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Salvador Cosio-08Después de un juicio de siete días continuos, el Senado brasileño finalmente destituyó hace apenas unos días a la presidenta Dilma Rousseff, lo que ya parecía inevitable desde que el proceso empezó el 12 de mayo. El 31 de agosto, los 61 senadores que estaban a favor (frente a apenas 20 en contra) lograron aprobar la medida, justificada en irregularidades administrativas de la hoy exmandataria. 

Según la acusación, el gobierno de Dilma usó dinero de bancos federales para maquillar el déficit y decretó cambios presupuestales y transferencia de dinero entre diversas partidas sin el aval del legislativo, lo que constituiría un ‘crimen de responsabilidad’; actos que de alguna manera resultan una nimiedad procedimental en comparación con los grandes escándalos de corrupción que afectan a la mayoría de la clase política brasileña, muchos de ellos, los propios Senadores que votaron contra su destitución. 

Y es que el juicio a la expresidenta fue, fundamentalmente, una cuestión política. No en vano los argumentos del enjuiciamiento pasaron más por errores de sus tácticas políticas, que por las evidencias del crimen de responsabilidad que le imputaron. 

Desde 2013, el capital político de Rousseff venía en picada. La recesión económica se conjugó con los escándalos de funcionarios del Partido de los Trabajadores (PT), -al cual pertenece- para minar drásticamente la popularidad de la presidenta. Entonces los roces con un Senado cada vez más adverso y la escasa habilidad política de la mandataria condujeron a que el Senado comenzara el proceso de Juicio Poítico. Este empezó cuando el congresista Eduardo Cunha admitió el proceso, furioso porque el gobierno no lo defendió ante sus propias acusaciones de corrupción. A Dilma se le vino una avalancha encima. Y sin la ayuda del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, el partido de su vicepresidente Michel Temer, -hoy principal rival político-, la suerte quedó echada. 

Durante su primera administración, Dilma tuvo tasas de aprobación superiores al 50 por ciento, pero en 2014 su respaldo público cayó al 36, y el año pasado llegó al 10 por ciento. En este escenario de desprestigio, estallaron los escándalos por corrupción en la empresa Petrobras, que no afectaron a la presidenta directamente pero si a casi toda la clase política, con directa responsabilidad del PT, incluido como ya se ha comentado en este espacio a su mentor y ex presidente de la nación carioca, Luiz Inacio Lula Da Silva, que también ha sido acusado de recibir favores, en particular un departamento en una conocida zona de playa a cambio de consentir actos de corrupción y tráfico de influencias. 

Enfrentados con el escándalo, los propios aliados de Dilma decidieron sacrificar a la presidenta para calmar a la opinión pública. Lo más preocupante es que su destitución no resuelve el problema de la corrupción, que aún sin el PT sigue vigente en ese país, considerado la economía latinoameriaca más fuerte del continente. De hecho, Michel Temer, quien ocupará la Presidencia hasta 2009, también tiene un negro pasado. En 2009 su nombre apareció involucrado en un esquema de lavado de dinero en la operación “Castelo de Areia”, pero nunca hubo investigación formal en su contra. Luego, en 2015, estuvo relacionado con un escándalo similar por recibir dinero de empresarios hoy condenados por la operación de “Lava Jato”. Según Temer eran donaciones legales a su campaña. En cuanto a Dilma Rousseff, le quedó el consuelo de no haber sido inhabilitada para ejercer cargos públicos como buscaban sus detractores en el Senado. 

Quizá su mejor opción sea que en 2018 vuelva un renovado PT de la mano del popular Lula Da Silva, quien a pesar de las turbulencias políticas parece que nada lo mueve, pues el expresidente lidera la intención de voto para suceder a Temer, con un 22 por ciento, aunque todavía tiene que arreglar sus problemas con la justicia. Dilma sin duda piensa en esta posibilidad. Por algo en su declaración pública, después de conocerse el resultado del enjuiciamiento, aseguró que “esta historia no se acaba así. Nosotros volveremos”. Eso dependerá, en gran medida, del éxito que tenga Temer estos dos años, y de qué tan bien pueda reconstruir su partido frente a su oscuro historial de corrupción. 

