Otra sacudida para Peña

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Salvador Cosio-08Siguen los impactos tipo obús contra el presidente de México. Le llueve sobre mojado y el nuevo golpe parece ser algo como lo que en el lenguaje boxístico se denomina un gancho al hígado; y, como consecuencia, aparece un gran tachón más a la de por sí vapuleada imagen de Enrique Peña Nieto. De esta manera, tanto la opinión social que se refleja por el cúmulo de comentarios insertos en los medios en México, así como en diversos lugares del mundo, la información sobre el nuevo asunto turbio del que se presume como muy posible la existencia de actos de corrupción a cargo de la pareja presidencial es, como dirían en el argot popular, ‘una raya más al tigre’. Y, en tono de broma, se dice que la Secretaria de Salud debe recomendar comer gaviota por ser más nutritiva que el pollo y tener más propiedades incluso que el nopal.

El caso es que se siguen construyendo episodios o capítulos a la novela sobre ilícitos, corrupción, impunidad, así como otros ingredientes, entre los que están actores y actrices que juegan el papel de prestanombres para el intento de blindaje informativo y evitar consecuencias de orden legal y fiscal a la pareja presidencial. En este caso, contamos con el papel de los hermanos Ricardo y Aurora Pierdant Grunstein que, quizá, además de benefactores devolviendo favores recibidos, sean empleados de Peña Nieto y Angélica Rivera. 

Y es que como se ha difundido profusamente, tras el resultado de una investigación realizada por el diario The Guardian se revela lo que aparenta ser un nuevo conflicto de interés en el que está involucrada Angélica Rivera Hurtado, la actual esposa de Peña Nieto. Esto cuando hace apenas unas semanas, el Presidente había intentado, aunque en forma torpe y por enésima ocasión, limpiar su imagen tras los escándalos difundidos en 2014 cuando se le exhibió por estar involucrado junto con su citada esposa en la apropiación de una gran mansión en las calles de Sierra Gorda del exclusivo fraccionamiento residencial Las Lomas de Chapultepec en La Ciudad de México. Según la información que aporta el afamado periódico británico, Angélica Rivera y sus hijas, y obviamente también muy frecuentemente Peña y el resto de su clan familiar, hacen uso de un lujoso inmueble en un edificio llamado Ocean Tower One, ubicado en una urbanización en Key Biscayne, una de las zonas residenciales con vocación turística de mayor valor en Miami, Florida. Apartamento que, además y acorde con lo comentado por el reconocido medio londinense, tendría un valor de al menos 2.8 millones de dólares; y, en cuanto a su administración y mantenimiento, está a cargo del llamado ‘Grupo Empresarial Pierdant’, encabezado por Ricardo Pierdant, de quien se sabe participa en negocios relativos a edificación, preservación, administración y comercialización de instalaciones marítimo-portuarias.

Según The Guardian, el mercader Pierdant está ligado con acciones relativas a esa actividad empresarial en vinculación con entidades dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal Mexicano, y es conocido que mantiene la activa pretensión competitiva participando en convocatorias para la obtención de próximas concesiones gubernamentales. Para mayor abundamiento: la hermana de Ricardo Pierdant, de nombre Aurora Pierdant Grunstein, ha sido destacada funcionaria en Petróleos Mexicanos (PEMEX), y ha estado ligada tanto a escándalos por los que fue sancionada, como las actividades de cabildeo ante legisladores en pro de la aprobación de leyes sobre energía, y trabaja como ejecutiva de alto nivel en una empresa privada de consultoría y gestión de servicios que ha otorgado a Pemex; también tiene contratos asignados por esa empresa oficial y otras instancias públicas. 

A pesar que la presidencia de la República, por conducto de su vocero oficial, Eduardo Sánchez, pretenda desmentirlo sin mostrar elemento alguno en descargo, señalando de falaz al medio internacional que lo difundió, ya el periodista de The Guardian y autor del reportaje, José Luis Montenegro, se encargó de avivar la flama de la hoguera en que se está quemando nuevamente al Presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa, al difundir los audios, así como más detalles sobre el nuevo escándalo. Éste estimula el descrédito que merecidamente padece el Presidente de México, a quien desde hace varios años ya se le ha venido reputando como involucrado en asuntos turbios que envuelven posible corrupción, tráfico de influencia, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses.

