Brasil, escándalo y drama

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El ex presidente de Brasil es acusado de corrupción. En la foto: Marisa Letícia, esposa de Luiz Inacio Lula da Silva.

El ex presidente de Brasil es acusado de corrupción. En la foto: Marisa Letícia, esposa de Luiz Inacio Lula da Silva.

LA DEFENSA DE ROUSSEFF SOSTIENE QUE NO HAY PRUEBAS CONCRETAS PARA CONDENARLA Y TILDA AL JUICIO POLÍTICO DE UN “GOLPE DE ESTADO”

En medio del escándalo y drama de la crisis económica, política y social que padece Brasil, a la etapa final del juicio político en el Senado a la suspendida presidenta Dilma Rousseff por manipulación de las cuentas públicas, se le suma que la Policía Federal de Brasil presentó cargos por corrupción pasiva, lavado de dinero y falsificación de documentos contra su padrino político, el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, sobre un departamento que habría obtenido a cambio de favores dentro del esquema de corrupción en Petrobras.

Es la primera vez que Lula queda formalmente acusado en el marco de las investigaciones de diversos escándalos relacionados con la máxima petrolera carioca. El popular ex presidente ya estaba procesado en Brasilia por presunta obstrucción de la justicia en el caso, y también está bajo la lupa judicial por otras denuncias en torno a presuntos jugosos pagos que recibió de varias constructoras por conferencias, charlas, pláticas y seminarios.

La nueva acusación tiene como eje, no una casa “blanca” valuada en millones de dólares, ni un departamento de súper lujo en Miami, valorado también en una jugosa cantidad de dólares norteamericanos, se trata en este caso de un departamento tríplex en el edificio Solaris, en el balneario paulistano de Guarujá, que según la Policía Federal es propiedad de Lula, aunque los abogados del líder del Partido de los Trabajadores (PT) lo niegan. De acuerdo a las investigaciones policiales, el ex presidente fue beneficiario de trabajos de reforma realizados en el departamento por la constructora OAS, una de las acusadas de haber pagado millonarias sumas a directivos de Petrobras y políticos petistas para asegurarse contratos con la petrolera estatal. El inmueble fue cotizado en unos 450,000 dólares y las obras que allí se hicieron sumaron 340,000 dólares. Cantidades que aunque onerosas, se ven “modestas” frente a los millones de dólares que dicen, cuestan los inmuebles que han relacionado con la primera dama mexicana, a quienes las criticas ni siquiera han despeinado.

Según ha dicho varias veces Lula, su esposa, Marisa, pagó la primera cuota a una cooperativa para la compra del departamento, pero luego desistió del negocio y pidió que le devolvieran el dinero, por lo que no se le puede atribuir a ellos la propiedad del inmueble. Además de Lula y su esposa, fueron acusados hoy el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, así como el presidente de OAS, Léo Pinheiro, y otro ejecutivo de la compañía.

La medida causó nerviosismo y aprensión en las filas del PT, en momentos en que en el Senado se lleva adelante la jornada de sesiones en la etapa final del juicio político contra la suspendida presidenta Rousseff. Ya había trascendido que Lula acompañaría a la mandataria al recinto de la Cámara alta, cuando por primera vez ella se defenderá en persona de las acusaciones en su contra por haber presuntamente maquillado las cuentas públicas en los últimos años, presuntamente para esconder el déficit fiscal y garantizarse así la reelección en 2014.

En concreto, la policía sostiene que el expresidente brasileño y su mujer obtuvieron gratis la remodelación, los muebles y los electrodomésticos del departamento objeto de las acusaciones.

A Lula la policía le incrimina un delito de corrupción, de lavado de dinero y de falsedad en presentación de documentos. A su mujer, de corrupción y de lavado de dinero.

