Poder, traición y extradición

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Sorprendió el traslado de “El Chapo” Guzmán.

En medio de un sigiloso pero muy fuerte dispositivo de seguridad, la madrugada de este sábado 7 de mayo, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo Guzmán, quien se convirtió el año pasado en el narcotraficante más buscado del mundo, fue trasladado repentinamente de prisión, se ha dicho entre otras cosas, que por “protocolo de seguridad”.

El cambio súbito de cárcel se llevó  a cabo en medio de un intenso operativo que realizó la Policía Federal, mediante el cual el llamado líder del cartel de Sinaloa, fue trasladado del El Altiplano, prisión de donde escapó en julio del 2015, al Cefereso No. 9 ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. La primer versión oficial giró en el sentido de que el pasado 4 de mayo Eduardo Guerrero, titular del área de Prevención y Readaptación Social del Altiplano, informó que por una falla eléctrica en un tablero de la cárcel se había impedido a Guzmán Loera una visita de familiares y de sus abogados, siguiendo el protocolo de seguridad. La falla, según Guerrero, no solo afectó a Guzmán, y tanto en su caso como en el de otros reos se dio una reprogramación de sus visitas.

Sin embargo la verdad es otra. Ha trascendido ya de manera profusa en medios de comunicación y redes sociales digitales que este cambio de prisión tiene como objetivo preparar al capo para su inminente extradición a los Estados Unidos de América, en donde tiene pendientes  órdenes de extradición. De hecho se ha filtrado que hace solo unas horas un juzgado federal del reclusorio norte con sede en la Ciudad de México, autorizó la extradición de Guzmán Loera a California donde una Corte lo acusa de tráfico de drogas, denuncia que según se sabe, sería la más antigua que el capo tiene en el vecino país del norte. Y es que esta tesis ya se sustentaba justo al momento de conocerse el cambio de prisión de que fue objeto El Chapo Guzmán, pues su reubicación no tiene nada que ver con parte del proceso de rotación de reos que por protocolo se sigue en los penales federales, sino que la finalidad es que Joaquín Guzmán Loera pueda ser entregado en la frontera a las autoridades del gobierno estadounidense. Información que podría ser confirmada en cualquier momento.

En tanto, a la llegada del nuevo inquilino al Cefereso número 9, la federación reforzó las medidas de seguridad ordenando tener a un helicóptero de la Policía Federal en sobrevuelo intermitente por tiempo indefinido y presto para cualquier acontecimiento que pudiera darse, ya que de volver a escapar, la administración que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto quedaría de nuevo en vergüenza frente a la sociedad mexicana y la comunidad internacional, al margen que otra eventual fuga iniciaría una revuelta social y política que no queremos ni siquiera imaginar.

Como parte de las nuevas medidas en el reclusorio que también es considerado de máxima seguridad, decenas de agentes de la Policía Federal instalaron varios filtros de seguridad en la entrada del Cefereso, a la altura del kilómetro 33 de la carretera Panamericana. También elementos de la Policía Municipal, Estatal y de la Dirección de Tránsito mantienen fuerte presencia a la altura de la glorieta del kilómetro 20 de la misma vía carretera, operativos todos sin fecha aun de cese.

Vale recordar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es la responsable de autorizar la eventual extradición del líder del Cártel de Sinaloa a los Estados Unidos. El 16 de marzo, durante una conferencia de prensa en Washington con su homólogo estadounidense, Jeh Johnson, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que la cancillería mexicana sería la encargada de autorizar la entrega de Guzmán Loera una vez que las autoridades judiciales resuelvan las demandas de amparo promovidas por los abogados del capo.

Tras dichas declaraciones, en menos de una semana, los abogados del narcotraficante perdieron dos juicios de amparo mediante los cuales buscaban evitar la extradición a los Estados Unidos, de acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal. Más tarde, el 5 de abril, el juez Décimo Tercero en Materia Penal en la Ciudad de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, dejó sin efecto la causa 56/2016 promovida por el abogado Juan Pablo Badillo Soto, mediante la cual buscaba evitar el ejercicio de cualquier orden de extradición, destierro o expatriación.