 Este asunto estaría ligándose a que cuando salió a la luz pública el tema de la famosa Casa Blanca de Las Lomas, la famosa ‘Gaviota’, esposa de Peña Nieto, aceptó poseer un departamento de lujo en Miami en el que habitó algún tiempo con sus hijas, y ahora resulta que ese inmueble identificado como el apartamento 303, está ubicado justo abajo del que ahora se informa está utilizando con el permiso del propietario, que es el empresario Pierdant. Con el dato adicional de que en la investigación periodística ahora revelada por The Guardian, reporteros de este medio informativo tuvieron comunicación telefónica con una persona que dijo llamarse María y ser empleada de apoyo doméstico trabajando para Angélica Rivera, e hizo saber que cualquier correspondencia dirigida a su empleadora podría ser entregada en cualquiera de los dos apartamentos contiguos, ya que la familia utilizaba ambos. De esto se presume que son propiedad, o están en posesión, del mismo negociante Pierdant, quien pudiera haberle ya transmitido la propiedad de uno de los apartamentos y concederle el permiso de ‘uso a título gratuito’ del segundo inmueble que ahora sale a relucir, que es el identificado con número 404 y aparece a nombre de la compañía ‘Biscayne Ocean Holdings, LTD’, propiedad de Pierdant. Esta empresa fue, parece ser, por medio de la cual el citado negociante adquirió dicho inmueble, mismo que, desde que fue adquirido, se le entregó para su uso a Angélica Rivera para disfrutarlo a fin que lo usare como una extensión de su otro departamento, permitiendo en los hechos que se manejen como una sola unidad. 

Las dos propiedades están conectadas entre sí por un elevador privado y comparten el mismo número de teléfono.

También se informa que en marzo de 2014 la compañía de Pierdant se encargó de pagar el impuesto de propiedad no sólo de la unidad 404, sino también de la 304, aunque está a nombre de Rivera y el monto del impuesto pagado en ese año fue de 29 mil 703 dólares. Además, según datos de una investigación publicada por UNIVISION, se desprende que cuando se adquirió el departamento 404 por Pierdant, la fecha coincide con un viaje que Peña Nieto y Rivera Hurtado hicieren a Miami. 

Siendo Candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al cargo que ocupa desde el día primero de diciembre de 2012, el Presidente Peña afirmó que el combate a la impunidad sería una de sus prioridades; pero, hasta ahora, la lucha anticorrupción sigue en simple promesa, continuando impunes cientos de criminales, muchos de ellos funcionarios y ex burócratas que siguen burlándose del pueblo, siendo patente el repudio social a los ya demasiados asuntos vinculados a corrupción e impunidad prohijados o tolerados desde la más alta esfera del poder público al quedar sin atender, especialmente los que involucran al Presidente y su familia. 

Recientemente, Peña retomó el asunto pretendiendo convencer a la opinión pública que no existió inmoralidad alguna por haber recibido turbiamente, del consorcio contratista de servicios al gobierno denominado ‘Grupo Higa’, la famosa mansión valorada en más de 8 millones de dólares y que se le conoce como Casa Blanca. Peña aprovechó el evento de promulgación de las nuevas normas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que aprobó el Congreso de la Unión, y pidió perdón a los mexicanos por dicha sucia operación inmobiliaria mediante presumible tráfico de influencia, enriquecimiento ilegítimo y conflicto de intereses; sin embargo, se limitó a expresar su pesar por lo que dijo fue tan sólo un torpe manejo del tan escandaloso asunto, aceptando haber provocado amplio reclamo de la sociedad, pero empecinado en negar alevosía e ilicitud por tan cuestionado como injustificable acto de corrupción. 

Pero para obtener perdón, Peña necesita primero aceptar con humildad que cometió un ilícito sometiéndose a la sanción correspondiente; y al ofrecer una disculpa, debe sujetarse a la voluntad de los ofendidos en cuanto quieran aceptarla y quizá otorgar el perdón, debiendo para ello desahogarse el procedimiento de reparación o resarcimiento de daño material y de índole moral a los ofendidos por un presunto delito en el que va de por medio una lesión a la sociedad, e inclusive, un posible quebranto al erario. 

