GOLPES Y TUMBOS

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Hillary Rodham Clinton speaks to the reporters at United Nations headquarters, Tuesday, March 10, 2015.  Clinton conceded that she should have used a government email to conduct business as secretary of state, saying her decision was simply a matter of "convenience." (AP Photo/Seth Wenig)

Hillary Clinton.

Si Hillary Clinton llega a ser la primera presidenta de Estados Unidos este año, se anunciará el acontecimiento en cientos de medios de comunicación como un gran paso adelante para las mujeres.

Pero la destitución de Dilma Rousseff puede ser un gran paso hacia atrás en un país patriarcal y, a veces, violentamente machista como ahora se ha desdibujado la nación carioca. Uno a uno, los ministros del flamante nuevo presidente interino de Brasil, Michel Temer, asumieron el cargo en una ceremonia con aplausos, risas, abrazos, pero algo llamó la atención, y es que la sorpresa no fue sólo porque Temer sustituya a Dilma Rousseff, la primera mujer presidenta de Brasil, suspendida por el Senado para iniciarle un juicio político por presunto desvío de partidas del presupuesto, sino porque en el nuevo Gabinete eran todos hombres y blancos. En la sociedad brasileña hay una mayoría de mujeres y de personas que se definen a sí mismas como negras o mulatas, según datos de la oficina nacional de estadísticas. Sin embargo, esa diversidad está lejos de reflejarse entre los 24 hombres designados por Temer, algo que señalan con perplejidad activistas, usuarios de redes sociales, y analistas locales y extranjeros, definiendo el hecho como un grave retroceso, sobretodo observando que en años recientes las mujeres y personas de color habían ganado espacios en el gobierno. Rousseff fue sustituida por un hombre blanco de 75 años, cuya mujer, también blanca, de 33, ha sido fotografiada en la revista conservadora Veja –uno de los medios más agresivos en la campaña contra Rousseff– y calificada como “bella, comedida y del hogar”. Solo hay 45 mujeres de los 513 miembros de la Cámara de Representantes que inició el mes pasado el proceso de juicio político y las mujeres constituyen solo el 18% del Senado que culminó el proceso en la madrugada del jueves.

Dilma

Dilma Rousseff.

En general, se ha dibujado de Rousseff un perfil autoritario, poco dialogante y tozudo, lo que ha calado hondo en una opinión pública en Brasil que apenas conoce el debate sobre el feminismo. Al respecto Dilma resumió la situación en un encuentro con blogueros la semana pasada: “Se me ve como dura; los hombres que actúan igual son normales”. En otro frente del machismo brasileño, Rousseff ha sido retratada con imágenes misóginas y violentas en la campaña en su contra para apoyar el juicio político. Se han burlado de su ropa poco “femenina” y de su cuerpo en un país líder en operaciones de cirugía estética (la misma Dilma se hizo un lifting en el año 2009).

El tono misógino de gran parte de la campaña de desprestigio en las redes sociales es tan extendido que las Naciones Unidas emitieron un comunicado el mes pasado en el cual advertían: “Ningún desacuerdo o protesta política puede justificar la trivialización de la violencia de género, una practica misógina y patriarcal que atenta contra la dignidad humana”. Vale apuntar que cada día 15 mujeres son asesinadas en Brasil, uno de los cinco países con mayores niveles de feminicidios del mundo. También en el mes de abril, cuando el Congreso le asestó a Dilma Rousseff su primera derrota, emergió otra controversia sobre el género.

Esta vez la presidenta aparecía en la portada de otra revista nacional como una mujer con un ataque de nervios. En la publicación perfilaban a la presidenta como una persona “emocionalmente inestable”. Utilizando una foto de portada en la que parecía que estaba gritando, la presidenta era descrita como alguien que patea objetos, maltrata a los trabajadores y por tanto, es “inestable emocionalmente” para dirigir el país. “Tomando antidepresivos y con ataques de rabia”, decía el encabezado. Total que tras su separación del cargo, una de las primeras declaraciones de Dilma fue que “Cuando una presidenta electa es juzgada bajo la acusación de un crimen que no cometió, el nombre que se le da a eso en el mundo democrático no es ‘impeachment’ –juicio político-, es golpe”.