Sin embargo y mientras se concluye el proceso legal de extradición, el Cefereso 9 de Ciudad Juárez, donde se encuentra recluido el líder del Cártel de Sinaloa, está clasificado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como el peor de los 20 penales federales del país. De acuerdo con el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015”, el reclusorio juarense obtuvo una calificación de 6.63, cuando la media nacional es de 7.36 entre las prisiones manejadas por la federación.

Durante la supervisión al Cefereso 9, la CNDH detectó la existencia de sobrepoblación y hacinamiento, por lo que deben revisarse los servicios para cuidar la salud de los internos, así como las condiciones materiales, equipamiento e higiene del área médica, talleres y áreas deportivas.

El Centro Federal de Readaptación Social Número 9 tiene capacidad para 848 internos y la población registrada durante el periodo de evaluación era de 1,012.

También se observaron deficiencias en el proceso para la imposición de sanciones disciplinarias, una “deficiente integración del expediente técnico-jurídico de cada interno” y falta de clasificación entre procesados y sentenciados.

El informe señala también que deben atenderse las actividades laborales, de capacitación y las deficiencias en las acciones para la vinculación del interno con la sociedad (visita familiar, íntima, comunicación telefónica y biblioteca).

En el rubro “Grupos de internos con requerimientos específicos”, debe darse atención a adultos mayores y a indígenas, además de que hay “insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria”.

El diagnóstico fue presentado el 12 de abril en la Ciudad de México, por el presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez.

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Héctor “el Güero” Palma (1997).

El Cefereso No. 9 también es considerado una cárcel de máxima seguridad, pero el 15 de marzo de 2014 se intentaron fugar cinco reos saltándose la reja del penal. Tres fueron recapturados y dos, Alejandro Sánchez García y Álvaro Eguiarte Silva se lograron fugar. Ambos eran integrantes del grupo criminal La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez. Así las cosas, lo único seguro es que de no volvérseles a escapar, este traslado solo es un preámbulo de tramite para entregar a Guzmán Loera a la justicia estadounidense, de donde quizá, irónicamente pronto podría salir exonerado si es que corre la misma suerte de El Güero Palma, pues de acuerdo a el portal web del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, se confirma que liberará el 11 de junio próximo a Héctor ‘El Güero’ Palma Salazar. Capo sobre el cual pesa una condena de 16 años de prisión, pero como se portó bien, a decir de sus carceleros, sólo cumplirá nueve en la prisión californiana de Atwater, en donde fue recluido desde el 9 de abril de 2007, cuando Felipe Calderón lo entregó en extradición a Estados Unidos. Palma Salazar es un criminal tan peligroso o más que Joaquín Guzmán Loera. De hecho, fueron socios y cabezas del cártel de Sinaloa. De ambos se supo públicamente cuando el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Arzobispo de Guadalajara, fue asesinado el 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto de la capital jalisciense.

Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, está con un pie fuera del país vía la inminente extradición que el gobierno federal impulsa para liberarse del lastre que representa el capo que a pulso se ganó el mote del más buscado del mundo. La primera vez que detuvieron a Guzmán Loera, fue el 9 de junio de 1993 en el puente internacional ‘El Talismán’, en la frontera entre México y Guatemala. Fue recluido el 18 de junio de 1993 al ahora Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. El 22 de noviembre de 1995 y después de pasar más de un año en Almoloya, Guzmán Loera fue transferido al penal de máxima seguridad de Puente, Grande, Jalisco. Los delitos que se le imputaban eran delincuencia organizada y delitos contra la salud. Seis años después, el 19 de enero de 2001, ‘El Chapo’ se fugó del penal escondido en un carrito de lavandería con la ayuda de un trabajador de mantenimiento, Francisco Javier Camberos Rivera, ‘El Chito’.

