Temas de Europa afectan a México

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Salvador Cosio-08El mercado interno mexicano reacciona en razón del bajo nivel de confianza de la sociedad en las instituciones de las tres funciones del poder público del Estado. Ello porque al sacar los inversionistas sus recursos abruptamente de la bolsa de valores, la debilitan. Cosa que acentúa el problema por la  reacción inmediata de quienes, por pánico, adquieren grandes cantidades de dólares y, al suscitar ese exceso de demanda, hacen que suba el costo de la divisa norteamericana.

La moneda mexicana se ha depreciado más en este sexenio que en los dos anteriores juntos; y le restan aún 29 meses a la actual administración a cargo del presidente Enrique Peña Nieto. Al iniciar el primero de diciembre de 1994 el sexenio presidencial Ernesto Zedillo, la cotización del llamado ‘dólar fix’ estaba en 3.44 pesos por cada unidad de moneda norteamericana, y al terminar esa administración presidencial la paridad estaba en 9.41 pesos por dólar, con una depreciación de 173.8% de nuestra moneda en relación a la del vecino país del norte. En tanto que al concluir el periodo presidencial de Vicente Fox Quezada, el día último de  noviembre de 2000, la depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense fue de 16.4%, pues cada unidad del dólar americano (tipo fix) se vendió en 10.96 pesos. En lo que respecta a Felipe Calderón Hinojosa, el 31 de noviembre del 2006 el dólar americano se vendió en 12.93 pesos por unidad, con una depresión de nuestra moneda del 18%. Y, ahora, del primero de diciembre de 2012, cuando dio inicio la actual encomienda presidencial de Peña Nieto, hasta el día 28 de junio de 2016, la moneda de nuestro sufrido país se ha depreciado aproximadamente en un 50%: el dólar norteamericano se vende hasta en 19.45 pesos por unidad.

Sin embargo, también es cierto que hay que tomar en consideración los factores exógenos que impactan en el tipo de cambio y afectan a la economía provocando crisis, como son el precio del barril de petróleo y los súbitos ajustes en las bolsas de valores más importante del mundo, además de la apreciación de ciertas divisas y la fluctuación de los previos de mercado en relación a los más importantes productos mexicanos de exportación. Hay que recordar, así mismo, la forma idónea o ineficaz de ejercer el gasto público; parafraseando a muchos analistas financieros y expertos en la materia: es claro que no ha sido un manejo muy adecuado del gasto público y existe demasiada incertidumbre. Por la desconfianza, la falta de credibilidad en la política económica y las acendradas condiciones de inseguridad, se alejan a los emprendedores locales, que retiran sus recursos invertidos y los dedican a adquirir divisas y metales preciosos, o de plano deciden sacar su dinero del país.

Las condiciones de inestabilidad económica, la mermada confianza social en las autoridades, la volatilidad, la incertidumbre y el alto costo que en las inversiones representa el impacto de la corrupción e impunidad, así como la desconfianza en el sistema de Justicia, hacen del país un territorio que por el alto nivel de percepción de riesgo deja de atraer la inversión foránea, de ahí que no se genere el crecimiento económico.

Ya existe un fuerte déficit: el país requiere crecer al mínimo de 3.5% anual y se está creciendo apenas entre 1.7 y 2% al año, por lo que no se está fortaleciendo el nivel de ingreso de la población al no incrementarse los salarios por encima del nivel de la inflación. Tampoco se crean nuevos empleos en la cantidad necesaria y se pierde la competitividad.

Nuestra economía es aún muy débil y altamente dependiente de las economías externas y el rector de la economía es el Estado.

En este caso, el responsable de la política económica y de la planeación estratégica del desarrollo a partir del diseño adecuado y ejecución oportuna del gasto público, es el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso. A él se le achaca el que no se propicie o se derrame bien el presupuesto, así como el retardo en la canalización oportuna de lo que corresponde a las administraciones locales, como en la dilación en dotar del pago a los proveedores de la administración pública federal acorde a su contrato. También se le ha acusado por la suspensión de licitación y adecuada contratación de obras y servicios, cuyo monto está presupuestado y, a pesar de ello, no se tramitan. Se dice que es culpable, además, de tener innecesariamente muchos miles de millones en divisas como reserva monetaria que, en vez de estar inmóviles, podrían, al menos en la mitad de su momento, estar inyectados dinamizando la actividad económica.

