Peña, en el tobogán

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Salvador Cosio-08Seguramente después de haber llegado tan fácilmente a la gubernatura del Estado de México (EDOMEX) tras haber sido funcionario intermedio, de cierto buen nivel y además legislador local, Enrique Peña Nieto pensó que lograría, igual de fácil, ser presidente de la República, y sería muy fácil también el ejercicio de gobierno como Jefe de Estado y de Gobierno de esta nuestra gran y compleja nación mexicana.

Y si ejercer el mandato como titular del Poder Ejecutivo del Estado de México fue sencillo, y le provocó la posibilidad de llevar a cabo muchas actividades para generar reflectores a nivel nacional y proyectarse como un individuo carismático y apto para desempeñar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, lo más seguro es que Peña Nieto no imaginó que le sería tan difícil hacer bien sus tareas como gobernante nacional. Simplemente no lo atisbó ni cuando era apenas precandidato, como tampoco ya en campaña por la presidencia, ni tampoco se preparó adecuadamente, pues falló al intentar integrar un buen equipo de colaboradores: se basó en personajes de bajo perfil y corto alcance, preponderando los que conformaron su gabinete en EDOMEX con escasa experiencia más allá del ámbito de la administración  local. Además omitió trabajar en su persona en cuanto consolidar sus fortalezas y atenuar sus debilidades de cara a poder cumplir sus obligaciones y ejercer atribuciones y facultades como responsable de la administración pública federal; especialmente en su calidad de Jefe de Estado con las delicadas tareas que ello conlleva. El resultado es que hay inconformidad mayoritaria de la población en relación al trabajo del Presidente y de su equipo de gobierno. 

Ha sido pues muy complejo el ejercicio de gobierno para Peña Nieto, tanto por dislates personales, como por fallas en el diseño y operación estratégica de políticas públicas; ello ha generado la pérdida casi total de la confianza social por el estigma de corrupción que le inunda. 

Además del asunto inherente a la criminalidad y violencia creciente, la situación económica y el tema de la corrupción e impunidad, son factores críticos y al mismo tiempo agudos en cuanto al desgaste presidencial. Los signos más ostensibles en cuanto a la deteriorada economía, son el incremento recurrente de los precios de los bienes y servicios públicos que dependen del Estado y la depreciación de nuestra escuálida moneda.   

Y precisamente ésta tuvo un ligero repunte en su valor al haber pasado del muy alto tipo de cambio a 20.22 pesos por cada dólar, a venderse cada unidad de la divisa de la nación que gobierna Barack Obama en un máximo de 19.95 por cada unidad monetaria mexicana. Esto amaina ligeramente la presión social sobre el Gobierno  de Peña Nieto. Por ello, el presidente de México debe agradecer a la señora Hillary Clinton quien, tras algunos momentos complicados que le ocasionaron merma de su posicionamiento como favorita al propiciarse un descenso acentuado en la percepción mediática sobre su fortaleza física, salió avante del evento más importante que hasta ahora se ha suscitado en el marco de la fragorosa campaña electoral en el vecino país del norte. En el primer debate entre los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, la demócrata Clinton tuvo como resultado preliminar una percepción favorable sobre el payaso, patán y lenguaraz mercader neoyorquino Donald Trump, sicofante de la política que es el aspirante impulsado por el Partido Republicano.  

Pero ni el ligero repunte de nuestra moneda ha servido para que continúe el acentuado paulatino y casi permanente desgaste de Peña Nieto y su gobierno, que por la forma de manejar a su partido, transmite ese deterioro al PRI. Este partido sigue en el tobogán en cuanto a preferencia electoral y sin que hasta ahora se advierta un personaje con solvencia moral, capacidad y carisma suficientes como para ser su abanderado en la elección presidencial de junio de 2018, y pueda generar posibilidad real de triunfo: el riesgo de derrota es latente.

Y tal parece que como dicen por ahí en el pueblo: “Peña Nieto sigue dando tumbos”, pues también está el asunto de la pérdida de solvencia de Enrique Ochoa Reza para emprender la presunta cruzada en pos de dignificar el ejercicio del poder público y limpiar a México de corrupción.

La ventaneada al presidente del PRI

Resulta que Ochoa Reza, el ‘Gerente en turno’ de la dirigencia nacional del PRI, ha enarbolado un reiterado discurso ofreciendo una gran campaña anticorrupción y contra la impunidad. Pero, si de origen ya era un tema complicado de enarbolar por la insolvencia moral por diversos escándalos de Peña Nieto, -el verdadero dirigente de su partido-, se tornó aún más complejo de utilizar. Se sabe ahora de la polémica indemnización de poco más de un millón setecientos mil pesos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgó a Ochoa Reza al renunciar al cargo que ostentaba como Director General de dicha ’empresa productiva del Estado’, a fin de estar en aptitud para ocupar la gerencia nacional priista. Dicha liquidación se maquinó mañosamente al identificar la salida de Ochoa como ‘reajuste’ o despido en vez de lo que en realidad fue: una renuncia voluntaria, alegando con artimañas que la jugosa liquidación está contemplada en los parámetros legales del esquema laboral que corresponde a esa empresa. Ello deja, de cualquier forma y por más que se diga lo contrario, un severo malestar entre la sociedad por ser una burda estratagema el pretender encubrir la renuncia en una petición para dejar el cargo forzadamente, por lo que se pretendió dejar estamentado en el famoso convenio de finiquito que se trató de un ‘reajuste’ o renuncia, es decir, que fue un acto contra la voluntad del que era funcionario y por ello merece una jugosa  indemnización. 