Rousseff y Temer no tienen punto de comparación, ella es una guerrillera, con fama de dura e inaccesible; el otro es un veterano político habilidoso para transitar por los laberintos del poder. Dilma Rousseff y Michel Temer, improbables aliados durante casi seis años, parecen salidos de planetas distintos. En las calles o redes sociales prevalecen las visiones extremas. Según de qué lado se observe, la presidenta destituida es una “guerrera”, “valiente” y “digna” mujer, o una “incapaz” que destruyó la economía brasileña, líder de una banda de corruptos que quiere “convertir a Brasil en Cuba”. 

Con el nuevo presidente, Michel Temer, sucede lo mismo: es un “golpista traidor”, que llegó al poder sin votos, o un respetado profesor de Derecho Constitucional que, armado de su experiencia, traerá orden al país después de meses de crisis política. 

Sea como fuere, la era de Dilma Rousseff ya es historia en Brasil, pero parece que la revancha le llegará pronto, pues no obstante todo lo ocurrido, el gobierno interino de Michel Temer, que estará al frente del país hasta 2018, también está manchado por la trama de pagos ilegales repartidos entre cargos políticos de varios partidos, incluido el PT, directivos de la petrolera Petrobras y ejecutivos de las constructoras de las obras públicas cuyas concesiones, acusan, fueron amañadas. 

Temer, de 75 años, asumió formalmente su cargo en el Palacio de Planalto de Brasilia tres horas después de ejecutarse la destitución de Dilma y pone fin definitivo a 13 años de gobiernos de izquierdas en el país. 

Este es el tercer proceso de destitución de un presidente en la historia de Brasil. El primero, en 1954, derivó en el suicidio del presidente Getulio Vargas mientras que el segundo, en 1992, primero del actual periodo democrático, forzó la dimisión de Collor de Mello ante una gran oposición en las calles. Rousseff, por el contrario, aguantó en su cargo hasta el final del proceso, que da pie a un nuevo gobierno del PMDB sin haber ganado nunca unas elecciones directas, algo que no hizo José Sarney en 1985 ni tampoco Itamar Franco cuando asumió el mandato dejado por Collor. 

La última fase del juicio contra Rousseff, arrancó el pasado jueves y acumuló más de 70 horas de debate y discursos de acusación y defensa. Entre ellos, destacaron los llantos de la abogada Janaína Paschoal, una de las denunciantes de las presuntas irregularidades fiscales de la ex mandataria, que llegó a atribuir a Dios el proceso de Juicio Político y pidió disculpas a Dilma por defender su cese, asegurando que lo hizo también “por el bien de las nietas” de la propia ex presidenta. El senador Fernando Collor de Melo, que fue víctima del juicio político en 1992, recordó la “tristeza” que supuso su cese y profirió un discurso confuso que no dejaba muy claro su posición con respecto a Rousseff, con la que se reunió hace unos días. 

Un día después de la destitución, Dilma Rousseff se cobijó en la residencia presidencial, alejada de los medios y el público, pero envuelta en un nuevo proceso judicial que inició para que se revoque la decisión de destituirla como mandataria por presuntamente violar las leyes presupuestarias. 

La ex mandataria tiene un mes para abandonar la bellísima y lujosa residencia presidencial llamada Palacio de Alvorada, ubicado en Brasilia.
Regresará ahora a su modesto departamento de Porto Alegre, la capital del estado de Rio Grande do Sul, donde construyó su carrera política y donde vive su familia.

Las voces internacionales entorno a este asunto no tardaron en escucharse, quizá la más sentida ha sido la del Papa Francisco, quien en ocasión de inaugurar solo un par de días después de la destitución de Dilma una estatua de “Nuestra Señora de Aparecida”, patrona de Brasil , en los Jardines del Vaticano, el Papa habló del “momento triste” que vive Brasil y adelantó que probablemente no viajará a ese país en 2017, como había prometido cuando había viajado en julio de 2013 para la Jornada Mundial de la Juventud. Aparecida es un lugar que Jorge Mario Bergoglio lleva especialmente en su corazón, ya que allí, en 2007, tuvo lugar la reunión del episcopado latinoamericano en la que su figura creció internacionalmente, tras ser nombrado relator del documento final.