 Éste no es el único frente judicial que acusa al expresidente Lula, el político más popular de Brasil en su era de presidente, desde enero de 2003 a diciembre de 2010. A finales de julio, le fue imputado por un juez de Brasilia el delito de obstrucción a la justicia. En esa causa, se le acusa de formar parte de un grupo de varias personas (entre las que se contaban empresarios y políticos relevantes) para comprar el silencio de uno de los implicados en la red de corrupción de Petrobras que amenazaba con hablar y delatar a altos cargos del (PT). Pero ahí no terminan los cargos, el Tribunal Supremo le investiga por tratar de obstruir la justicia también amparándose en un cargo de ministro —que nunca llegó a ostentar— a fin de obtener inmunidad que le permitiera escapar del juez Sérgio Moro y de su investigación, precisamente, sobre el departamento en la playa y su polémica reforma.

En torno a ello, el pasado 4 de marzo, la policía llevó a Lula a declarar por este caso del departamento de Guarujá. Su traslado a una comisaría de São Paulo situada en el aeropuerto de Congonhas sacudió al país por entero, uno de los síntomas de la repercusión social que acompaña cada paso del expresidente brasileño. Ante la policía, Lula negó ser dueño ni del departamento de la playa ni de otra casa de campo que se investiga. Un portavoz del Instituto Lula asegura ahora que el expresidente sigue ratificando sus declaraciones y que la citada organización no está a su nombre. La policía aporta como pruebas, sobre todo, los mensajes del ingeniero de la obra del departamento, Paulo Gordilho, en los que se refiere, sin citarlos por su nombre, tanto a Lula como a su mujer en conversaciones relativas a las obras.

A Lula le llama “jefe” y a la mujer “madame”. Los agentes también adjuntan una foto en la que Lula aparece junto al ingeniero en Guarujá. En su declaración, Lula negó conocer a Gordilho.

Además de Lula y su mujer, la policía también ha incriminado por este asunto al presidente de OAS, al ingeniero que llevó a cabo la remodelación del departamento y al presidente del Instituto Lula, la fundación que se encarga de salvaguardar el legado intelectual del ex presidente.

lula

Lula da Silva.

En medio de todo este embrollo, Brasil se ha convertido en un país donde hay acusaciones de todo tipo contra políticos: desde recibir suculentos sobornos u ocultar cuentas bancarias en el exterior, y también está el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, actualmente suspendida del cargo por 180 días y a punto de ser definitivamente destituida del encargo. El juicio también provocó que Michel Temer se convirtiera, durante ese plazo, en el presidente interino de los brasileños. Todo esto fue posible después de que, en abril, una comisión especial de la Cámara de Diputados le diera luz verde al proceso por considerar que hay indicios de que la presidenta cometió crímenes “de responsabilidad”.

Pero la principal acusación que podría costarle el cargo a Rousseff no es exactamente por el dantesco escándalo de sobornos en Petrobras, que salpica a su gobierno y a la clase política brasileña en general, tampoco se basa en los señalamientos de que la campaña de reelección presidencial en 2014 recibió dinero desviado de la petrolera estatal y de grandes obras públicas, como ha trascendido que admitieron exejecutivos de la constructora Andrade Gutierrez ante los fiscales. La acusación central contra Rousseff en el Congreso es que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.

Y ha causado una gran fisura en Brasil, separando a quienes creen que sería justo destituir a la presidenta por algo así de quienes sostienen que sería una injusticia o hasta un golpe de Estado. Sin embargo el principal alegato estriba en que la  presidenta había cometido una serie de actos “en el sentido de violar la legislación respecto a la salud fiscal del país, dando la impresión de que todo estaba bien”. La denuncia alude en particular a lo que en Brasil se denominan “pedaladas fiscales”, que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno.

El argumento es que esa práctica está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal, pero el gobierno lo hizo de todos modos para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos.

Por eso mismo, el Tribunal de Cuentas brasileño rechazó las cuentas de la administración de Rousseff en 2014, año en que fue reelecta por escaso margen.

Aunque esas maniobras contables fueron usadas por gobiernos anteriores, hay datos oficiales que indican que se volvieron mucho más frecuentes durante la gestión de Rousseff.

