así ésa la única  supuesta sanción.

La sociedad está harta y habrá de castigar en las  urnas el caudal de abusos, atropellos, arbitrariedades e ilícitos y, sobre todo, la cínica impunidad y la ineficiencia de quienes se sirven del poder en perjuicio del pueblo.

Más lesionada resulta, con los recientes escándalos de personajes identificados con el PRI, la desastrada imagen del Presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno emanado de ese partido. Y, en los hechos, éste mangonea al mandatario, teniendo como ‘Gerente en turno’ de su dirigencia nacional, al encumbrado tecnócrata y aspirante a líder político: Enrique Ochoa Reza. Dicho personaje ha  venido enarbolando una falsa lucha anticorrupción desde que fue ungido en su actual encargo, hace casi 5 meses. Su discurso es claramente un discurso retórico: siguen sin sanción decenas de personajes señalados por actos ilícitos o criminales, varios de ellos ligados al PRI. Hasta ahora todo ha quedado en la ‘sanción ejemplar’ de haber suspendido temporalmente en sus derechos como militante priista al Gobernador de Veracruz con licencia, Javier Duarte de Ochoa. A él se le indicia por desfalcos al erario veracruzano y crímenes contra la vida, integridad y patrimonio de comunicadores y activistas sociales de causas que  incomodan al polémico político. Todo esto sin que, hasta ahora, se haya consolidado  acción penal contra ése y otros muchos personajes señalados en averiguaciones criminales y denuncias diversas; aunque, eso sí, hay políticos de casi todos los partidos que siguen gozando de impunidad.

Se acendró la molestia social al descubrirse que quien regentea al PRI nacional recibió indemnización de cerca de dos millones de pesos. Se maquinó, pues, un convenio de finiquito laboral simulando que fue despedido de su anterior cargo como Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que, en realidad, se trató de una renuncia  voluntaria. Además, ya surgió información relativa a los más de 16 millones de pesos que se erogó por la CFE a los colaboradores más cercanos de Ochoa cuando renunciaron voluntariamente a su empleo en esa empresa con el fin de acompañar a su jefe en su nueva encomienda partidista.

Cuando se conoció la inmoral liquidación que obtuvo al renunciar como titular de la CFE, Ochoa Reza insistió en su honradez. Presumió, incluso, que él solamente se benefició de un “trámite interno ya  establecido”. Sin embargo, a la luz de documentos publicados en medios de comunicación que revelan el enorme monto erogado en liquidaciones por el que se beneficiaron una veintena de amigos de Ochoa, el reclamo del pueblo aumentó. Ya que en tanto se recortan programas y obras  importantes para el desarrollo comunitario, se mantienen escandalosas prebendas a la burguesía dorada. Y ello, desde luego, es como una cachetada al pueblo afectado por los recortes presupuestales: se sufren las inclemencias de la crisis económica acentuada por ineficacia gubernamental, pues no se generan condiciones necesarias para que la economía deje de ser tan endeble y vulnerable, además de los errores en el diseño y operación de  los asuntos financieros, presupuestales y de fomento al crecimiento  económico y al desarrollo sustentable.

Enrique Ochoa.

Enrique Ochoa.

Ha sido destrozada la presumida pureza de Ochoa Reza, quedando sin autoridad moral para continuar válidamente queriendo adueñarse del presuntuoso rol de honesto  adalid de la cruzada contra la corrupción y la impunidad. Tampoco puede dejarse advertir que entre los beneficiarios de ese insulso derroche en CFE, en donde resultaron beneficiados quienes fueron secretarias, abogados, auxiliares administrativos y asesores de Ochoa Reza, está el  Presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, Fernando Elías Calles, quien es el responsable de sancionar los actos de  corrupción de sus militantes.

