Las expectativas del nuevo sistema

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Sonia Serano-04Después de ocho años, finalmente llegó el día. El pasado 18 de junio entró en vigor el decreto que establece que en todo el país funciona el nuevo sistema de justicia penal. Un sistema que hemos ido entendiendo y recorriendo poco a poco y que, al margen de los retrasos y las diferencias que su implementación, ha despertado importantes expectativas de lo que podría cambiar.

En Jalisco, la implementación representó jaloneos y retrasos, que llevaron a la entidad a ubicarse en el último lugar apenas hace tres años.

Fue uno más de los grandes descuidos del ex gobernador Emilio González Márquez, quien en 2009, un año después que se publicó el decreto sobre el nuevo sistema, envió un paquete de iniciativas para adecuar la legislación local, pero luego se desentendió de la misma.

González Márquez nunca dio seguimiento ni se acercó a los diputados locales para que la reforma caminara. Cumplió con el trámite de mandar las iniciativas de reforma y dio vuelta a la página. Además, cuando en la Legislatura LIX  la Comisión de Justicia comenzó a revisar las propuestas que mandó el Ejecutivo, se encontraron que no servían y que había que hacer grandes correcciones.

En la siguiente Legislatura se retomó la reforma y se aprobó dividir el estado en doce distritos judiciales, con un calendario para que entraran en vigor. Hubo cambios en las fechas, pero finalmente Jalisco llegó a la implementación en todo su territorio antes que se venciera el plazo nacional.

Para el nuevo sistema, se construyeron doce inmuebles para albergar las nuevas salas. Como siempre que hay recursos públicos y licitaciones de por medio, nuevamente vinieron los jaloneos y, finalmente, el Poder Ejecutivo decidió que administraría directamente los recursos.

Así, desde el gobierno del estado se decidieron las obras que se necesitaban, el equipamiento, los muebles y hasta los montos para pagar sueldos y prestaciones del personal, incluidos los jueces.

En general, fueron tres años de jaloneos, descalificaciones, retrasos y hasta bloqueos de quienes mostraron interés en que el nuevo sistema no funcione.

Y seguramente en algunos puntos tendrán razón. Un sistema corrupto, como el que se apoderó de la justicia penal tradicional, que migra a uno nuevo, pero implementado por las mismas personas que el anterior, seguramente tendrá sus problemas. Sin embargo, incorpora nuevos lineamientos y conceptos que hacían falta.

Ya estamos en el nuevo sistema. Un sistema que nos habla de transparencia, de debidos procesos, de garantía de inocencia, de publicidad. Un nuevo sistema que obligará a los jueces al menos a atender personalmente cada procedimiento. Que obliga a los policías y a la Fiscalía a incorporar métodos de investigación diferentes a la tortura.

Un nuevo sistema que comenzó mostrando sus fallas, especialmente con liberaciones ante la imposibilidad de acreditar que la persona a la que detuvieron cometió un delito. Sin embargo, es en este momento la única opción que tenemos para pensar que nuestro corrupto sistema de justicia puede cambiar, para reducir al menos la impunidad y, por ende, bajar los niveles de violencia. Es mucho pedir, pero es la única posibilidad de cambio que hay.

 

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