Los denunciantes sostienen además que las irregularidades continuaron en 2015, algo clave, ya que varios juristas creen que la presidenta sólo puede ser juzgada por delitos cometidos en su actual mandato. Rousseff, que nunca ha sido acusada de enriquecimiento ilícito, niega haber cometido el crimen de responsabilidad que le atribuye la oposición o delito alguno que vuelva legal el juicio político en su contra. En cambio, la comisión de Diputados que analizó el pedimento de “juicio político” en abril se pronunció a favor de abrir el proceso contra Rousseff, afirmando que los hechos denunciados contribuyeron a “una crisis fiscal sin precedentes” en el país. Ahora la decisión está en el Senado y por lo que parece, para la Presidenta Dilma, la suerte ya está echada.

Y es que no hay plazo que no llegue. El Senado de Brasil inició el jueves el juicio de destitución de la suspendida presidenta Dilma Rousseff, que salvo sorpresas de último momento, pondrá fin a cuatro gobiernos consecutivos de izquierda en la mayor economía latinoamericana. El pleno de 81 senadores decidirá si esta exguerrillera de 68 años, deberá dejar la presidencia de la nación carioca por autorizar gastos a espaldas del Congreso y desviar entre diversas partidas las finanzas públicas, -lo que dicho sea de paso, aquí en México sucede con bastante frecuencia sin que haya severas penalidades para sancionar esos hechos-. Así pues, la destitución de la primera presidenta mujer de Brasil terminaría con más de 13 años de gobierno del Partido de Trabajadores (PT), que fundó Luiz Inacio Lula da Silva, el político que encarnó el despegue de Brasil, el éxito de la lucha contra la pobreza y que dejó el poder con una economía pujante y una popularidad sin precedentes. Pero eso ya quedó en el recuerdo. La mayor economía de América Latina se contrajo 3.8% en 2015 y proyecta caer otro 3.1% este año. Un desempleo que supera los 11 millones de personas, inflación y un déficit fiscal de más de 45,000 millones de dólares completan el cuadro de crisis que padece del gigante sudamericano.

La confianza en Brasil se acrecentó de la mano de una crisis política marcada por masivos escándalos de corrupción, en Brasil mucha gente ya no sabe si Dilma ya salió o sigue como presidenta, ni tampoco si con o sin ella habrá mucha diferencia en relación a los actuales problemas de ese país.

Las sesiones para la fase más dramática de este proceso han comenzado pocos días después del cierre de los Juegos Olímpicos de Rio-2016, los primeros en Sudamérica. Fue precisamente Lula quien batalló para traer los Juegos a Brasil. El fallo que cerrará un traumático proceso iniciado el 2 de diciembre del 2015 no pasará del 31 de agosto, según el cronograma fijado. Pero podría adelantarse si prevalecen los esfuerzos de los aliados de Michel Temer, el vicepresidente que sucederá a Rousseff. Los sondeos indican una tendencia prácticamente irreversible en favor de la destitución, que requiere de una mayoría especial de 54 votos (dos tercios).

En las primeras dos sesiones, del jueves y viernes, fueron interrogados los seis testigos de la defensa y los dos de la acusación. Al alegato final, se prevé que Rousseff, figura clave del PT irá personalmente al Senado para dar su versión de los hechos, paso previo al debate de los senadores y la votación dentro de las siguientes horas.

La mandataria denuncia ser víctima de un golpe orquestado por Temer, del PMDB, quien fue su compañero de fórmula en 2014 para ganar la elección. Después de quejarse por ser un “vicepresidente decorativo”, Temer se plegó a un movimiento político forjado en el Congreso y que fue ganando espacio a medida que el país se sumía en el descontento social. La tormenta perfecta la desencadenó el caso Petrobras al exponer una corrupción gigantesca en la clase política brasileña. Altamente impopular, aislada y desconectada de sus bases, Rousseff debió abandonar el Palacio de Planalto para recluirse en la residencia presidencial y organizar su defensa. El vendaval de acusaciones del caso Petrobras golpeó de lleno al PT y llegó hasta el propio Lula. En caso de ser sentenciada, Rousseff quedará inhabilitada para ocupar cargos públicos por ocho años. Si es absuelta, esta economista de carácter estoico y que militó en una guerrilla marxista durante la dictadura, recuperará su gobierno.

