México estrena nuevo Sistema de Justicia Penal

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0-juicios-orales-2DENTRO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA EXISTEN TRES ETAPAS Y CADA UNA ES SUPERVISADA POR UN JUEZ DISTINTO: INVESTIGACIÓN, ETAPA INTERMEDIA Y JUICIO ORAL

Tras las múltiples presiones de los factores de la productividad local y de los posibles inversionistas foráneos, además del reclamo social permanente en relación a tantos problemas acumulados a lo largo de los años, que fueron causa  generadora de muchísimos conflictos al aplicar o pretender impartir Justicia Penal en México, haciéndose deficientemente, y siguiendo la moda floreciente en muchos países de latinoamericana influenciados desde los Estados Unidos de América, se emprendió una ambiciosa reforma Constitucional y el 18 de junio de 2008 se aprobó la nueva legislación por la cual se transforma el sistema penal tradicional mexicano en uno de tipo acusatorio, que en teoría orienta sus beneficios hacia las víctimas de delitos, basado en juicios orales que deberían ser absolutamente transparentes.  Al consolidarse el proceso legislativo, a petición del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa se concertó en el Congreso de la Unión que se estipulare un plazo de ocho años para consolidar la transición del vetusto sistema al novedoso esquema, que como se apuntó, deja de ser inquisitivo para ahora ser acusatorio.

La imperiosa necesidad de actuar o empezar a tratar de hacerlo o ya al menos dejar constancia del inicio de un esfuerzo buscando provocar mejoría sustancial en el funcionamiento del arcaico y fallido Sistema de Justicia Penal, provocó que a través de la recomendación en base a los supuestos resultados positivos logrados en naciones de Centro y Sudamérica, tanto el gobierno federal como el de las entidades locales acudieran a celebrar extremadamente bien remunerados contratos con empresas estadounidenses de consultoría y se pagaron muchos miles de dólares para que un gran número de académicos y presuntos expertos diagnosticaran la ya reconocida problemática y tras sesudo estudio propusieran acondicionar a nuestra especial y ‘mexicanísima realidad’ los nuevos procedimientos que se instauraron en varios países de nuestro continente.

En 2011 se hizo la reforma de derechos humanos y juicio de amparo. A la gran cantidad de derechos constitucionales que se habían dado a procesados, victimas y ofendidos, se agregaron muchos otros copiados de lo existente y que funcionare adicionalmente, en otras naciones.

Así, con el primer minuto del sábado 18 de junio de este año, entró en plena vigencia el nuevo Sistema de Justicia Penal en México, luego de ocho años de intensa labor para dar cumplimiento a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que sentó las bases para el establecer un nuevo modelo para impartir justicia en el país. Sin embargo no todo serán juicios orales porque el proceso contempla otras medidas de solución de conflictos, como la justicia alternativa o los procesos abreviados. Ahora un caso bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal puede empezar de dos formas: con la presentación de la denuncia o querella y, con detención del imputado en flagrancia, es decir cuando se está cometiendo el delito.

El caso termina hasta la audiencia de sentencia, donde el juez determina si el imputado es inocente o responsable de haber cometido el hecho considerado delictuoso.  Aquí es importante señalar que en el nuevo modelo se le nombra imputado a la persona que en un proceso penal es señalada como probable responsable.

Dentro del proceso penal del nuevo Sistema de Justicia existen tres etapas y cada una es supervisada por un Juez distinto: Investigación, Etapa Intermedia y el Juicio Oral.

En la investigación, el Ministerio Público (MP) y la Policía podrán determinar la probable existencia de un delito y buscarán a la persona que lo cometió.

Una vez que el MP cuente con pruebas de que una persona pudo haber cometido un delito o participado en él, debe acudir con el juez y acusarlo formalmente (formularle una imputación) en una audiencia pública. Por eso a esa persona, a partir de ese momento, se le llama imputado.

En esta misma etapa de averiguación existe el Juez de Control, quien está encargado de revisar que la investigación arroje los datos que indiquen la probable participación de la persona imputada en el delito que se está indagando. Si es así, autorizará al MP a llevar a esa persona a juicio, para acusarle formalmente.

En tanto se realice el juicio, el Juez de Control puede imponer medidas cautelares al imputado para evitar que se fugue, obstaculice la investigación o dañe a la víctima. Dichas medidas pueden ser: prohibirle acercarse a la víctima o testigos, o salir de la ciudad donde se llevará a cabo el juicio, entre otras.

En la Etapa Intermedia, si el MP considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable, presentará su acusación ante el Juez. En ésta debe agregar la lista de testigos y peritos o expertos que desea que declaren en el juicio para comprobar la culpabilidad del imputado.

Aquí se desarrolla un debate ante el Juez de Control, en el que el imputado y la víctima, a través de sus abogados o por ellos mismos, proponen las pruebas que presentarán en el juicio. En ese momento, el Juez de Control debe decidir cuáles se admitirán.

En el caso de delitos menores, se pueden aplicar salidas alternas que permitan encontrar una solución al conflicto sin llegar a juicio, y que ayudarán a terminar el proceso en menor tiempo.

Además sirven para que el imputado acepte su culpa y repare el daño ocasionado a la víctima.

De no ser efectiva una salida alterna o si la víctima no quiere mediar, se continuará con la siguiente fase, es decir, el juicio oral.