Según relatan las versiones, los custodios Carlos Fernando Ochoa López y Víctor Manuel Godoy Rodríguez no vigilaron, ‘que las puertas de los diversos diamantes del (entonces) Cefereso permanecieran cerradas y funcionaran correctamente, lo cual de haber cumplido, hubiera evitado la evasión de Joaquín Guzmán Loera’.

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Jesús Murillo Karam.

Después de 13 años de evadir la justicia, el 22 de febrero de 2014 Guzmán Loera fue detenido en Los Mochis, Sinaloa y regresó al penal de Almoloya, en el Estado de México que, para esa época, ya era conocido como El Altiplano. El entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dio a conocer que la detención fue planeada durante meses en coordinación con todas las dependencias del gobierno federal. Pero la historia daría un giro, ‘El Chapo’ solo estuvo en El Altiplano hasta el 11 de julio de 2015, fecha en la que volvió a fugarse a través de un túnel que conectaba al centro penitenciario con una casa en obra negra dentro de la colonia Santa Juana, en el Estado de México.

El 8 de enero de este año, Guzmán Loera fue nuevamente detenido en Los Mochis, Sinaloa y, por tercera ocasión, fue recluido en Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en el Estado de México. En este lugar estuvo  durante cuatro meses, hasta que la madrugada  del sábado pasado fue trasladado al penal de Ciudad Juárez, se dice, que para su extradición al vecino país del norte donde diversas cortes lo buscan para que rinda cuentas ante la justicia.

Pero quien creyera que recluso El Chapo dejaría de tener amplia influencia en el mundo del hampa, se equivoca rotundamente y es que la prisión no ha sido obstáculo para que el capo continuara mandando y dirigiendo acciones criminales.

El cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, movió en México su dinero a través de “ríos” de oro fundido, y es que recién se ha descubierto que el cártel de Guzmán Loera embarcó más de 98 millones de dólares en oro a una empresa en Florida que lo fundió y lo vendió por efectivo, la organización criminal usó después las facturas falsas para justificar el envío a una empresa en México, según detallan registro de la Corte en Estados Unidos. La agencia norteamericana especializada en finanzas indica que según esos documentos y varias entrevistas realizadas a personas cercanas a este esquema, detallaron un panorama de cómo el oro puede ser usado para transferir dinero de manera ilegal. El ex agente del Tesoro, John Cassara, dijo que si se tienen grandes cantidades de dinero para lavar, “no hay nada que se le parezca” al oro. Y es que una vez que se éste se funde, los orígenes del cometido son difíciles de rastrear y éste puede convertirse rápidamente en efectivo. Además de que muchas de las empresas que hacen acuerdos con oro no son sujetas a los mismo estándares que los bancos. Las operaciones sospechosas se presentaron en documentos de un caso que se lleva en una Corte federal de Chicago.

El móvil era sencillo, personal de confianza de El Chapo habrían tenido la encomienda de reclutar a otras personas para organizar a mensajeros y recolectar las ganancias de las drogas y más tarde comprar barras de oro y piezas en las joyerías y negocios en el área de Chicago.

Documentos señalan que el oro fue embarcado vía la compañía FedEx a una empresa no identificada en Florida. Entre 2011 y 2014, la empresa tomó cientos de cajas enviadas por el cártel. La firma ganó un uno por ciento de comisión, luego enviaba el dinero a una empresa en México llamada “De Mexico British Metal”.

La investigación de la Corte precisa que se utilizó papelería apócrifa para aparentar que “De Mexico British Metal” vendió el oro a la empresa de Florida, ayudando a que la operaciones pareciera legal.

A la par del lavado de dinero, el poderío de El Chapo lejos de disminuir, se acrecentaba. Con 102 pistas clandestinas en La Paz, la capital de Baja California Sur domina una importante parte de las rutas para el tráfico aéreo de drogas del Cártel de Sinaloa junto con las de estados del Noroeste Mexicano como Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, las de La Paz representarían el 50.7 % de las pistas clandestinas par el trasiego de drogas.