Esta denuncia de que se trata de un golpe de Estado recuerda inevitablemente a las declaraciones que hicieron Manuel Zelaya en 2009 y Fernado Lugo en 2012, cuando fueron destituidos de sus respectivos cargos al frente de los gobiernos de Honduras y de Paraguay. Y, al igual que ocurrió en los casos de Zelaya y Lugo, junto a la denuncias de golpe en esta ocasión también hay voces que insisten en que el proceso ha sido totalmente constitucional. El 28 de junio de 2009, Manuel Zelaya, ya despojado de su cargo de mandatario de Honduras, fue detenido por militares que allanaron la casa presidencial, trasladado a la base de la fuerza aérea en el sur de Tegucigalpa, y expulsado a Costa Rica. Había asumido el cargo el 27 de enero de 2006, después de haber ganado las elecciones de 2005 de la mano del Partido Liberal. El primer día de su presidencia aprobó la Ley de Participación Ciudadana, que permitiría consultar a los ciudadanos sobre las principales cuestiones nacionales.

A partir de esa ley, en 2009 propuso hacer una consulta popular en junio sobre la posible elección de una Asamblea Constituyente que modificara la Constitución de 1981. Y para refrendar la decisión ciudadana, colocaría una cuarta urna en los colegios electorales durante las elecciones de noviembre. La oposición alegó que la intención última de Zelaya era modificar la Constitución para poder presentarse para un segundo mandato, algo prohibido. Así con base en una ley que se había promulgado cinco días después de la consulta, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior Electoral calificaron de ilegal el acto de Zelaya. Concluyeron que era responsable de los delitos de “traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio del Estado de Honduras”. Y el 26 de junio la Corte Suprema emitió una orden de captura contra él, lo que ocurriría dos días después. “Fue un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos”, denunciaría el propio Zelaya al año, desde Costa Rica. Una afirmación similar saldría de boca de Fernando Lugo, el ya depuesto presidente de Paraguay, en 2012. “Fue un golpe de Estado que permitió el reposicionamiento de la clase oligárquica privilegiada históricamente”. Así definió Lugo el juicio político que en junio de 2012 lo quitaría de la presidencia, que fue preparado en menos de 24 horas y que paralizó al país.

De acuerdo a la Constitución de Brasil, el “impeachment” a un presidente debería estar fundado en crímenes graves cometidos durante su mandato, pero en el caso de Dilma (Rousseff) no hay indicios de ello. Al contrario, hay consenso en que es una de las políticas más honestas de América Latina, y va a ser enjuiciada por políticos implicados en casos de corrupción. Ahora bien, la suspensión por al menos seis meses de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, supondrá un verdadero golpe de timón en la geopolítica regional, que separará al país del bloque “bolivariano” al que estuvo alineado en los últimos trece años.

Aunque el juicio político de Rousseff es popular –60% de los brasileños está a favor-, el proceso es muy cuestionado porque una mayoría de diputados y senadores del Congreso han sido condenados o están acusados de haber cometido delitos en algún momento. Muchos países están “incómodos” con el proceso y observan que “ha sido politizado”. La Organización de Estados Americanos anunció que consultará sobre la legalidad del pedido de impeachment a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José. Su secretario general, Luis Almagro, ha dado claras señales de apoyo a Rousseff visitándola dos veces en el último mes, pero el asunto no fue discutido por los 34 países miembros de la OEA en el Consejo Permanente, el órgano político del ente continental.

El banco nacional de desarrollo económico y social de Brasil BNDES, y Petrobras, han sido los vehículos principales de la estrategia de economía dirigida por el estado carioca hasta hace unos días presidido por Dilma Rousseff y empleada por el partido de los trabajadores (PT); y quizá también los lugares desde donde emergió el verdadero problema que hoy tiene polarizado a  Brasil. Y es que en buena medida fue el colapso de la inversión de Petrobras, debido al desplome del precio internacional del petróleo y la investigación judicial conocida como Lava jato sobre una red sobornos canalizados a través de la icónica petrolera estatal lo que puso en marcha la debacle de la hoy presidenta inmersa en medio de un juicio político que busca de fondo su separación del cargo. Así mismo, fue la decisión atrevida de Rousseff de usar el BNDES y otros bancos públicos para forzar el decremento de los elevadísimos tipos de interés en Brasil, lo que desató la ira de la banca privada y de los mercados financieros, así como el inicio del prolongado acoso al gobierno que terminó con la destitución casi definitiva de Rousseff casi al final de la semana pasada. Se inventó un pretexto a partir de las llamadas “pedaladas” fiscales, el uso de préstamos de los bancos públicos para reducir provisionalmente el déficit presupuestario, algo habitual en Brasil -y legal, según la interpretación de Rousseff. Pero los motivos reales fueron otros.

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Michel Temer.