Peña Nieto parece no haber comprendido aún que tanto la corrupción como la impunidad que se le achacan a su administración, son  factores clave en cuanto a la pérdida de atracción de inversión privada local y foránea. Si no se avanza en abatir la realidad y la percepción negativa que existe inherente a tan delicado rubro, así como reducir de forma sustancial el índice de criminalidad y la inseguridad y subsanar las fallas en cuanto al sistema de procuración e impartición de justicia, no se fortalecerá la economía, seguirá el déficit en el crecimiento sin mejorar la calidad de vida a la población, siendo luego entonces el país presa fácil de los vaivenes económicos internacionales.

Si Peña Nieto quiere realmente modificar la percepción ciudadana actualmente en su contra, y procurar con ello ayudar a su partido y amainar el riesgo de perder la presidencia de la República en 2018, debe modificar la forma imperativa de manejar al PRI y abrirlo a una elección democrática de los futuros candidatos a gobernadores, legisladores locales y federales, alcaldes y presidente de la nación. Ello permitiría a su partido reconvertirse en un auténtico instituto político útil y cercano al pueblo que, además, genere equilibrio en el ejercicio del poder público, pugnando por la eficacia y honestidad de más autoridades, incluyendo las emanadas de su propio partido.

Además de restablecer la fortaleza sociopolítica del PRI, Peña Nieto debe intentar un mea culpa y tratar de generar una pizca de confianza social mediante el reconocimiento de la culpabilidad por los asuntos de conflicto de interés en que incurrió, admitiendo la sanción correspondiente. Peña Nieto debe ya dar los pasos necesarios para instrumentar en forma adecuada la postergada política pública integral anticorrupción y de combate a la impunidad, pero procurando que sea realmente eficaz.

Peña Nieto debe ordenar que se agilice la investigación de los malos manejos de gobernadores como los Duarte, así como no echar en el olvido por complicidad los asuntos que tienen que ver con la gestión tildada de corrupta de los ahora ex gobernadores Tomas Yarrington, Humberto Moreira, Eugenio Hernández, Arturo Montiel, Rodrigo Medina y otros priistas, así como Leonel Godoy y Juan Sabines del PRD, además del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y los panistas Emilio González Márquez, Francisco Ramírez Acuña, Juan Manuel Oliva, Guillermo Padrés, Armando Reynoso Femat. No debe dejar impunes los desfalcos de líderes sindicales señaladamente enriquecidos ilegítimamente como Carlos Romero Deschamps y Elba Esther Gordillo; ni olvidar a empresarios como los que han propiciado ilícitos o crímenes, esos de Grupo México, Coppel, Guardería ABC, Grupo Higa, Iberdrola, Oceanográfica y muchos más. No debe olvidar, tampoco, la necesidad de resolver asuntos en que se acusa de abuso de poder a las fuerzas militares y policiales federales como Tlatlaya, Apatzingán, Iguala, Atenco, Óstula, Tanhuato y muchos casos más.

Aunado a lo anterior, el gobierno de Peña debe lograr la estrategia proactiva más agresiva que se pueda para generar mejores condiciones en la economía que propicien, a su vez, mejor calidad de vida de la población.

El presidente Peña debe entender que en tanto no se fortalezca la economía mexicana y continúe el déficit en el crecimiento sin mejorar la calidad de vida a la población, México seguirá afectado inexorablemente por los vaivenes económicos y políticos internacionales. Está obligado a dejar de pensar en preservarles la chamba a sus amigos, buscando los mejores perfiles al margen de colores partidistas y cercanía afectiva o política, para realizar urgentemente los relevos que se requieren en las Secretarías de Gobernación, Hacienda, Desarrollo Social, Educación y Energía, entre otras importantes instancias gubernamentales que necesitan un imperativo ajuste, a fin que pueda sacarse adelante al país.

Hay señales que indican que antes del cuarto informe de gobierno, Peña hará cambios en su equipo de gobierno; sin embargo, existen indicadores de que serán enroques entre su mismo equipo con intención de fortalecer a personas rumbo a la sucesión presidencial. Estos cambios no serán, al parecer, en atención a la búsqueda de los mejores perfiles, sino que se buscará un lucimiento para fines de posicionamiento sociopolítico.

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