Y es que “en términos numéricos, el Cártel de Sinaloa puede considerarse como la aerolínea más grande de México, ya que en la última década su flotilla ha superado en cantidad de unidades a la empresa con más aviones en el país: Aeroméxico, que posee 127. De 2006 a 2015 autoridades militares le han incautado 599 aviones a la organización criminal, que movieron cocaína y marihuana por toda Latinoamérica. Si fuera una empresa legal, el cártel también competiría como la compañía aeroportuaria más lucrativa del país, operando 4,771 pistas de aterrizaje clandestinas de entre 500 metros y un kilómetro de longitud, enclavadas en el corazón de las sierras en estados norteños. De las 599 aeronaves que aseguró en la Secretaría de la Defensa Nacional al Cártel de Sinaloa, y que estaban en funcionamiento para traficar droga 13 son helicópteros y 586 aviones; de 2006 a 2012 se logró el aseguramiento de 544 aeronaves, y sólo en el año 2008 la cifra fue de 284; en 2013 se les aseguraron 19 aviones, durante 2014 fueron 14, y en 2015, 22 aeronaves.

Respecto a las rutas, desde 2006 se han descubierto 4,729 pistas de aterrizaje clandestinas. La ruta que han seguido los pilotos del narcotráfico es salir de los estados de Sinaloa, Durango y Coahuila, en el Triángulo Dorado. Es ahí donde se localizó un gran número de pistas, particularmente en Badiraguato, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Tamazula, municipios enclavados en la Sierra Madre Occidental. Sin embargo, el mayor número de ellas se concentró en la frontera norte de México, específicamente en el noroeste. En el caso de Baja California fueron descubiertas 1,025, y en Sonora, 1,564. Municipios como Ensenada, Mexicali y Tijuana, en Baja California; Álamos, Caborca, Nogales y Santa Ana, en Sonora; Badiraguato, El Rosario y Culiacán, en Sinaloa; Guadalupe y Calvo y Guachochi, en Chihuahua; Tamazula, en Durango, y La Paz, en Baja California Sur, concentran 50.7 % del total de las pistas clandestinas en México.

El propio líder de la organización, “El Chapo”, declaró sin empacho en su polémica entrevista para la revista Rolling Stone en enero pasado: “Yo suministro más heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana que cualquier otra persona en el mundo. Tengo una flota de submarinos y aviones”; en los últimos años, se señala en el mismo medio, “el éxito del cártel de la droga más poderoso del mundo ha radicado en la operación de aviones ultraligeros que pueden transportar más de 500 kilos de droga y que han sido piloteados -según informes de las fiscalías federales en Estados Unidos- por elementos de alto rango de la Fuerza Aérea Mexicana (…) En los últimos 10 años, el Cártel de Sinaloa ha trazado una serie de rutas aéreas para el trasiego de droga: parten de municipios enclavados en las sierras de Sinaloa, Chihuahua y Durango, conocido como el Triángulo Dorado“. La pregunta es dónde están todos esos involucrados en el negocio y por qué no se han realizado detenciones masivas si ya se sabe cómo y dónde operan; la respuesta es que siguen ahí, haciendo lo mismo todos los días y viviendo en la impunidad pues el negocio es tan lucrativo que les ha dado para comprar voluntades a todo nivel, son pues gobiernos de facto. Que lástima y vergüenza a la vez.

Total que frente a este asunto seguían lloviendo toda serie de recursos legales tanto a favor de la extradición como en contra y es que lo ultimo que trascendió fue que un Juez de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México frenó hace unas horas la extradición inmediata de Joaquín Guzmán Loera. Habrá que esperar para conocer los reales alcances de la resolución judicial, pues hay que recordar que previamente ya otra autoridad judicial había ordenado la extradición.

 

@salvadorcosio1

opinion.salcosga@hotmail.com

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