TAE, ¿cómplices o villanos?

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Magistrados aprovechan cualquier laguna para actuar. En la foto, Pablo Lemus y Alberto Barba.

Magistrados aprovechan cualquier laguna para actuar. En la foto, Pablo Lemus y Alberto Barba.

¿TIENE FUTURO LA LUCHA DE PABLO LEMUS CONTRA ALBERTO BARBA?

El funcionario del Tribunal de lo Administrativo en el Estado (TAE) muestra la última hoja del escrito presentado por la Síndico de un Ayuntamiento. Arriba del nombre no está la firma de la representante legal del municipio, por lo que no podrá tomarse en cuenta.

Cuando eso suceda, vaticinó, se señalará al magistrado que resuelva como corrupto, sin tomar en cuenta la grave omisión de la funcionaria municipal.

Con este ejemplo, se pretende aclarar que muchos de los casos que se registran en el área metropolitana y que mantienen al TAE como el villano favorito, tienen una alta participación de las autoridades demandadas por los ciudadanos.

El papel que juegan los magistrados del TAE en el desorden urbano volvió al centro de la discusión por la inconformidad del alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, ante las resoluciones emitidas por el magistrado Alberto Barba, en particular sobre el fraccionamiento Bosque Encantado, ubicado en las inmediaciones del bosque El Nixticuil.

En la disputa que mantienen autoridades municipales y magistrados, principalmente en los medios de comunicación, hay señalamientos sobre las suspensiones o sentencias que han emitido los magistrados, relacionadas con la construcción de edificios y fraccionamientos.

Lo que puede encontrarse en la mayoría de los asuntos polémico, son omisiones, permisos extraños y defensas jurídicas deficientes por parte de las autoridades municipales. Por su parte, el TAE ha aprovechado esas fallas para pasar por encima de usos de suelo y normas municipales, para favorecer a constructores.

De esta forma, se podrían acreditar los excesos cometidos por los integrantes de ese tribunal, para autorizar lo mismo edificios con más plantas de las que se permiten, o bien, fraccionamientos en zonas de fragilidad ambiental o que luego tendrán problemas de inundaciones por estar dentro o cerca de una cuenca. Esto, igual que ha sucedido con giros controlados como bares y expendios de bebida alcohólicas, moteles y gasolineras.

Incluso, los magistrados del TAE tienen ahora una nueva arena en la cual ejercer sus atribuciones y que en los últimos años ha sido recurrente: las cuentas públicas. Prácticamente cualquier ex funcionario al que se le finquen cargos como consecuencia de la revisión a su cuenta pública, obtiene la suspensión y hasta el perdón para no devolver los recursos cuyo destino legal no pudo acreditar.

Lo relevante del asunto es que esa actuación se da sin violar la ley, por lo que difícilmente sus resoluciones pueden ser revertidas. Esto, sin contar el descuido de los ayuntamientos en las defensas y en los plazos.

El conocimiento que tienen los magistrados de la ley les ha permitido aprovecharla, sin tener que incumplirla. Por ejemplo, en los últimos años los constructores han encontrado una vía rápida para conseguir sus permisos municipales, a través de la afirmativa ficta. Se trata de un procedimiento que dura, cuando mucho, tres meses, el cual se interpone por la falta de respuesta por escrito de la autoridad, ante la gestión de un permiso.

Lemus durante la solicitud de juicio político contra Barba.

Lemus durante la solicitud de juicio político contra Barba.

En esos casos, el Tribunal se ve obligado a resolver a favor de los ciudadanos. Seguramente no se habría llegado a ese momento, si la autoridad municipal contesta el trámite en tiempo y forma. Esta práctica fue común, por ejemplo, durante las administraciones anteriores que encabezaron Ramiro Hernández García, en Guadalajara, y Héctor Robles Peiro, en Zapopan.

El problema para las actuales autoridades es que si bien se pueden encontrar claramente las irregularidades de sus antecesores, ante el TAE el Ayuntamiento es una sola institución y no influye el que se trate de una administración diferente. Otro punto que puede destacarse y que lo ha señalado el magistrado Barba, es que al menos en el caso de Zapopan no se han aprovechado algunos recursos cuando todavía hay plazos para interponerlos contra alguna resolución y tampoco han acudido a los juicios de lesividad.

En otros de los casos las nuevas áreas jurídicas de los ayuntamientos han mostrado un total desconocimiento de los procesos administrativos, lo que les ha llevado a perder los casos.

El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, decidió usar la vía del juicio político para ir en contra del magistrado Alberto Barba, además de las denuncias penales que se han presentado. Sin embargo, su gobierno ha dejado, hasta el momento, a salvo a los ex funcionarios municipales que dieron origen y sustento a las resoluciones, con sus omisiones o con sus acciones para favorecer los desarrollos irregulares.

Por su parte, el magistrado Alberto Barba aprovecha para su defensa y el respaldo de sus resoluciones todas las herramientas que le da la ley, aunque eso signifique el daño irreversible al medio ambiente o que contribuya a la ya de por sí deteriorada calidad de vida en la ciudad, por el desordenado crecimiento urbano.

Tal vez, en esta ocasión, sí haya acuerdo político para ir contra el magistrado, pero eso no resolverá el asunto de fondo. Hasta el momento, ningún actor político ha salido en defensa de Alberto Barba, ni siquiera sus propios compañeros del tribunal o el presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega, por lo que sus posibilidades de salir bien librado parecen escasas o, al menos, tendrá que dedicar tiempo y dinero a su defensa.

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