¡CORRUPCIÓN EXTREMA!

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Salvador Cosio-08Entre 2012 y 2014 la administración del Gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jackez, realizó depósitos por casi 80 mil millones de pesos a una sociedad financiera privada de la que su actual Secretario de Hacienda resultó ser abogado y accionista. En principio se denunció que se trataba de recursos públicos de origen estatal, pero, posteriormente, la PGR abrió indagatoria concurrente por el presunto desvío de recursos federales en esas transacciones, por lo que en diciembre de 2015 se emprendió el análisis del origen del dinero que se envió a dicha sociedad financiera a través de casi 350 transferencias bancarias. De estas operaciones, se dice, se beneficiaron ilícitamente a la sociedad financiera Unión Progreso que, junto con otras, se fusionaron para formar el Banco Progreso, del cual el propio Gobernador obtuvo participación accionaria a través de un fideicomiso.

En su análisis de la cuenta pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), advirtió irregularidades en casi todos los programas y subsidios federales revisados, incluyendo operaciones en donde el destino del dinero no fue corroborado; esa investigación se integró a la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-19, misma que la PGR integra a partir de la denuncia que se interpuso en septiembre de 2014 por enriquecimiento ilícito, uso indebido del servicio púbico y otros delitos. El colectivo ‘Unión Ciudadana’ fue quien denunció al Gobernador César Duarte, a su Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, y a otros funcionarios, señalando que, presuntamente, éstos utilizaron dinero público y de origen dudoso para impulsar una sociedad financiera de la que eran accionistas.

Uno de los puntos clave fue el fideicomiso número 74474, abierto en 2012 por el Gobernador César Duarte y su esposa Bertha Olga Gómez Fong, con un fondo de 65 millones de pesos. En el contrato de ese fideicomiso se establece que el objetivo del mismo es que “en el futuro se adquieren las acciones de BANCO que integran el patrimonio del presente fideicomiso”; y en las definiciones se establece como “BANCO” a la institución de banca múltiple denominada Banco Progreso, que surgiría de una reestructura de sociedades financieras. En 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la creación de dicho banco y la fusión de la sociedad financiera Unión Progreso y otras instituciones financieras.

César Duarte.

César Duarte.

A fines de 2012, el Gobernador César Duarte buscó a través de  varias declaraciones explicar el origen de los fondos depositados en el citado fideicomiso, que según la denuncia incoada en la PGR, no se justifican las erogaciones acorde a los ingresos del mandatario estatal. Sin embargo, el Gobernador Duarte aseveró que el dinero provenía de ganancias lícitamente obtenidas por su actividad empresarial de comercializacion de vehículos y productor agropecuario. 

Entre 2012 y 2014, la Tesorería del Gobierno Estatal de Chihuahua hizo depósitos en dichas sociedades financieras por cientos de millones de pesos, lo que contribuyó a su fortalecimiento. Sobre esos depósitos Duarte quiso matizar el impacto al decir que “era un conflicto de interés relativo”, y justificó que se hicieran porque Unión Progreso ofrecía las mejores tasas de interés; pero, posteriormente, espetó que esos movimientos fueron autorizados por su Secretario de Hacienda sin su conocimiento. Pese a ser secretario de Hacienda en funciones, Herrera Corral mantuvo su empleo en Unión Progreso. En la autorización de la fundación del Banco Progreso que publicó la Comisión Bancaria en abril de 2014, aparece el nombre del funcionario como representante legal de las sociedades financieras.

Hasta ahora, la investigación por estos hechos sigue en curso en la PGR, y se espera que pronto existan contusiones acusatorias. Hay que señalar que, además, al auditar la cuenta pública 2014 del Poder Ejecutivo de Chihuahua, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó irregularidades que involucran a la Secretaría de Hacienda estatal en el manejo irregular de 15 partidas de recursos públicos federales; dichas deficiencias son: la no comprobación adecuada del destino del dinero; el no gastar los recursos para los conceptos que se destinan y retenerlos; la expedición de facturas irregulares; anomalías en procesos de contratación; ausencia de políticas de gasto y comprobación de resultados, entre otras cosas ilegales. Uno de los dictámenes remitidos por los auditores, relaciona el manejo ilícito de 600 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples, a esto se suma el indicativo directo de  incumplimientos en la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Sin embargo, aunque César Duarte se dice inocente, y ya está tratando de inculpar de todo lo inadecuado a sus subalternos; al parecer, éstos no están dispuestos a ser chivos expiatorios y se espera aporten la información suficiente que permita deslindar la responsabilidad de César Duarte.   

Pero aun cuando no le hiciera nada la PGR  a César Duarte, el todavía Gobernador de Chihuahua pronto deberá enfrentar las acciones que, sin duda, le promoverá su sucesor en la gubernatura: el afamado panista Javier Corral. Éste ya ha amenazado con ejercer las acciónes legales en el ámbito estatal ante la enorme evidencia de corrupción de César Duarte.