Al promulgar Peña Nieto, hace ya cerca de un mes, las normas del nuevo esquema anticorrupción (SNA), ordenó la renuncia de Virgilio Andrade a quien en febrero de 2015 había nombrado a cargo de la Secretaria de la Función Pública (SFP). Peña estaba obligado a impulsar de inmediato, como nuevo responsable de la lucha contra la impunidad, a alguien dotado con el más adecuado perfil profesional y técnico y el aval comunitario que prohijare la corresponsabilidad social y política del nombramiento a fin de propiciar buenos resultados; no obstante, hasta ahora, ha incumplido negligentemente la obligación de proponer al Senado de La Republica un nuevo titular de la SFP, dependencia que está descabezada desde hace bastante tiempo, siendo la institución responsable principal de la labor gubernamental anticorrupción. 

Por asuntos turbios, incluso de menor relieve, en otras naciones se han imputado a altos funcionarios, cayendo de su cargo jefes de Estado y de Gobierno, algunos ya sujetos a proceso penal… pero estamos en México, el país donde reinan corrupción e impunidad. El hartazgo de los mexicanos es patente, como demasiada es, sin duda, la gran desconfianza del pueblo en Peña Nieto y su gobierno. 

Más que buscar salir a la defensa de lo indefendible, criticando a The Guardian o a UNIVISION, lo que debería ya de hacer Peña Nieto es pensar en renunciar a su cargo por ineficaz y deshonesto, sometiéndose a las consecuencias legales, políticas y sociales correspondientes. 

 

El presidente, Enrique Peña Nieto.

El presidente, Enrique Peña Nieto.

EL COSTO DE LA CORRUPCIÓN

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) por motivo de la inmensa corrupción y la gran e impunidad que nos aqueja como nación, México pierde anualmente 890 mil 500 millones de pesos, suma que representa el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a 165 pesos al día por cada uno de los mexicanos. 

La más acreditada institución Mexicana de promoción y evaluación  del mejor esfuerzo para mejorar la productividad y competitividad del país, estima que, en promedio, cada poblador de nuestra Patria desembolsa alrededor del 14 por ciento de su ingreso para pagar costos relacionados con actividades más allá de la legalidad, a efecto de obtener el acceso a los servicios básicos o a procurarse gestión más expedita de sus necesidades familiares e incluso evitarse molestias ocasionadas por la insana práctica de elementos corruptos enquistados en dependencias gubernamentales. El porcentaje se incrementa tratándose de las gestiones que realizan personas físicas o morales con actividad productiva, a efecto de   palear la carencia de requisitos adecuados para obtención de los elementos legales necesarios para desarrollar una actividad comercial o de servicios, sea por imposibilidad de acopiar y presentar los instrumentos o herramientas indispensables para la obtención de la permisología adecuada para estar en aptitud de prestar un servicio o comercializar algún tipo de mercancía, o incluso, para realizar esa tarea sin los requisitos adecuados.

 El costo de la corrupción también incluye lo que muchos mexicanos deben de pagar por extorsión de agentes de distintas corporaciones policiales: inspectores y mandos de diversas dependencias de inspección y vigilancia de reglamentos, así como de empleados y funcionarios que esquilman al contratar o pagar por los servicios de particulares que, por contar con la aptitud suficiente, son o quieren ser proveedores de bienes o servicios para dependencias e instituciones del sector público. 

Según el IMCO, los más afectados son los más pobres, ya que el porcentaje de erogación para sufragar la corrupción asciende a 33 por ciento en los estratos que perciben el salario mínimo. 

También la corrupción y la impunidad son fuente amplia de pérdida para las finanzas públicas: tanto las instancias federales como las de la administración pública del ámbito estatal y municipal, recaudan menos de lo que deberían, además que hay importantes mermas al incrementarse el costo de los servicios y adquisiciones, pues los proveedores del sector público reciben en sus precios el alto costo que conlleva el cáncer llamado corrupción e impunidad. Es claro, pues, que los diferentes tipos de corrupción generan deficiencia en los servicios públicos, siendo más aquejados los de salud, educación, seguridad jurídica, y el costo de la regulación en las diferentes materias, y eso le afecta a los ciudadanos. 

Pero el Banco de México (BANXICO) es más severo que el IMCO pues apunta que en el 2015 la corrupción le costó a México el equivalente al 9 por ciento del PIB y lo justiprecia en un billón 602 mil 986 millones 130 mil pesos.

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