La cínica corrupción priista

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Ruben Martin23 de mayo del 2012. En la fase final de la campaña electoral por la presidencia de la república, Enrique Peña Nieto acude a una cómoda entrevista por los participantes del programa Tercer Grado. Los opinadores lo tratan con respeto, con algunas excepciones. Casi al empezar el programa, Denise Maerker le dice que acaba de firmar un manifiesto donde se compromete a ejercer la presidencia democráticamente, pero que ningún priista ha gobernador así. Con un rictus de incomodidad en su rostro, el ex gobernador del Estado de México dice que él asume ese compromiso; y reconoce que hay expectativa sobre si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha renovado y gobernará de manera democrática; eran los días del surgimiento del movimiento #YoSoy132.

Entonces Denise Maerker le pide que cite cuatro nombres de esos nuevos priistas que dice que existen. Peña Nieto muy seguro de lo que va a decir empieza a recitar: “el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; el gobernador de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, gobernador de Chihuahua; el gobernador de Campeche (Fernando Eutimio Ortega Bernés). Todos son parte de una generación nueva que ha sido parte de este proceso de renovación del partido”.

Cuatro años después, los jóvenes políticos que el entonces candidato presidencial mencionó como ejemplos de cambio y renovación del PRI, son ahora los principales ejemplos de corrupción, malos gobiernos, impunidad, violencia y represión en sus estados.

En el Veracruz de Javier Duarte de Ochoa, la corrupción brota casi por igual que los cuerpos de desaparecidos en fosas clandestinas. En una impecable investigación periodística, reporteros del portal Animal Político le descubrieron al gobernador de Veracruz una red de 21 empresas creadas entre 2012 y 2013 para ganar licitaciones por una módica cantidad de 646 millones de pesos (mdp). Se trata, a todas luces, de un esquema de corrupción para robarse el dinero de los veracruzanos. Por si fuera poco, Javier Duarte dejará una deuda de 45,776 mdp y tiene cuentas por aclarar con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 15,839 mdp.

En Chihuahua, César Duarte fue denunciado en septiembre de 2014 por el colectivo Unión Ciudadana por haber utilizado dinero público y de origen dudoso para impulsar una sociedad financiera, Banco Progreso, de la que era accionista junto a su esposa y otros funcionarios estatales. El portal Animal Político reportó que entre 2012 y 2014 la administración de César Duarte depositó casi 80 mil mdp en dicho banco. Ya hay una investigación en curso por parte de la PGR para determinar si hubo desvío de recursos públicos federales, además del evidente conflicto de intereses. Por si fuera poco, César Duarte elevó la deuda a más de 42,000 mdp, y esta semana pretendía la aprobación de otro crédito por 6,000 mdp, comprometiendo recursos del Fideicomiso Carretero estatal hasta el año 2038.

Roberto Borge, otro de los ejemplos de la nueva generación de políticos según Peña Nieto, ha sido denunciado por crear una burda maquinaria de despojo de hoteles, casas y negocios en su estado natal al amparo de denuncias laborales que terminan en laudos multimillonarios sin que los denunciados estén enterados. Esta red de corrupción destapada por la agrupación Mexicanos Contra la Corrupción y publicada en Expansión y en Newsweek, muestra la impunidad y el uso particular que el gobernador de Quintana Roo da a las instituciones públicas. Borge también deja una deuda millonaria.

Estos tres casos de corrupción reseñados son tan escandalosos y de tal envergadura que muestran que la nueva generación de priistas que según Peña Nieto renovaron a su partido, salieron más corruptos y ladrones que los priistas de la vieja guardia, y eso ya es mucho decir.

Lo que es obvio es que el PRI no sólo no se renovó sino que ha cambiado para empeorar.

Corrupción y gobernantes ladrones han existido siempre; de hecho son consustanciales a los Estados capitalistas, pero estamos ante un fenómeno de un desbordamiento de la corrupción con esquemas de robo de dinero público o privado mediante el uso de las instituciones de gobierno que nos obligan a nombrar a estos grupos y sus actividades.

Estamos ante grupos políticos que usan el aparato de gobierno para hacer negocios ilegales y amasar grandes fortunas. El objetivo y muchas veces las formas son las mismas que utiliza el crimen organizado, pero ahora desde los mismos aparatos del gobierno.

Y resulta obvio, por demás, que estos tres casos no son los únicos en el país. Este fenómeno de corrupción creciente y generalizada, como un cáncer que hace metástasis, ocurre en prácticamente todos los gobiernos y en todos los partidos.

Y ocurre también en el gobierno federal por lo que la medida de Peña Nieto de impugnar en la Corte nombramientos a modos de funcionarios de fiscalización en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, es sólo una medida política que pretende ganar un poco de popularidad en una presidencia repudiada por la mayoría de los mexicanos. Un repudio que crece, no es vano recordarlo, justamente por casos de corrupción.

Por eso resulta un chiste del mal gusto que el nuevo presidente del PRI, Enrique Ochoa, diga que la lucha contra la corrupción será uno de los puntos centrales de la agenda de la nueva dirigencia que encabeza. El cinismo de los corruptos no tiene límites.

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