Lo cierto es que los funcionarios de alto nivel de la CFE que renunciaron para irse con Ochoa, no sólo no cumplían con la antigüedad para tener derecho a una liquidación, sino que renunciaron voluntariamente pero la obtuvieron y la cobraron. Por  ejemplo, la secretaria particular de Ochoa Reza, Myrna Yvet Torres Camacho, tenía sólo nueve meses de antigüedad en ese cargo (del 15 de octubre de 2015 al 13 de julio de 2016), y recibió dos liquidaciones por más de 2 millones de pesos: una por un millón 263 mil, y  la otra por 832 mil pesos. La jefa de la oficina de Ochoa Reza, Edith Nájera Andrade, también obtuvo una liquidación generosa: con dos años y  medio de antigüedad (del 17 de febrero de 2014 al 18 de julio de 2016), y recibió una liquidación de un millón 332 mil pesos. La abogada Claudia Pastor Badilla, jefa de la Coordinación Nacional Jurídica, con dos años y cinco meses en el puesto, obtuvo un finiquito de un millón  108 mil pesos. Todo esto consta en los documentos oficiales de la CFE.

Uno de los principales colaboradores más cercanos de Ochoa Reza, el ex diputado federal Ángel Artemio Meixueiro González, tenía una  antigüedad de dos años y medio como jefe de la Unidad de Relaciones Institucionales de la CFE, pero cobró un millón 279 mil pesos de liquidación, un poquito más del millón 206 mil que obtuvo, también ya  libres de impuestos, su jefe.

Pero hay un caso peculiar: el gerente de Desarrollo Social de la CFE, Francisco Javier García López, renunció al cargo el 2 de abril de este año –“por así convenir a mis  intereses”, explicó–; no obstante, con dos años y 29 días de antigüedad no tenía  derecho a liquidación, según la jefa del Departamento de Dictámenes de la CFE, Karime Slim Ruiz, y este funcionario entró en el mismo paquete de liquidaciones de Ochoa Reza en agosto: recibió 908 mil 289 pesos. Este ex diputado priista de Oaxaca, es actualmente coordinador de “Giras y Eventos del Comité Ejecutivo Nacional del (CEN) del PRI.

Se incrementa el repudio al conocerse los daños al hábitat de zonas protegidas provocados por maniobras de naves marinas y aéreas en lo que se involucra al Senador Emilio Gamboa Patrón, quien es coordinador de los Senadores del PRI.

Y empresarios como José Alfredo Miguel Afif y Emilio Diaz Castellanos, fueron aparentemente beneficiarios de multimillonarios contratos gubernamentales. De esta manera se desnudó plenamente la forma de cómo abusan del poder encumbrados  políticos y voraces mercaderes que han hecho del tráfico de influencia y la manipulación, la forma de enriquecerse ilegítimamente, lo que desde hace muchos años se sabe y se ha pretendido ocultar. 

Por otra parte, el que Javier Duarte haya solicitado licencia a su cargo de Gobernador de Veracruz, no asegura que será sancionado por el cúmulo de tropelías que se le señalan como  cometidas en su administración.

Habrá que esperar que, en efecto, haya acciones legales eficaces contra todos quienes como Duarte de Ochoa estén involucrados en ilícitos. En el caso de Veracruz tienen  que ver con asuntos financieros y crímenes contra la vida e integridad de comunicadores y activistas sociales de causas incómodas para Duarte, mismas que han generado una gran intranquilidad e incertidumbre en esa  entidad. Sin embargo, es importante que además de ver el caso de Veracruz, se analicen otros casos similares, entre ellos Chihuahua. 

