Corrupción: el diablo aliado

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Jonas-05La corrupción es un mal generalizado. Todos en México estamos de acuerdo con la dimensión titánica del problema y se esperan desde hace años propuestas serias de solución. Puede afirmarse que el país está algo así como pasmado ante el fenómeno, porque se combina con la violencia generada por el crimen organizado y la impunidad que resulta de un sistema judicial fragmentado e ineficiente. Quienes se benefician de la corrupción guardan un silencio cómplice y para denunciarla sólo hay algunas voces significativas que se respetan por su valentía, pero que no consiguen romper el círculo vicioso.

Quizá más por presión internacional, y concretamente la de organismos económicos internacionales, la administración federal del presidente Enrique Peña Nieto presentó su iniciativa para generar un sistema nacional anticorrupción. Todavía está por verse qué resultados producirá, porque después de salir de Los Pinos, este paquete de propuestas (872 páginas en un primer dictamen legislativo) está ahora en manos de diputados federales y senadores… y ya se sabe que, voluntariamente o no, los legisladores representan y votan por los intereses de las cúpulas partidistas y los grupos de poder.

En nuestro esquema piramidal de poder, ya “bajan” las propuestas de combate a la corrupción desde la punta a las bases. En Jalisco también se propone un sistema estatal para enfrentar este complejo problema y los diputados estatales del Revolucionario Institucional (PRI), adelantan soluciones como las siguientes:

  1. Una fiscalía especial para investigar y perseguir delitos vinculados con el mal uso del erario.
  2. La Auditoría Superior fiscalizará presupuestos y cuentas públicas del año en curso cuando existan denuncias por anomalías.
  3. El Tribunal de lo Administrativo (TAE) cambiaría de nombre y se denominaría Tribunal de Justicia Administrativa; contaría con una sala unitaria para vigilar y sancionar corruptelas de funcionarios y particulares.
  4. Aumentar las sanciones de tres a seis años de cárcel.
  5. Retirar el fuero a funcionarios públicos.
  6. Hacer obligatoria la “ley tres de tres”, que consiste en presentar las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

En un afán crítico, que pretende mejorar las propuestas y no sólo desacreditarlas por su origen, se puede afirmar que las propuestas son muy limitadas.

Se puede anticipar: condenadas al fracaso si llegan a aplicarse.

¿Por qué?

Una fiscalía especial dependería directamente de la fiscalía general, y a su vez, del gobernador en turno. ¿Dónde están los resultados, por ejemplo, de las indagatorias por irregularidades multimillonarias denunciadas por la Contraloría del Estado sólo de un año del sexenio del ex gobernador Emilio González Márquez? No existen, y la fiscalía general (en teoría) sigue investigando.

En cuanto a la fiscalización que aplicaría la Auditoría Superior –y concedamos que ya no estaría dirigida por Alonso Godoy Pelayo, quien la secuestró para beneficio de componendas y acuerdos que son más actos de corrupción–, eso no es posible actualmente, porque la Auditoría calendariza a contentillo de su autonomía, los trabajos que hará en el año.

Sobre el TAE, francamente es irrisorio, al nivel de la carcajada, suponer que con el cambio de nombre y la creación de una sala especial, los mismos magistrados que son acusados por todos los niveles de gobierno, se transformarían de pronto en aliados del combate a la corrupción. ¿El diablo, repentinamente, aliado del arcángel Miguel?

Y la ley tres de tres, mientras dependa de la voluntad de quienes presentan sus declaraciones, es en el mejor de los casos, una simulación.

Qué difícil, con estas herramientas tan limitadas y negociadas políticamente, creer que la corrupción se enfrentará y disminuirá.

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