Al igual que al chihuahuense, a otro Duarte, y quien aún es Gobernador de Veracruz, le llueven denuncias y querellas. A Javier Duarte de Ochoa lo responsabilizan de diversos desfalcos y otros actos de corrupción, además de urdir desaparición, e incluso ejecución, de periodistas y activistas con el objeto de acallar sus voces “incómodas”.


Algunos ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte, han tramitado amparos ante las autoridades correspondientes para evitar ser detenidos por cualquier autoridad estatal o federal. Quienes han recurrido a dicha figura jurídica, después de ser mencionados en las 48 denuncias realizadas por la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República, son: Gabriel Deantes Ramos, ex Secretario de Trabajo y ex funcionario de Finanzas; Carlos Aguirre Morales, Subsecretario de Egresos; y Salvador Manzur Díaz, actual delegado de Banobras y ex titular de SEFIPLAN. Este último también fue alcalde de Boca del Río, y es recordado entre los veracruzanos por haber sido exhibido en algunas grabaciones en las que se le escucha decir que las personas de la tercera edad son “oro molido” para las elecciones al condicionar programas sociales.
Deantes Ramos fue separado de su cargo en la SEFIPLAN entre filtraciones de presuntas propiedades millonarias en uno de los fraccionamientos más exclusivos del estado, ademas de que, presuntamente, se dijo había traicionado la confianza del Gobernador Duarte de Ochoa. Por su parte, Carlos Aguirre Morales renunció a su puesto ante los señalamientos de la Contraloría General del Estado y fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante tres años.


Recientemente, diez alcaldes de extracción panista y perredista, interpusieron una serie de demandas ante la PGR contra Duarte de Ochoa y algunos de sus colaboradores por la retención ilegal de partidas presupuestales federales. El Gobernador electo, y adversario político de Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares, ha presentado diversas denuncias contra el priista por enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. Yunes Linares asegura que Duarte de Ochoa acumula más de 22 denuncias en su contra debido a los millones de pesos que, según él, han robado de los fondos de salud, educación y seguridad, entre otros. Son ya muchas las empresas que presionan con proceder legalmente debido a la falta de pagos derivados de contratos de obras o prestaciones de servicios al Gobierno Estatal de Veracruz.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDHCH) emitió una recomendación por el retraso injustificado en el pago de las pensiones de 707 derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado.

El mismo PRI, aunque tardíamente, también parece haberle dado la espalda al Gobernador Javier Duarte, ya que diversos integrantes del tricolor han pedido sea expulsado y deje el cargo que actualmente ostenta.

Así mismo, quien fuera el abanderado tricolor en las pasadas elecciones, Héctor Yunes Landa, hizo público su deseo de que Duarte de Ochoa se separara del cargo y se nombrara un gobernador interino, ello con el fin de realizar el proceso de entrega-recepción con el próximo gobierno de alternancia política. El pasado 11 de julio, Yunes landa expresó: “solicito al titular del poder ejecutivo de Veracruz, a Javier Duarte de Ochoa, solicite licencia de manera definitiva al cargo del Gobernador del Estado”. 

La PGR ya tiene en la mira al actual Gobernador de Veracruz y a su círculo más cercano de familiares y colaboradores, pues, desde el pasado 25 de julio del año en curso, solicitó a la Dirección General de Catastro y Valuación de Veracruz, información “con carácter de urgente y confidencial” sobre las propiedades que posee el Duarte de Ochoa. En ellas destacan las propiedades de: Karime Macías Tubilla, su esposa; Cecilia de Ochoa Guasti, su madre; Daniel Duarte de Ochoa, su hermano; María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, su suegra; José Armando Rodríguez Ayache, su concuño; y las de Jorge Fernando Ramírez Tubilla, primo de su esposa  y ex Subsecretario de Ingresos. Esto surge de las actuaciones registradas en la averiguación Criminal FED/SEIDF-UEIDFF-VER/0000691/2016 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR.

Javier Duarte.  Foto del fotógrafo asesinado, Rubén Espinosa.

Javier Duarte.
Foto del fotógrafo asesinado, Rubén Espinosa.

El 5 de julio, el Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que sus abogados sumaron dos acusaciones en contra de Duarte por desvío de recursos públicos: una en la Fiscalía de Lavado de Dinero de la PGR; y otra ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por evasión fiscal. Señala Yunes la existencia de la red de operadores de Javier Duarte para desviar del erario recursos en la compra de bienes en el país y en el extranjero; además, detalla una lista de 22 “empresas fantasmas”, mismas que fueron creadas al inicio de la Administración de Duarte para justificar pago de contratos por 654 millones de pesos.

Habrá que ver para creer: si en realidad se atreve Peña a consignar a estos mandatarios y seguir, además, contra Padrés, Medina de la Cruz y los otros muchos enlistados. Especialmente será exigible y encomiable que se ejerza acción penal contra todos los que han provocado desfalco, descrédito e insolvencia moral del gobierno federal que no ha podido, o no ha sido capaz, de cumplir su promesa de limpiar al país de tanta mugre. 

