La laboral, otra reforma solo en el papel

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Sonia Serano-04Una vez más los legisladores federales aprobaron una reforma relacionada con la administración de la justicia, en este caso en materia laboral. El argumento de fondo es la corrupción en torno a los procesos laborales y el efecto que ésta tiene en el desarrollo económico en el país. El problema es que los cambios sólo se planean en el papel.

Para nadie es un secreto que la corrupción existe. Empresas, desde las más pequeñas hasta las grandes, son víctimas de un mecanismo que se ha vuelto casi una práctica. Trabajadores y, en algunos casos, hasta “presuntos trabajadores” presentan demandas que se convierten en ilegales laudos.

Lo que sucede en esos procesos es la complicidad entre abogados y trabajadores de las juntas de conciliación y arbitraje. Se presenta la demanda, en la mayoría de los casos se finge una notificación y cuando el patrón se entera ya le dictaron una sentencia en contra con un monto alto por pagar.

Este esquema se ha vuelto tan buen negocio, que incluso hay despachos de abogados que compran juicios, pagando un monto al trabajador porque saben lo recuperarán con creces cuando se dicte la sentencia.

En el caso de Jalisco, este esquema fue detectado por el ahora fiscal Eduardo Almaguer Ramírez, cuando llegó a la Secretaria de Trabajo. Apenas tenía unos meses en el cargo, al comienzo de la actual Administración estatal, cuando denunció a quienes se autonombraban “talibanes”. Sin embargo, Almaguer se quedó corto, pues la práctica es más extendida, no sólo en la Secretaría del Trabajo, si no también en los procedimientos de burócratas ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado.

Esto quiere decir que una reforma en la justicia laboral sí es urgente, pero ésta no puede ser sólo en el papel.

Como antecedentes a una situación similar, están las reformas que se han hecho en materia penal, para la implementación del nuevo sistema. Los legisladores aprobaron cambios, sin tomar en cuenta los recursos que se necesitarían ni si el Poder Judicial estaba listo. En este caso, ayudó que se fijó un plazo de ocho años para ponerlo en marcha, y aún así la mayoría de los estados lo lograron al cuarto para las doce.

En el camino, hubo dificultades con los cambios que se hicieron para entregar a los estados las atribuciones para los casos de narcomenudeo, para el traslado de la responsabilidad en ejecución de penas del Poder Ejecutivo al Judicial o para la nueva responsabilidad sobre extinción de dominio. Las reformas no fueron acompañadas del cálculo de recursos necesarios ni de lo que implicaría su implementación.

Con la desaparición de las juntas podría suceder algo similar. Las primeras críticas a esta reforma se refieren a los cambios que no se han hecho a la Ley Federal del Trabajo sobre el procedimiento en los juicios laborales, sin contar que los plazos que se fijan son demasiado cortos. Esto podría implicar que la buena intención de mejorar la justicia laboral, termine en otro lío y más complicaciones para el Poder Judicial.

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