Ayotzinapa, masacre del Estado

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El ataque, asesinato de seis personas y desaparición de 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, ocurridas la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 ha quedado marcado para la historia como una más de la larga cadena de masacres que el Estado comete contra los grupos subordinados en México.

A dos años de ocurrida la tragedia de Iguala, todavía continúan desaparecidos los 43 normalistas y la autoridad sigue sin ofrecer una explicación creíble de lo que ocurrió, mientras pretende reforzar su supuesta “verdad histórica” construida mediante detenidos que se inculpan tras torturas, siembra y manipulación de evidencias, y afirmaciones sin soporte científico como la supuesta incineración de los estudiantes desaparecidos en el basurero municipal de Cocula, refutada por reconocidos expertos del mundo.

A dos años de ocurridos los hechos de Ayotzinapa no aparecen los normalistas desaparecidos, ni la verdad, ni la justicia, pero sí la impunidad, el encubrimiento y el cinismo estatal.

Una semana antes de cumplirse el segundo aniversario de la masacre de Iguala, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció entrevistas a medios informativos donde calificaba de “absurdo” y “aberrante” que se culpara al Estado por los hechos ocurridos en Iguala, o también en la masacre de Tanhuato, en Michoacán. “Lo que es inaceptable, y sí lo rechazo categóricamente, es que se pretenda decir que todos estos eventos tienen una consigna de actuación del Estado y de fines de Estado… es completamente absurdo, aberrante”, dijo en entrevista en el noticiero radiofónico matutino de Ciro Gómez Leyva.

Es entendible que el jefe del Estado mexicano trate de evadir su responsabilidad por una ataque represivo de las dimensiones que tuvo la masacre de Iguala, pero es imposible que pueda ignorar el cúmulo de evidencias que demuestran que en el asesinato y desaparición de normalistas rurales de Ayotzinapa, la responsabilidad es del gobierno, que se trató de una masacre de Estado.

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José Luis Abarca.

La participación de las policías municipales (Iguala, Cocula y Huitzuco), así como de policías federales y el encubrimiento del batallón militar asentado en Iguala, en la detención, ataque, asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa mostró la magnitud de la corrupción de las instituciones de gobierno en México. El presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa fueron acusados de tener nexos con el cártel que controla ese territorio: Guerreros Unidos.

El gobierno federal de Peña Nieto pretendió culpar de los hechos de Iguala únicamente a las autoridades y policías municipales para lavarse las manos. No lo consiguió como lo demostró la consigna política “Fue el Estado”, mediante la cual los sujetos movilizados por Ayotzinapa tomaban y demostraban una conciencia política del papel que juegan las instituciones de gobierno en este momento histórico. No sólo es el gobierno de Iguala el que estaba implicado con el crimen organizado; al igual hubo denuncias de corrupción del gobierno estatal que encabeza el perredista (y antes priista) Ángel Aguirre Rivero.

La masacre de Iguala, reveló, como ningún hecho anterior la colusión Estado-crimen organizado y corporaciones privadas, y dejó ver que la complicidad entre los gobiernos y el crimen organizado no es un caso aislado, como el gobierno de Peña Nieto pretende hacer creer, sino la norma. Edgardo Buscaglia, denunció en 2011 que el narcotráfico controlaba 71.5 por ciento de los municipios del país. Si esto es así, es obvio que los gobiernos estatales y el gobierno federal están penetrados por el narcotráfico y la delincuencia organizada. El Estado mexicano está podrido hasta la médula.

El narcotráfico es uno de los grandes negocios de México y no funciona sin la protección que brinda el poder político. A su vez, las bandas del narcotráfico se han convertido en piezas fundamentales para infligir temor y terror en poblaciones cuyos territorios se quiere despojar; los sicarios del narco son extensiones del Estado en muchos lugares. Son piezas de la maquinaria de la acumulación por despojo que se impone en el país. A los desaparecidos de Ayotzinapa no los desapareció una presidenta del DIF, fue el Estado.

 

@rmartinmar

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