EPN desperdicia una oportunidad de oro

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Jonas-05En todas partes, podría decirse, se gestan y se viven tragedias particulares. Si los Estados Unidos sorprenden al mundo por tener un candidato presidencial como Donald Trump, que actúa como dictador, y si en la Unión Europea no acaban de entender porqué los habitantes del Reino Unido votan por dejar la comunidad de países aunque es una decisión en la que todos pierden, en México tenemos un presidente que maneja un discurso social, pero en los hechos refuerza la desigualdad y los privilegios cupulares, a pesar de que masivamente los ciudadanos piden lo contrario.

Enrique Peña Nieto perdió una oportunidad de oro para reparar su dañada imagen ante los mexicanos. Cuando se esperaba que ejerciera su facultad de veto para la Ley 3 de 3 que le enviaron senadores y diputados, modificando la disposición que elimina la transparencia total en las declaraciones de los servidores públicos, se contentó con eliminar otro error evidente de los legisladores: la obligación de presentar las tres declaraciones para todas las empresas y sus trabajadores si tenían alguna relación económica con el sector público, ya fueran gobiernos municipales, estatales o el federal, o los poderes legislativo y judicial.

Por la amplitud del tema es obligatorio un contexto mínimo. La primera iniciativa ciudadana en la historia del país reunió más de 630 mil firmas para solicitar la creación de la Ley 3 de 3 (su nombre oficial es Ley General de Responsabilidades Administrativas), que se incluyó en un paquete de siete reformas para el Sistema Nacional Anticorrupción.

En un período extraordinario de sesiones, senadores y diputados aprobaron que las tres declaraciones, patrimonial, de intereses y fiscal, que originalmente estaban dirigidas a quienes trabajan en cualquier ámbito de gobierno, queden en calidad de información reservada “si afecta la vida privada” (artículo 29), lo que obviamente argumentarán todos los políticos, desde el presidente del país hasta el más humilde funcionario.

Pero además, en un giro sorpresivo, el artículo 32 de la misma ley obligó a empresarios, trabajadores y particulares que tengan relación con el sector público o reciban recursos de éste, a presentar las mismas tres declaraciones.

El rechazo fue generalizado, por la falta de transparencia que deja bien cubiertos sobre todo a los políticos que evitan la transparencia, y por el absurdo trámite que obligaba a millones de personas a presentar declaraciones haciendo inoperante el esfuerzo contra la corrupción, y cargando de burocracia un esquema que esencialmente debe ser rápido para cumplir sus metas.

La única opción inmediata quedó en manos de Peña Nieto, porque el presidente puede vetar las reformas que le turnen los legisladores.

En un escenario de confrontación con maestros disidentes; de inconformidad de sectores conservadores contra la iniciativa del matrimonio igualitario; de recortes multimillonarios al presupuesto público, el presidente pudo al menos, unirse al esfuerzo a favor de la transparencia y el reclamo de justicia.

Pudo pedir cambios en el artículo 29 y obligar a la transparencia total si no a todos los políticos, sí a los cargos que son más propensos al enriquecimiento y los conflictos de interés (para muestra, el caso reciente de los parientes del ex procurador Jesús Murillo Karam, beneficiados con contratos de obra por más de cuatro mil millones de pesos en los últimos tres años).

Pudo, pero no lo hizo.

Sólo pide cambiar el artículo 32 y eliminar el error garrafal de senadores y diputados priistas y sus aliados de los partidos Verde y Nueva Alianza.

Vivimos nuestra particular tragedia.

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