Esta tercera etapa es una audiencia pública en la que el MP y la defensa debaten sus posturas. La controversia es presidida por un Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por uno o tres jueces, según lo determine cada entidad federativa del país.

El juez de juicio oral debe escuchar a las partes y valorar las pruebas que se desahogaron en los interrogatorios. Después, dictará la sentencia que determine la culpabilidad o inocencia del imputado, la cual tiene que ser leída y explicada de una manera clara y precisa para el acusado y la víctima.

Así pues, el sistema privilegia que ahora las víctimas del delito y los responsables de cometerlo, podrán saber desde un inicio cómo funciona la justicia, qué esperar del proceso penal y entender con toda claridad lo que sucede durante un juicio. Recordemos que el debido proceso penal y la presunción de inocencia son un derecho humano.

En la nueva justicia penal no todo es cárcel. Existen una serie de delitos, que en lo común se conocen como no graves, que pueden resolverse asegurando la reparación del daño y mediante otro tipo de sanciones.

En delitos graves como secuestro, violación y homicidio no aplican las salidas alternas a un conflicto; éstas pueden efectuarse siempre y cuando la ley lo permita y no se afecten los derechos de la víctima.

Otra de las aportaciones que hace a la ciudadanía el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio es agilizar la solución de los conflictos, y para ello, ofrece varias posibilidades para que los involucrados puedan llegar a acuerdos antes de enfrentarse en el Juicio Oral, que es la última etapa del proceso y a la que se llegaría solo de manera extrema cuando un delito no sea grave y no haya sido resuelto a través de los medios alternos de solución de conflictos.

Ya se inauguraron en Jalisco las salas de juicios orales.

Ya se inauguraron en Jalisco las salas de juicios orales.

El nuevo sistema se endereza bajo los siguientes presupuestos: Criterio de Oportunidad: si hay forma de garantizar que el acusado repare el daño ocasionado a la víctima, o esta última manifieste su falta de interés en dicha reparación, el MP tiene la posibilidad de no acusar al imputado ante la instancia judicial; por ejemplo cuando exista mínima afectación a la víctima y a la sociedad por el delito cometido, el inculpado haya sufrido un daño grave al cometer el delito o colabore en la investigación de un hecho más grave que el cometido por él. Ahora bien, la Justicia Alternativa, es el método para lograr un acuerdo entre las partes para reparar el daño, auxiliados por un especialista en Mediación o bien en Conciliación, y se utiliza bajo las siguientes consideraciones:

– Siempre y cuando el acusado no haya celebrado anteriormente otros acuerdos con cualquier persona por la misma causa, es decir, que no se abuse de este beneficio, llegando a convenios y evite siempre el juicio.

– No procede en casos donde exista un interés público importante como por ejemplo con delitos que atenten contra la seguridad nacional, o en delitos como violación, homicidio o extorsión tampoco existirá este beneficio. Otro eje es la Suspensión Condicional del Proceso, donde la persona que por primera vez cometa un delito no grave, podrá solicitar al Juez de Control suspenda el Juicio a cambio de aceptar su culpa, comprometerse a indemnizar por el daño causado, y asumir las condiciones que le imponga el Juez.

Para ello deberá satisfacer a la persona afectada en la reparación del daño, cumplir con las condiciones que el Juez le imponga; si el imputado no cumple con esas condiciones, se reanudará el proceso penal. Otra salida es el Proceso Abreviado que consiste en la oportunidad que se le otorga a un imputado de aceptar su responsabilidad, evitándose realizar un juicio más largo que genere desgaste emocional y económico a la víctima.

En ese momento, el imputado inicia el proceso de reinserción social al responsabilizarse de sus actos. Por esta razón podrá recibir una pena menor a la que corresponda de acuerdo a la ley.

La diferencia con la Suspensión Condicional del Proceso es que ésta es anterior al Juicio y no se llega a una pena de prisión, y el Proceso Abreviado se discute ya en el Juicio y existe la disminución de la pena de prisión.

Para que el proceso abreviado pueda solicitarse, el inculpado debe admitir la responsabilidad en los hechos por los que se le acusa, estar de acuerdo en ser juzgado conforme los datos recabados durante una investigación y renuncie al Juicio Oral, que no haya oposición razonable de la víctima y se garantice la reparación del daño causado.

Así pues el reto que está en puerta en el país y Jalisco, no es menor, se trata de un cambio de paradigma, el día ya llegó y todos esperamos que ahora sí la justicia sea eso que nomás aparecía en la letra, pronta, rápida y expedita.

El cambio es considerado histórico y profundo pero los expertos critican su lenta implementación en todo el país y la falta de preparación de actores que tendrán un importante papel con la reforma, por ejemplo la policía.

Para algunos juristas llevar el Nuevo Sistema Penal a todos los tribunales del país será una labor de titanes.

Se calcula que en 2014 un 92.8% de los delitos no fueron denunciados o que, habiendo sido denunciados, no derivaron en averiguación previa. Se estima que del total de delitos cometidos en ese año, hubo denuncia en el 10.7%, pero solo el 7.2% generó el inicio de una averiguación previa o carpeta de investigación. Del total de delitos que sí fueron denunciados, el 67.5% derivó en un proceso penal, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015.

Hay cuestiones importantes y con alcance positivo, hay faltantes que en los siguientes meses se deberán agregar positivamente y hay debilidades que deben palearse, por ejemplo dotar de personalidad y equipamiento adecuados a todas las  autoridades involucradas además de exigir a los abogados actualizarse.

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