¿Sistema Estatal Anticorrupción?… sólo si se sanciona a Magistrado

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Gabriel Torres-09La Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano prepara el terreno para presentar, a más tardar el próximo viernes, una solicitud de juicio político en contra del magistrado de la Sexta Sala del TAE, Alberto Barba Gómez.

Esto después de que en días pasados el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, interpusiera una denuncia penal ante la Fiscalía General en contra de Barba Gómez. De acuerdo al Primer Edil de Zapopan, se tiene puntualmente documentado el actuar indebido de Alberto Barba en siete construcciones irregulares.

Al respecto, debe decirse que de acuerdo al Octavo Transitorio de la Reforma Constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (DOF el 27/May/2015), señala: “los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera que sea su denominación en el ámbito de las entidades federativas, continuarán como magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados”.

De acuerdo al artículo 109 de nuestra Carta Magna, algunas de las sustantivas funciones que tendrá el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa Estatal –uno de los ejes torales del Sistema Estatal Anticorrupción– será “imponer a los particulares [empresarios] que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. [A] Las personas morales (…) podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública.”

No obstante, en Jalisco, dos magistrados del TAE, en contubernio con “empresarios”, articulan golpes sonoros contra el Estado de Derecho.

Entonces, ¿cuál Sistema Anticorrupción?

Debe ponerse especial cuidado en el procedimiento sancionador que el Poder Legislativo Local quiera instaurar a Alberto Barba: juicio político (fincar responsabilidad política) o declaración de procedencia –mejor conocido como ‘desafuero’– (fincar responsabilidad penal).

Lo anterior, porque el coordinador de los diputados locales de MC, Ismael del Toro, señaló que querían que Barba “caiga a la cárcel por los actos de corrupción”, lo que implicaría más bien desafuero.

No obstante, para que “caiga en la cárcel”, es necesario: 1) la Fiscalía debe iniciar una averiguación previa y consignar ante el Poder Judicial; y 2) la sentencia que emita el juez debe validar los delitos que se le imputan.

De esta forma, resulta ser más eficaz el juicio político, puesto que destituye e inhabilita al funcionario por “actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales”, no admite recurso legal alguno, y no inhibe el hecho de que ulteriormente pueda ser sancionado por la comisión de delitos del orden penal (cohecho, por ejemplo) que hubiese cometido como magistrado.

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