La defensa de Rousseff sostiene que no hay pruebas concretas para condenarla y tilda al juicio político de un “golpe de estado”. De ser así, Temer asumirá un país con los mismos problemas que erosionaron a su exiliada: un partido alcanzado por la corrupción -también el Partido del Movimiento Democrático Brasileño PMDB es uno de los grandes investigados en la red de sobornos de la petrolera-. Y es que al parecer nadie se escapa: de los 81 senadores, más de la mitad tienen cargos o están bajo investigación por causas de corrupción. El cese temporal de Rousseff ha generado esperanza y algo de confianza a nivel internacional. Pero Temer -que arranca con una popularidad de apenas 14%- deberá tomar medidas drásticas si es que de verdad quiere limpiar al gobierno y clase política de tanto cochambre.

Dilma

Dilma Rousseff.

Dilma intentó promover recortes en el gasto público desde inicios de su segundo mandato, pero lo único que logró fue perder a gran parte de sus simpatizantes. En los próximos días, Rousseff estará cara a cara con la historia, como estuvo hace 24 años el por entonces presidente Fernando Collor, el primero en ser elegido en forma directa desde el retorno de la democracia, antes de perder su cargo a manos del Senado.

El tercer día del Juicio contra Rousseff, separada del poder y acusada de maquillar las cuentas públicas para asegurar su reelección en 2014, práctica vedada por la Constitución que según sus detractores siguió tras asumir, tuvo el testimonio de una figura de su gobierno: el exministro de Hacienda Nelson Barbosa. “No hay como hablar de ilegalidades”, dijo Barbosa tras detallar que la edición de unos decretos que le endilgan a Rousseff haber aprobado a espaldas del Congreso respetó la Constitución. “La presidenta tiene un gran respeto por el Congreso, añadió al ser interrogado por senadores detractores de Dilma. Las cinco votaciones previas a la sentencia que se conocería entre el martes y el miércoles fueron favorables a condenar a la primera mujer en presidir Brasil. Las sesiones previas estuvieron caracterizadas por graves acusaciones, descalificación de testigos e insultos cara a cara que obligaron a suspender los trabajos al menos tres veces.

Con más de la mitad de los senadores con causas pendientes o bajo investigación, la sombra de la corrupción sobrevuela el recinto legislativo, pero  fue la senadora Gleisi Hoffmann (PT), también bajo la lupa de la justicia, quien abrió la caja de Pandora el primer día al cuestionar la moral del Senado para juzgar a Rousseff. La mandataria de 68 años jugará su última carta el lunes cuando enfrente a sus acusadores durante el alegato de la defensa que hará personalmente. Sin embargo las oportunidades de Dilma se esfuman, el viernes la policía acusó al PT y a Lula, padre del llamado milagro socioeconómico brasileño, de beneficiarse de desvíos de fondos de la estatal Petrobras.

Por el momento, los sondeos previos a la votación realizados por el periódico indican que 52 senadores están a favor de la destitución, 18 en contra y 11 son los indecisos. Para que Rousseff sea definitivamente apartada de su cargo se debe alcanzar el mínimo de 54 votos.

Los defensores de Rousseff intentan dilatar el proceso para evitar que el debate continúe sumando votos en su contra mediante la presentación de numerosas cuestiones previas que motivaron las protestas de la mayoría adversa.

El enfrentamiento dialéctico subió de tono y el propio presidente del Senado llegó a perder la compostura cuando discutió con la senadora Gleisi Hoffmann, una de las más fieles escuderas de Rousseff.

La votación que decidirá la suerte de Rousseff está prevista para el martes o miércoles y es cuando la presidente podrá perder definitivamente el poder si así lo decide la mayoría calificada.

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