El 68 y el Estado de excepción en México

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Ruben MartinEl 2 de octubre de 1968 está inscrito en el abultado libro de infamias del Estado mexicano contra los grupos subalternos del país. Aquél día de hace 48 años el gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz ordenó aplicar un operativo militar de represión con el objetivo de detener y acabar con el poderoso movimiento estudiantil-popular iniciado en julio de 1968.

Ese día, ante una manifestación estudiantil-popular en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en la ciudad de México, el gobierno aplicó un virtual Estado de excepción en el que las garantías y derechos constitucionales se suspendieron sin previo aviso; se ordenó un operativo militar-policiaco de gran envergadura; se autorizó la operación de un grupo ilegal contrainsurgente llamado Batallón Olimpia; se dio la orden para disparar a mansalva y sin contemplación contra los asistentes al mitin ya fueran niños o ancianos, jóvenes y mujeres; en ese día se amontonaron los cadáveres en camiones oficiales al tiempo que se persiguió a los heridos en los hospitales de la capital.

Nada de esto se contó en los grandes medios informativos de la época, salvo excepciones. Todos hablaron de enfrentamientos y de que los estudiantes dispararon metralletas. El gobierno echaba a circular la “versión oficial” de que dispararon en respuesta a las agresiones de los manifestantes. El mismo falso argumento usado 48 años después en la represión al bloqueo popular-magisterial de Nochixtlán, Oaxaca el 19 de junio de este año.

Nunca se contaron a todos los muertos el 2 de octubre de 1968. Lo que sí ha sido contado y documentado exhaustivamente, es la saña y alevosía con la que actúo el ejército y el Estado en contra de un movimiento social pacífico. Su pecado fue despertar conciencias, desacatar al poder y poner en riesgo la dominación política.

A 48 años de lo ocurrido, prácticamente todas las corrientes políticas reconocen la importancia del 68 como hecho histórico en el México contemporáneo.

Pero el Estado y la lectura liberal de ese movimiento pretenden etiquetar al 2 de octubre de 1968 como uno de los ejemplos del México del pasado; como muestra de autoritarismo del viejo PRI y un gobernante represor como Gustavo Díaz Ordaz.

La lectura estatal-liberal reconoce que lamentablemente el 2 de octubre sí fue un hecho represivo (lo que se negó en su momento) pero que es un hecho que ocurría en el México antes de la transición a la democracia.

Nada más alejado de la realidad. Si situamos la matanza del 2 de octubre de 1968 desde la constelación de luchas de los de abajo contra la dominación, podemos ver que la represión política y las masacres o matanzas masivas son una constante del Estado contra de los movimientos sociales y desacatos del México de abajo. Antes y ahora.

Los pensadores del Estado, intelectuales liberales y algunos progresistas admiten que hubo masacres y matanzas cometidas en el régimen autoritario priista, como el 68, el Halconazo del 10 de junio de 1971, la Guerra Sucia contra los movimientos insurgentes y otros hechos represivos.

Pero suelen ignorar los más de 600 muertos en la lucha contra el fraude electoral de 1988 y la imposición de Carlos Salinas de Gortari; la guerra contra el alzamiento zapatista de enero de 1994; la masacre de Aguas Blancas, Guerrero el 28 de junio de 1995; la masacre de Acteal, Chiapas el 22 diciembre de 1997; la masacre de El Charco, Guerrero, el 7 de junio 1998; la ocupación de la Normal del Mexe, Hidalgo el 19 de febrero de 1999; la toma de la UNAM y la represión al movimiento estudiantil en febrero 2000; todos ocurridos bajo gobiernos del PRI.

La represión y las masacres continuaron como forma de contención de la lucha social durante los gobiernos panistas: la brutal represión al movimiento altermundista el 28 mayo de 2004 en Guadalajara; represión repetida en 2005 contra colectivos y organizaciones altermundistas en Cancún y Monterrey. Es responsabilidad de Vicente Fox la represión en Atenco en mayo de 2006 y en contra el movimiento popular-magisterial de Oaxaca de junio a noviembre de 2006, con saldo de varios muertos y heridos.

Felipe Calderón es responsable de la represión al movimiento contra la Minera San Javier, San Luis Potosí el 1º de mayo de 2007: la represión a los mineros de Cananea en 2007 y 2012; de la ocupación policiaco-militar de las instalaciones de Luz y Fuerza el 11 de octubre de 2009 para dejar sin empleo a 41,000 trabajadores y 25,00 jubilados. Y Calderón es responsable de iniciar la guerra, no contra el narco, sino contra toda la población en el país.

Vistas las cosas de ese modo, estos hechos represivos y trágicas masacres no son acciones decididas por un gobernante represor psicópata como Díaz Ordaz o por un partido autoritario, sino relaciones constitutivas del Estado y del sistema dominante mexicano contra las expresiones de insubordinación de los de abajo.

De este modo, Vicente Fox y su decisión de reprimir Atenco y Oaxaca en 2006 está al mismo nivel de la decisión de Díaz Ordaz en 1968; Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se asemejan por el uso masivo de la represión política en contra de los pueblos, comunidades, barrios y organizaciones que defienden territorios y los bienes comunes que son la base material de reproducción de su vida.

Las masacres, como la del 2 de octubre de 1968, son una modalidad de políticas represivas; es un patrón que existe a lo largo de la historia del país, con independencia de los partidos, o supuestos cambios de alternancia o presunta transición, se trata de un Estado de excepción permanente contra los de abajo.

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