Síndico acosador y sin legitimidad

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Jonas-05El síndico de San Pedro Tlaquepaque, Juan David García Camarena, está denunciado por hostigamiento y abuso sexual ante la Fiscalía Central de Jalisco.

García Camarena está sujeto, también, a una profunda controversia por incumplir con sus obligaciones. La prueba tangible es que el pasado 27 de julio en sesión del Ayuntamiento, se aprobó ceder el poder judicial y extrajudicial para pleitos, cobranzas y actos de administración laboral a los abogados Carlos Efraín Arias y Luis Salazar Martínez. Éstas son facultades exclusivas del síndico, y si la misma presidenta municipal sostiene una iniciativa para desacreditarlo, es porque sencillamente no cumple su trabajo.

¿Por qué no despiden de su cargo a un funcionario que además de ser investigado judicialmente por acoso sexual está siendo paralizado en su tarea? Porque el de síndico es un puesto de elección; él estaba registrado en la planilla que llevó a María Elena Limón a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque y al votar por ella, los tlaquepaquenses también votaron por él y los candidatos a regidores, aunque no fueran plenamente conscientes de eso. Un cargo de elección es irrenunciable y lo más parecido es una solicitud de licencia que debe aprobar el Ayuntamiento.

La otra vía para que García Camarena sea separado del cargo está en manos de los diputados del Congreso estatal. Los legisladores podrían retirarle el fuero en un juicio de procedencia, debido a las acusaciones de hostigamiento y acoso sexual exhibidos en la averiguación 67/2016, del mes de enero de este año, por parte de Rosa Patricia García Méndez, quien trabajaba en el Ayuntamiento de Tlaquepaque y estaba asignada a labores en la oficina de la Sindicatura. Antes de que hubieran transcurrido tres semanas de que estrenara jefe, ya había padecido las condiciones que éste ponía para que ella se quedara en el puesto.

Antes de que los diputados procedan debe haber una solicitud de la Fiscalía Central que encabeza Rafael Castellanos, y eso no ha sucedido todavía.

Hay un par de elementos que hacen más grave el caso del síndico acosador de Tlaquepaque: primero, él ocupa ese cargo en el único municipio del Área Conurbada de Guadalajara gobernado por una mujer; y, en segundo lugar, el mismo Gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, anunció en febrero de este año que San Pedro Tlaquepaque estaba en la lista de ocho municipios en los que aplica la Alerta de Violencia Contra las Mujeres. Desde entonces, y con un presupuesto de 25 millones de pesos, se presume que han aplicado una serie de “políticas integrales” para proteger a las mujeres.

Naturalmente, hay casos mucho más graves que hostigamiento y acoso sexual del que es acusado el síndico de Tlaquepaque, como lo son los más de 450 asesinatos de mujeres en Jalisco documentados desde 2013.

Pero, ¿cómo es posible que siga en el cargo un síndico con antecedentes de acosador y, además, se queda en su oficina deslegitimado, sin hacer nada –claro que está cobrando su sueldo– porque la máxima autoridad del municipio le perdió la confianza?

La obligación de actuar es de la Fiscalía Central y del Congreso estatal.

Juan David García Camarena sigue en ese cargo público por un vacío legal que más parece un tumor social.

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