Por más que aleguen que pudiera ser un derecho laboral y que es lo mismo que como enorme premio se llevaron los anteriores directores de la CFE, el asunto se envuelve en una maraña legal y genera acentuado malestar social por el hecho de haberle entregado semejante  suma económica, amañadamente y  sin merecerlo, a Ochoa. Así mismo, la molestia social se acrecienta por la cantidad en sí misma, y al recordarle al pueblo las condiciones labores tan desmesuradamente privilegiadas de que goza la burocracia dorada en contraste con los bajos salarios de las personas y la deteriorada economía popular, así como los problemas presupuestales del gobierno que han provocado recortes en gasto de inversión para proyectos de desarrollo y apoyo social.

Todo ello se convierte en una burla al ver cuánto ganan y lo desproporcionado de las prestaciones de los altos burócratas privilegiados.    

Bien dijo el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco, José Socorro Velázquez, en una entrevista radiofónica comentada posteriormente en medios impresos: son esas inadecuadas y privilegiadas condiciones laborales para funcionarios en algunas empresas gubernamentales, como la CFE, las que deben desaparecer. 

Y es que más que se trate de atenuar, aun suponiendo sin conceder que hubiere sido correctamente otorgada esa desmesurada asignación de recursos monetarios por cerca de dos millones de pesos a Enrique Ochoa Reza, lo cierto es que el hecho en sí es políticamente incorrecto, inoportuno, demasiado mal apreciado por la población. Hubiese sido más inteligente, o menos disparatado, haber renunciado a ‘ese derecho laboral’, demasiado polémico y que por más que sea jugoso, el asunto le resulta muy caro tanto a Ochoa como al PRI y a Peña Nieto; ello por la enorme molestia de la sociedad al respecto, pues le resta legitimación como pregonero de la necesidad de extremar austeridad, honestidad y mesura en el servicio público. 

Pero, además, suena a mofa lo recientemente declarado por Ochoa. Él afirma que no son tardías ni simuladas las supuestas gestiones para sancionar a servidores públicos y ex funcionarios que han incurrido en latrocinio, abuso de autoridad, crímenes contra la vida o integridad de las personas y prohijado negligente tolerancia y crasa complicidad con crimínales; sin embargo, es prácticamente nulo lo que se ha hecho al respecto, ya que lo único que hasta ahora se ha visto es que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI suspendió en sus derechos como militante a Javier Duarte de Ochoa, el aun Gobernador de Veracruz. Duarte es señalado como delincuente por diversas acciones, omisiones y  graves complicidades; y de nada le sirve a la sociedad que tardíamente sea expulsado del PRI el barbaján Javier Duarte si no es, además, castigado formalmente.

Lo cierto es que además del ‘ilustre veracruzano’ hay una larga lista de  ‘próceres’ señalados de corruptos que siguen impunes: César Horacio Duarte Jackez, Gobernador de Chihuahua (PRI); Roberto Borge Angulo, mandatario estatal de Quintana Roo (PRI); los ex gobernadores Guillermo Padrés Elías, de Sonora (PAN); de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba y Eugenio Hernández ambos del PRI; Emilio González Márquez y Francisco Ramírez Acuña, de Jalisco (PAN); de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz (PRI); de Chiapas, Juan Sabines Guerrero (PRD); los michoacanos Leonel Godoy Rangel (PRD) y Fausto Vallejo Figueroa; el guanajuatense Juan Manuel Oliva Ramírez  (PAN); Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes (PAN); el coahuilense Humberto Moreira Valdés (PRI); Arturo Montiel Rojas del Estado de México (PRI); el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard (PRD); José Eduardo Robinson Bours Castelo, de Sonora(PRI); de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz (PRI). También es necesario citar a quien fuere todopoderoso Secretario de Seguridad Pública: Genaro García Luna; así como a la ex Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, ambos  poseedores de una amplia historia de señalamientos e indicios de muchos actos delictivos realizados al abusar de sus atribuciones como funcionarios del gobierno anterior encabezado por el panista Felipe Calderón Hinojosa.

Y además hay muchos otros personajes que deberían estar privados de su libertad por vinculación con distintos delitos que, por influencia o corrupción, siguen impunes: Gildardo Urquídez y Matilde Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, los propietarios de ‘Guardería ABC’ de Hermosillo; la ex candidata perdedora al gobierno de Nuevo León, Ivonne Álvarez que, como alcaldesa, desfalcó a su municipio Guadalupe; el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara y a José Luis Chávez Botello, ex obispo auxiliar de Guadalajara y ahora obispo de Antequera, Oaxaca, señalados por pederastia; Germán Larrea de ‘Grupo México’, presunto culpable de amplios daños a la vida e integridad de personas y al medio ambiente por el insano manejo de ‘Minera Cananea’; Enrique y Agustín Coppel Luken, propietarios de la cadena de tiendas COPPEL, en cuya sucursal de Culiacán murieron calcinadas varias empleadas que dejaron encerradas negligentemente.   

De nada sirve que hayan suspendido sus derechos partidistas a Javier Duarte de Ochoa y llegar a su expulsión del PRI si sólo queda en eso. Tampoco será suficiente si, incluso, ese personaje va a la cárcel si no se actúa además a fondo contra ese montón de individuos señalados de corrupción, y, luego entonces, todo quedará en discurso y simulación, lo que consecuentemente será castigado por la sociedad en las urnas, votando en contra de Peña Nieto y su partido.

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