Pero si eso sucedió en Brasil, en España pasó lo que ya se esperaba, Mariano Rajoy, alcanzó sólo 170 votos en cada una de las dos jornadas de Investidura que fueron insuficientes frente a los 180 “no” de los socialistas, la izquierda y los partidos nacionalistas vascos y catalanes. Pese a ello, el Partido Popular PP va a defender en las próximas semanas su “derecho a gobernar y a volver a intentarlo” con Rajoy. Y es que hasta ahora, el disminuido Presidente, pero gobernante al fin, seguirá siendo la persona que postule el PP, por lo que no se plantea sustituirlo y promover a otra figura para desmarañar la situación, lo que seguramente es un mensaje dirigido al partido centrista Ciudadanos, que apoyó la investidura de Rajoy tras firmar un acuerdo con 150 medidas.
 

Ante el esperado fracaso, su líder, Albert Rivera, había invitado al PP a presentar un candidato “con una investidura viable”. Incluso algunos socialistas han dado a entender que sin Rajoy al mando, considerado un símbolo de años de corrupción dentro de su partido, podrían dejar al PP gobernar. Los partidos españoles temen que el país vaya a unas nuevas elecciones en diciembre si persiste el bloqueo político. Según los plazos legales caerían el 25 de diciembre, y serían las terceras en un año, después de las de diciembre de 2015 y las de junio, ganadas ambas por el PP aunque sin mayoría absoluta, lo que ha dejado a un Rajoy bastante acotado en sus determinaciones y ha también abierto en muchos sectores el debate sobre la segunda vuelta en las votaciones.

No por esperado, resulta menos incomprensible el papel que representó en el Congreso de los Diputados el secretario general socialista, Pedro Sánchez, con una intervención que cerraba cualquier posibilidad a la investidura de Mariano Rajoy, aunque, eso sí, entre protestas cada vez que el candidato popular le endilgaba la responsabilidad de una nueva convocatoria de elecciones. Pero si el líder socialista no desea unas terceras votaciones ni, por lo que sabemos hasta ahora, pretende convertirse en una piedra en el zapato para el Gobierno, ni está dispuesto a dar su brazo a torcer para desbloquear la situación, sólo cabe inferir que busca el más que improbable desistimiento del presidente del Gobierno, la renuncia voluntaria a su victoria electoral.  

Sin duda, la táctica del actual secretario general del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, no dejará de provocar algún desgaste, por leve que sea, en la posición de su adversario, pero hay en todo este asunto una indefinible sensación de berrinche que está afectando mucho más su propia carrera  política. Al menos, eso dejó entrever su sobreactuado discurso catastrofista al más puro estilo Donald Trump, que ni siquiera le pudo haber creído el líder de Podemos, Pablo Iglesias, proclive a las posturas de demagogia y radicalismo.  

En cierto modo, es como si Pedro Sánchez no pudiera aceptar sus sucesivas derrotas electorales frente a Mariano Rajoy. Como si la pugna política estuviera en el escenario personal y en la irracionalidad egocéntrica, antes que en la generalidad y pensando en el pueblo español que ya merece un Gobierno completo, legitimado y aceptado por la mayoría. Buena parte del problema estriba, precisamente, en que el secretario general socialista no ha querido hacer frente a la evidencia de sus malos resultados electorales –los peores cosechados por el PSOE desde la transición– y está trasladando al conjunto de la sociedad española las consecuencias de su fracaso.  

Dilma

Dilma Rousseff.