 

El caso Chihuahua

En  2012, coincidiendo con la recta final de la campaña electoral por la presidencia de la República que entonces emprendía Enrique Peña Nieto, el Gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, había acumulado ya una deuda por casi 23 mil 284 millones de pesos, es decir, un 85.5 por ciento más de la que había recibido en 2010. A pesar de esto, en septiembre de 2013, firmó una “reestructura” que le permitió adquirir “refinanciamiento” por otros 19 mil 725 millones de pesos en 11  préstamos. La diseñadora de tal reestructura fue la empresa Evercore  Partners, donde trabajó Luis Videgaray Caso, ex Secretario de Hacienda, y propiedad de Pedro Aspe Armella, también ex titular de la dependencia hacendaria en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Desde el 5 de septiembre de 2013, el entonces Gobernador de Chihuahua, César  Horacio Duarte Jáquez, recibió autorización de su Congreso Estatal para efectuar la “reestructura” o “refinanciamiento” de la ya para entonces enorme deuda que se había acumulado a cargo del erario chihuahuense. Estaba en su tercer año de ejercicio gubernamental y había adquirido un crédito bursátil por cerca de 12 mil millones de pesos, cantidad adicional a los casi 24 mil millones de pesos que, como pasivo, tenía hasta el 2012.

Pero era también el primer año del sexenio de Enrique  Peña Nieto, quien un año antes había ganado la Presidencia de la República en una elección coordinada por quien sería el titular de la  SHCP, Luis Videgaray Caso, y presumiblemente apoyada por gobernadores priistas como el chihuahuense Duarte Jáckez.

La decisión tomada entonces para la ya abultada deuda pública formada en Chihuahua, fue hacer una “reestructura” o “refinanciamiento” a través de un Fideicomiso Maestro que recibiría miles de millones de pesos de recursos públicos que, a su vez, servirían de garantía de pago de futuros préstamos para el mismo mandatario. 
 
Este  esquema de “reestructura” aparece descrito en el decreto 1370 del Gobierno del Estado de Chihuahua, publicado el 5 de septiembre de 2013 y que, pese al ya alto nivel de endeudamiento, autorizó a Duarte desde entonces para recibir préstamos por hasta 30 mil millones de pesos adicionales. El decreto de autorización decía: “Se autoriza el  Ejecutivo del estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, contrate financiamiento a través del crédito público, incluyendo la emisión de valores a ser colocados en el mercado, hasta por un monto de 25 mil millones de pesos. 

Se autoriza al Ejecutivo para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en su  caso, contrate y ejerza financiamiento a través de crédito público en adición a lo establecido en el artículo segundo, hasta por el monto de $5,000,000.00″.

El decreto establece que la garantía o fuente  de pago de estos nuevos préstamos sería “hasta el cien por ciento” de  los recursos que le correspondieran a Chihuahua del Fondo General de  Participaciones (FGP) del Ramo 28, y “hasta el cien por ciento de los  ingresos presentes y futuros que le corresponden al estado por cualquier  impuesto estatal”.

Con estas garantías de pago, al día siguiente de la publicación del decreto, Duarte contrató otras dos emisiones bursátiles que en total le dieron acceso a otros dos mil 800 millones de pesos; y el 26 de noviembre siguiente, junto con una empresa  privada, constituyó el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/0152, destinado para recibir las transferencias de los recursos federales y estatales con los que se garantizarían aún más préstamos. Así, al día siguiente, al amparo de este nuevo Fideicomiso Maestro, Duarte contrató otros cinco préstamos (tres con Bancomer, uno  con Multiva y otro con Interacciones) por otros 12 mil 624.5 millones de pesos. Y, en 2014, otros seis por siete mil 100.5 millones.

En total, de acuerdo con el más reciente reporte sobre la “Situación que  guarda la deuda pública estatal” de Chihuahua, 19 mil 725.1 millones fueron adquiridos por Duarte al amparo del mismo Fideicomiso Maestro 152 creado en la “reestructura” de su deuda.

Esta “reestructura” o refinanciamiento en beneficio de César Duarte, así como la  administración de todo el dinero que llegara al Fideicomiso Maestro para respaldar los nuevos préstamos, quedaron a cargo de la división Casa de Bolsa de Evercore Partners, firma en la que trabajó Videgaray Caso, y que entonces era dirigida por Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari.

Doctor en Derecho y Notario; Analista y Columnista Sociopolítico; Consultor en Admon. y Políticas Publicas; Pdte. de Conciencia Cívica, A.C. y JALISCOenPLENO, A.C.
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