¡CALIENTE EL HANDICAP PRESIDENCIAL!

El Presidente del Comité Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, ha logrado consolidarse como el actor político más influyente en las decisiones internas de su partido, ya que, comandado por él, esa fuerza política obtuvo sonados triunfos en 9 de las 14 entidades federativas en que se celebraron elecciones locales el pasado 5 de junio. Sin embargo, el joven Anaya Cortés, no ha logrado permear con su imagen positiva más allá del llamado círculo rojo, y continúa sin posicionarse adecuadamente en la opinión pública nacional como un serio aspirante a la presidencia de México. En tanto, la aspirante concurrente es Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón, quien continúa avanzando con firmeza, consolidándose como la figura panista más conocida y con mayor aceptación por un porcentaje importante de ciudadanos, esto a pesar de la imagen polémica y hasta mala que tiene su esposo, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Salvo algún vuelco inesperado, Margarita Zavala será candidata presidencial por la muy posible gran alianza PAN-PRD, bloque ideológicamente antinatural, pero que ya ha competido convenencieramente unido en varios procesos locales de la nación, y que ha salido victorioso en diversos comicios. No obstante, esta alianza no ha logrado gobernar eficazmente las demarcaciones estatales o municipales en las que han ganado el poder, toda vez que ha sido complejo armonizar proyectos, planes y compromisos por la heterogénea conjunción de intereses que privan al seno de esos partidos y de grupos hegemónicos que los manipulan.

El polémico Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, dará la pelea para conseguir ser el ungido por los tlatoanis que gobiernan los diversos grupos al seno del PAN, y así convertirse en el candidato presidencial de la gran alianza heterogénea y multicolor; sin embargo, es muy probable, que se quede en el camino, dejándole el paso libre a Margarita Zavala. Ella dispondrá, así, de la fuerza del complicado bloque de partidos en el que también podrían quedar integrados el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Movimiento Ciudadano (PMC). Así se abre la posibilidad de que en Jalisco haya una alianza similar, siendo el postulado al Gobierno del Estado el actual alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramirez, quien es el poderoso del PMC.

Según resultados de encuestas levantadas por la empresa ‘Parametría’, publicadas recientemente en ‘El Financiero’, el PAN tiene ya una intención de voto a su favor del 32%, frente a 24% del PRI y apenas 8% del PRD y 18% de MORENA; de ahí que por más que al PRI se le pudieran unir eventualmente el Partido Nueva Alianza (PANAL) con su 3%,  el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con su 4%, y el Partido del Trabajo (PT) con el 2% de potenciales votantes, tendría apenas la posibilidad de alcanzar un 31% de posibles electores. Por lo que se debe considerar de que si el PAN con su 32% hace alianza con PRD que podría aportar el 8%, juntos sumarían un 40% del apoyo electoral, y con eso ganaría sobradamente al PRI; y esto sin contar los posibles apoyos que aportaren el PES y el PMC con su 4% y 3% respectivamente. Dadas estas razones, la alianza PAN-PRD podría elegir ‘irse a la cargada’ e integrarse a los partidos antes mencionados y lograr a un imponente 45% de la votación nacional, para así ganar por amplio margen la presidencia de la República y la mayoría de escaños en el Congreso de la Unión.

Peña y su gerente en turno en la dirigencia del PRI, siguen sin establecer rumbo, plan estratégico ni programa especifico, con el agravante de tener estructuras vetustas y anquilosadas: sus otrora fortísimos sectores y organizaciones poco pueden aportar a la fortaleza que ese partido debería tener, ya que sus liderazgos están dolidos por las decisiones que se siguen tomando al margen de los procesos democráticos que establecen sus estatutos. Todo ello ha causado mella en el ánimo de sus bases militantes que, en vez de respaldo, aportan golpes bajos, fuego amigo y traiciones.

Así las cosas. El PRI está siendo simple pirueta de los gobernantes postulados por ese antes poderoso partido, y se ha alejado de la lucha por las causas populares, dando como resultado la pérdida del respaldo social y aumento del desánimo en su militancia, misma que acentúa el éxodo encubierto hacia otras mejores expectativas.

Tanto temor le tienen a Andres Manuel Lopez Obrador, que al tratar de restarle fuerza con tanto ahínco, están generándole aún más publicidad. Pero, a pesar de que el tabasqueño es el aspirante presidencial más conocido y mejor posicionado, es muy difícil que, aunque gane la presidencia, se lo reconozcan.

Todavía no se aprecia cómo algún precandidato priista pueda crecer lo suficiente en el ánimo popular; y el escenario factible es que sin un candidato fuerte para ganar la elección presidencial, sucumban y pacten para legitimar, en caso de darse, el triunfo de Margarita Zavala. Mal presagio para México.

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