El escenario es pues, ante el absurdo de un líder político que plantea siempre el mismo diagnóstico de la realidad, que ofrece siempre las mismas soluciones voluntaristas y que, invariablemente, se ve rechazado en las urnas por la mayoría de los votantes. Desde luego, no se merece la sociedad española ese empecinamiento, que lleva a terrenos peligrosos para el futuro de la nación y su bienestar. Porque, y es preciso insistir en ello, la actual situación política de España exige que cada cual asuma su responsabilidad. No es sólo el riesgo inminente de que se frene la recuperación económica o de que, al incumplir sus compromisos con la Unión Europea, se pierda la influencia que tiene el país tan duramente ganada; es que la sociedad española está obligada a hacer frente al desafío institucional y existencial, que plantean los partidos separatistas, de cuya gravedad dio perfecta cuenta el debate de investidura donde los portavoces nacionalistas reaccionaron con mayor virulencia de lo habitual ante el compromiso expreso del presidente del Gobierno con la unidad de España y la soberanía del pueblo español, y su convicción de defender a toda costa la Constitución. Se trata, en definitiva, de apelar a la responsabilidad para con los intereses generales de quienes tienen en su mano solucionar la situación, que son, salvo improbable cambio esos mismos nacionalistas que manifestaron durante las jornadas de Investidura que no se sentían involucrados por los problemas de gobernabilidad de España. Es decir, también el PSOE.  

Si bien, pese al resultado de la votación, no está todo dicho, por lo escuchado a Pedro Sánchez, por el tono de su intervención, por sus gestos y, también por lo que calla, no parece que vaya a ser posible la investidura de Mariano Rajoy ni ahora ni antes de que termine el plazo en octubre, cuando España debería tener preparados los Presupuestos Generales del Estado para su obligada remisión a Bruselas, como lo requiere la Unión Europea.  

Tal vez, ante el hecho consumado, surja algún movimiento interno en el Partido Socialista que permita abrir una brecha en el bloqueo, pero, a día de hoy, la realidad es que España permanece con un gobierno literalmente interino. 

Así pues, el PSOE ha culminado su última operación política: impedir que Mariano Rajoy sea investido presidente y llevar a España al bloqueo institucional y para esto no ha sido necesario presentar ninguna alternativa, ni fórmula de gobierno, ni siquiera soñar con una gran coalición con Podemos e independentistas.  

Sin embargo la otra cara de la moneda y la línea a seguir en contraste con lo que otros partidos hagan, la ha marcado el ex Presidente Felipe González, y es que no en pocas ocasiones ha pedido que el PP cambie de candidato, pues argumenta que el mal podría estar en la misma casa, pero también la solución al entrampamiento político, su razonamiento -nada descabellado- se resume en que «El partido más votado presenta un candidato que es el más vetado». Cómo será la situación del socialismo español en estos momentos, que ha tenido que salir a la palestra un presidente que, aunque también votado, tuvo el veto de la corrupción institucionalizada y algún asunto inconfesable en la lucha antiterrorista, algo así como si el ex Presidente Salinas saliera a defender al Presidente Peña por el craso error de haber recibido a Trump en Los Pinos hace tan solo unos días y haber quedado en ridículo al no reprocharle en público, lo que luego dijo que si le había reclamado, pero en privado.   

Si Rajoy ha sido el candidato del partido más votado, no puede ser vetado, por estricto sentido democrático. Sólo las urnas pueden hacerlo y nada indica que pueda ser así. De momento, Rajoy ha convocado al Comité Nacional del PP, algo que Sánchez no ha hecho con el Comité Federal socialista para evitar que afloren las primeras críticas.  

Hay momentos en los que las naciones dan pequeños pasos que suponen saltos dentro de su propia historia. España dio un gran paso con la aprobación de la Constitución de 1978: políticos y ciudadanos estuvieron entonces a la altura de una situación que exigía responsabilidad. Pero la realidad actual refleja  un momento de claro retroceso político, este nuevo y fallido intento por conformar gobierno fue la demostración de que los partidos políticos no han sabido administrar correctamente el mandato recibido en las urnas. Se puede decir sin temor a equivocarse que ha sido un fracaso colectivo sin paliativos. En las dos sesiones de investidura quedó claro que en muchos políticos siguen pesando más sus intereses personalísimos que los generales del país.  
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