La igualdad de derechos ¿contra la moral privada?

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Gabriel Torres-09El ‘Frente Nacional por la Familia’ –apoyados por la jerarquía Católica– convocaron a marchas en todo el país en contra de la iniciativa que presentó en mayo pasado el presidente de la República; lo que incluye que todos tienen el legítimo derecho para acceder a la unión conyugal civil, independientemente de su sexo, credo, o condición económica.

La iniciativa del presidente, debe apuntarse, es un propuesta que atiende única y exclusivamente la igualdad de derechos frente a la ley, y derechos humanos.

Nuestra Carta Magna, en su art. 1, párrafo 5, señala: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana (…)”.

Son muchos los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano que se encuentran en esta misma línea: Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Todos éstos acuerdos mencionan la obligación de respetar los derechos humanos, observando los principios de ‘igualdad ante la ley’ y la ‘no discriminación’.

En relación a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado lugar a diversas jurisprudencias y declaratorias de inconstitucionalidad para señalar que 1) la Constitución no determina ni alude a un tipo de familia en específico; 2) que cualquier ordenamiento legal que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación, es inconstitucional; y 3) que el matrimonio circunscrito a hombre y mujer vulnera los principios de igualdad y no discriminación.

Más allá de lo anteriormente expuesto, resulta especialmente relevante destacar lo siguiente: 1) un Estado Laico no es –como algunas veces se piensa– enemigo de la religión; por el contrario, es aquel que tutela y garantiza la libertad de creencias; y 2) si bien el Estado no puede intervenir, cuestionar o definir los dogmas, esto es, el conjunto de creencias que constituye una doctrina religiosa; lo que sí puede y debe hacer, es regular el culto, es decir, la manifestación externa de la religión, y esta última debe supeditarse necesariamente al ordenamiento jurídico del Estado.

De tal suerte que de la misma manera que un Estado Laico no puede cuestionar la fe (debe garantizarla), la jerarquía de ninguna religión puede interferir en los asuntos políticos del Estado, ni mucho menos pretender la creación de un ordenamiento jurídico que vulnere derechos.

En otras palabras, las religiones bien pueden prohibir el matrimonio entre homosexuales dentro de su ceremonias –como parte de su fe– y, ciertamente, el Estado no tiene facultad alguna para cuestionarlo.

No obstante, las religiones están impedidas para interferir en el matrimonio de orden civil entre homosexuales, en la medida de que esa es una facultad única y exclusiva del Estado, a la que otorga validez jurídica y oficial.

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