La crisis económica y las medidas que Dilma adoptó para hacerle frente provocaron animadversión en la oligarquía que detenta el poder e intereses superiores al del pueblo. Todo esto empezó cuando Dilma intento reducir la diferencia entre los intereses que pagan los bancos y los que cobran, que eran gigantescos. Los bancos privados no se lo perdonaron. De forma transitoria –aunque algunos auguran, de forma definitiva- el destino de Brasil están en manos del gobierno interino de Michel Temer y su partido, el Movimiento Democrático de Brasil.  El naciente régimen está en deuda con una sociedad civil harta del cáncer de la corrupción, que busca eficacia y responsabilidad.  Temer solo conseguirá la legitimidad que no tiene en la medida en que consiga implementar las reformas que el país necesita con urgencia para salir de la crisis política, ética y económica. Deberá realizar el esencial ajuste, tanto fiscal como laboral, que el Partido de los Trabajadores se negó a hacer. Sin embargo estos no son los mayores retos que tiene que afrontar el recién ungido presidente, uno muy relevante es el de la confianza de un pueblo que no lo elogió en las urnas. Su futuro es, pues, complicado. Además de carecer de una imagen favorable su alianza de gobierno es precaria.

A nivel continental una de las consecuencias más interesantes de la salida de Dilma puede ser el fortalecimiento de Argentina como líder regional. Mauricio Macri incrementará su protagonismo e impulsar los procesos de integración. El ministro de Hacienda argentino, Alfonso Prat-Gay, ha llegado a decir en que lo sucedido en Brasil es una oportunidad para refundar el MERCOSUR.

Atrás quedarán las imposiciones del eje bolivariano Venezuela, Brasil y la Argentina de los Kirchner. El mandatario argentino acaricia la idea de un giro del MERCOSUR hacia la Alianza del Pacífico y aboga por el relanzamiento de las estancadas negociaciones por un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

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Lula da Silva.

El PT puede volver al poder, más no es probable que sea con Dilma. Ahora quizá resultare que la mandataria temporalmente depuesta esté siendo sobre acusada en un asunto que no ameritaba llegar a los extremos que ya lo hizo, pues el grave pecado cometido ha sido maquillar maliciosamente las cuentas públicas para mejorar su imagen antes de que fuera reelecta.  Sin embargo el caso Petrobras ensombrece su presidencia. Es verdad que no está acusada directamente, pero ¿por qué nombró a Lula Da Silva ministro en medio del escándalo, si no era para protegerlo y protegerse? Rousseff era la presidenta del Consejo cuando comenzó el enorme desfalco a la petrolera. Si no lo sabía es, cuando menos, culpable de negligencia por omisión.

Si el PT vuelve tiene más posibilidades de hacerlo con Lula que, aunque criticado, sigue contando con muchos simpatizantes.

El nuevo gobierno de Michel Temer no tardó en anunciar un nuevo proyecto de privatización de todo lo que sea posible, en sectores como el petróleo, eléctrico, puertos y aeropuertos. Aunque el gobierno no se ha expresado sobre esto, la ley del PT que daba preferencia a Petrobras y a los proveedores locales en la explotación del petróleo en el Atlántico, probablemente será revisado a la luz de un plan neoliberalista. Será parte de un plan de elevar los ingresos el estado para reducir el déficit brasileño de 10% del Producto Interno Bruto PIB y prevenir una crisis de solvencia en un país que paga intereses elevadísimos sobre su deuda, equivalentes al 20% del PIB, una salida de dinero desde el estado a los bancos y los inversores en bonos.

En tanto, crecen las presiones sobre BNDES, elogiado durante la crisis financiera mundial del 2008 -2010 como un ejemplo modélico de cómo la banca pública puede evitar los problemas especulativos de la banca privada. Henrique Merielles, el nuevo ministro de Hacienda, dijo el viernes que los bancos públicos “serán valorados con criterios técnicos”. Se intenta también involucrar al banco en el escándalo Lava Jato, junto con su presidente Luciano Coutinho, uno de los cerebros económicos de la izquierda brasileña.

No hay ninguna prueba de que sea así. Pero en Brasil en estos momentos basta con dejar caer el posible delito para que el fin surta efecto. El ministro de hacienda y responsable de la política de intentar bajar tipos de interés en el primer gobierno de Dilma Rousseff, Guido Mantega, descalificado en los medios por ser el arquitecto del desastre económico en Brasil, fue detenido la semana pasada y forzado a dar testimonio ante un fiscal en Sao Paulo acusado de corrupción.

La historia no ha terminado, solo está en el capítulo más interesante, por ahora. Dilma Rousseff, la discípula más aventajada del carismático expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, tendrá seis meses para articular su defensa en un juicio político al que llegó por acción, inacción, complicidad o ingenuidad, mientras fue remplazada por su ‘odiado’ vicepresidente Michel Temer.

 

@salvadorcosio1

opinion.salcosga@hotmail.com

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