Tragedia y cuentos

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Enrique Peña Nieto, presidente de la República.

EL ÚLTIMO GOLPE SÓLIDO PROPINADO AL GOBIERNO QUE ENCABEZA PEÑA NIETO POR EL GIEI AL VULNERA LA CREDIBILIDAD HACIA LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES

La reacción presidencial fue tan mala como cuando se suscitó el problema básico, al ocurrir los bárbaros crímenes en Iguala a fines del mes de septiembre de 2014 y que por malos consejos de sus brillantes asesores se pensó en dejar el tema en manos exclusivas de más autoridades estatales ‘lavándose las manos’ como Poncio Pilatos, lo que fue el inicio de la tragedia política después de acaecida la barbarie humana causada por funcionarios delincuentes y criminales con y sin uniformes y la respuesta fue así, prácticamente inexistente, tras el informe final y el mensaje lapidario con el que remató su faena el ‘Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes’ (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tutelada por la Organización de Estados Americanos (OEA), lo cierto es que además del respaldo que obtuvo dicho colectivo de peritos por parte del Gobierno de Los Estados Unidos de América a través de su Departamento de Estado también los arropo cálidamente en su despedida de México la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la expresión de apoyo a su trabajo y solvencia técnica expresada por El Alto Comisionado para Derechos Humanos.

La respuesta  al trancazo asestado por el famoso conjunto de peritos fue demoledor ,pero en descargo del Presidente Emrique Peña Nieto y sus más cercanos colaboradores en el area político-jurídica como son el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y Humberto Castillejos Consejero Jurídico Presidencial, quizá resulto menos dañino aplicar esa sentencia popular que dice que : ‘a veces calladitos se ven más bonitos’, dado que realmente muy poco se podría hilvanar verbalmente tan a bote pronto para no empeorar las cosas tras los argumentos claros y tajantes existentes en los documentos del GIEI y especialmente por el espaldarazo de organismos sólidos de corte internacional y las voces editoriales en medios de comunicación de impacto sólido en el vecino país del norte y Europa. Ya habrá ocasión  de buscar y articular una estrategia adecuada para recuperarse del tremendo garrotazo.

Su prestigio al haber realizado un exitoso trabajo en la investigación y dictamen de asuntos complicados en otros países de América Latina fue lo que motivo al gobierno federal mexicano a formular invitación al GIEI a efecto de acudir a nuestra patria percibiendo altos emolumentos, quedando claro que el régimen que encabeza Peña buscaba y estaba seguro obtendría un buen respaldo para consolidar la credibilidad de la versión oficial sobre el caso Ayotzinapa pero ‘le salió el tiro por la culata’ pues tras casi 18 meses de labor y muchos desencuentros con los funcionarios del gobierno federal mexicano , el grupo de expertos fue compelido a dejar el país, pero antes de irse presentó dejó un hiriente rejón al presentar su muy difundido dictamen final en torno a los crímenes perpetrados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando fueron asesinadas varias personas y se forzó la desaparición de 43 estudiantes de la ‘Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

Arely Gómez

Arely Gómez.

Además del muy detallado pergamino de análisis y conclusiones lacerantes el GIEI dejó 20 ‘lineamientos’ a la Procuraduría General de la República (PGR) que encabeza Arely Gómez González, acentuando las inconsistencias en la llamada ‘Verdad Histórica’ que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto sigue sosteniendo es la realidad de las circunstancias inherentes a esos trágicos sucesos, y acendra la insistencia en cuanto a la urgencia de que las autoridades deban agotar todos los procedimientos a su alcance a fin de obtener la información indubitable sobre los violentos hechos, identificando a todos los autores intelectuales y materiales incluyendo a quienes por acción ilícita u omisión negligente han propiciado se haya tergiversado y además truncado la información para alimentar adecuada y oportunamente la averiguación penal y poder así conocer especialmente la realidad de lo acontecido a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa que legalmente continúan en calidad de desaparecidos.

En el breve sumario final que dio a conocer poco después de su final dictamen y antes de abandonar nuestro país, el GIEI sintetiza las 608 páginas de su informe conclusivo en el que descalifica sólidamente la famosa ‘versión oficial’ que indica que el 26 de septiembre de 2014 un grupo de sicarios del ‘Cártel Guerreros Unidos’ aliados con el entonces Alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa Maria de los Ángeles Pinedo operando con su policía municipal y en contubernio con policías bélicos del municipio de Cocula, atacaron a los estudiantes al considerarlos colaboradores del grupo delictivo antagónico llamado ‘Los Rojos’ y los habrían ejecutado para después incinerar los cadáveres en el basurero del vecino municipio de Cocula y posteriormente arrojar sus restos al Río San Juan.

Es sin duda la hipótesis de la cremación en el basurero la que ha sido motivo de mas polémica tras que diversos expertos en fuego y siniestros han determinado que con una hoguera en ese lugar solo pudieron haber sido incinerados un máximo 17 personas en el tiempo que se dice se cremó a los normalistas sin hasta ahora haber réplica sólida alguna a las inconsistencias que sobre la versión del incendio provocado han señalado los respetados científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) así como los peritos del equipo argentino de científicos forenses que fueron contratados por las propias autoridades federales, existiendo además el dictamen pericial que la Universidad de Innsbruck en Austria emitió a petición del propio gobierno federal y fue informado por la misma PGR , reporte científico que no admite contraposición pues simplemente dicta que los restos remitidos para su análisis no están vinculados a los datos genéticos de los normalistas desaparecidos.

Aunado a todo lo anterior , existen dudas sobre que los restos señalados como del normalista Alexander Mora Venancio y que se dice estaban cerca del mencionado río sean en realidad verídicos , dado que hubo inconsistencias e irregularidades crasas, como por ejemplo el incumplimiento de la ‘cadena de custodia’, especulándose así el posible ‘sembrado’ de esos restos óseos para estamentarlos ilegalmente como factible prueba a efecto de validar la tesis oficial.

El GIEI insiste en que debe investigarse la denuncia de haberse generado tortura a los detenidos para hacerles declarar lo más conveniente para fundamentar la teoría oficial, además de indagar sobre la destrucción incidental de evidencias que la podrían rebatir y el que soldados y policías federales atestiguaron los crímenes y no hicieron nada para evitarlos o incluso coadyuvaron a perpetrarlos,  debiéndose revisar todos los informe de inteligencia, vídeos o fotografías que existen y se mantienen ocultos.

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Tomás Zerón de Lucio.

El GIEI despedazo la credibilidad del Director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR Tomás Zerón de Lucio, acusándolo de manipular confesiones y otras supuestas evidencias como al haber acudido subrepticiamente al basurero de Cocula a modificar sus condiciones en pos de inducir como creíble la inverosímil hipótesis que cada día se cae a pedazos, y se hundió más al replicar que su proceder no fue ilegal porque solo realizaba una verificación de lo que un día antes había declarado ante el Ministerio Público Agustín García Reyes alias ‘El Chereje’ detenido junto con otros dos integrantes de ‘Guerreros Unidos’ que supuestamente forzados admitieron haber participado en el asesinato e incineración de los normalistas y presentó  una grabación en la que se observa al detenido García Reyes indicando el sitio a orillas del río San Juan donde supuestamente los sicarios habían arrojado los restos de los estudiantes tras supuestamente haberlos asesinado e incinerado en el basurero de Cocula, mas el GIEI señaló que el video carece de legalidad pues  no fue integrado en las constancias de la indagatoria ministerial y ademas prueba que ‘El Chereje’ habría  acudido al lugar sin la necesaria asistencia de abogado y fue sometido a tortura ya que hay un informe médico que refiere la existencia de al menos 30 lesiones que el indiciado no tenía registradas en la valoración clinica realizada al momento de su detención y hay datos que indican fue torturado instruyéndole repetida y largamente su respiración con una bolsa de plástico en su cabeza, golpeandolo además de propinarle descargas eléctricas en sus testiculos con una chicharra, ademas que en el video se observa al procesado caminando y realizando las supuestas confesiones de sus crímenes frente a Zerón con varios  elementos policiales con sus armas incrustadas en espalda, costillas y nuca violentando su voluntad para hablar al presionarlo con la amenaza de dispararle.

El hidalguense Eugenio Ímaz Gispert dirige el Centro de Investigaciónes para la Seguridad Nacional (CISEN) que depende directamente del también oriundo de Hidalgo Miguel Ángel Osorio Chong Secretario de Gobernación y es presumible que ambos personajes debieron estar oportunamente enterados del seguimiento a los normalistas que el CISEN les hizo  desde que salieron de las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa y hasta que fueron atacados en Iguala y presumiblemente ejecutados o desaparecidos, y no hay información alguna sobre su posible incriminación por responsabilidad, ni en relación a la que deba corresponder al entonces titular de la PGR , ‘el cansado’ Jesus Murillo Karam, también hidalguense,  como tampoco se sabe nada del que fuera titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) Monte Alejandro Rubido García, estos últimos dos funcionarios que ya fueron cesados de sus altos cargos pero están hasta ahora libres de toda investigación.

No se ha generado investigacion alguna en cuanto a los directivos de la Policia Federal y su Comisionado de nombre Enrique Francisco Galindo Quiñones ni en relación a la responsabilidad de los mandos superiores del Ejército que comanda el Secretario de la Defensa Nacional General Salvador Cienfuegos, quien ha evitado se lleve a cabo la entrevista que los integrantes del GIEI estuvieron solicitando y les fue reiteradamente negada, dada la sospecha que pesa en relación a los mandos y elementos del Batallón de Infantería con sede en Iguala.

El tema seguirá generando escozor en la sociedad y provocando resquebrajamiento del gobierno federal mexicano en tanto no haya una reacción más adecuada y Peña Nieto se decida a ordenar una investigación que vaya a fondo y desnude la realidad , dejar de proteger culpables y tras identificar a todos se les sancione ejemplarmente además de una vez efectuado todo esfuerzo se conozca el destino de los aún reputados como desaparecidos y se ofrezca la información acompañada de los elementos probatorios necesarios para que entonces pueda iniciarse una nueva etapa de conciliación y justicia.

@salvadorcosio1
opinion.salcosga@hotmail.com

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