Policías, crimen y video

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Grabar en video a los policías no es delito.

Grabar en video a los policías no es delito.

A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD LES GUSTA APARECER EN VIDEOS MUSICALES; GRABAR DELITOS CON EL CELULAR NO ES DELITO, EXPERTO

Los agentes policiales guardan una cercana relación con las cámaras; si bien les molesta ser fotografiados durante su trabajo, gustan de aparecer en videoclips, sobre todo en los de música de banda.

En algunos casos hasta han aparecido sin permiso y con patrullas incluidas, como ocurrió en el video del cantante de música grupera Gerardo Ortiz, por lo que el ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, separó de su cargo a tres policías mientras transcurre una indagatoria.

Se trata del videoclip de la canción ‘Fuiste mía’, que ha recibido críticas, prácticamente de todos los sectores sociales, al considerar que su contenido fomenta la violencia contra las mujeres.

Está historia no ha parado con la sanción de los agentes, ya que salieron a la luz situaciones como el estatus legal de la finca en que se rodó el video, ya que alojó un casino clandestino y en su exterior fue asesinada una persona; estuvo asegurada por las autoridades federales y al momento tiene cuentas pendientes con la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT).

Por otra parte el artista es vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación, (CJNG), por lo que la Fiscalía ha anunciado que lo requiere para que declare sobre sus nexos, y explique el origen de sus recursos económicos.

También se buscó la manera de evitar alguna presentación en Jalisco, y no se había conseguido por lo costoso de una cancelación de contrato; sin embargo, se logró suspender su actuación en el Palenque de Tepatitlán, debido la detención de dos personas con droga, además que a la revisión del establecimiento, elementos de la Fiscalía y la Fuerza Única Regional, aseguraron narcóticos dispuestos para su venta al menudeo, y se determinó clausurar el coso.

Ánimo protagonista

El investigador en temas sociales de la Universidad Panamericana, Alfredo Ceja Rodríguez, refiere que éstas acciones de los policías muestran un afán de protagonismo, “tan sólo el hecho de estar cercanos a los artistas, les retribuye una satisfacción, independientemente que hubiesen recibido una remuneración económica”.

Otro caso se registró en Zacoalco de Torres, cuyo  alcalde Luis Sólorzano, reconoce el préstamo una patrulla, que se utilizó para la grabación de un video del cantante Danny Díaz y su Póker Sierreño; y anticipa una sanción al Comisario municipal, Pedro Montes.

Ambos funcionarios son señalados en una denuncia por desvío de recursos y uso indebido de atribuciones y facultades por permitir que el vehículo, recién entregado al ayuntamiento, apareciera en el video clip, en locaciones de la laguna seca.

En la denuncia se expone que el jefe policiaco solicitó el permiso de la Fiscalía General del Estado, para que apareciera la patrulla.

La aparición de vehículos oficiales no era tan necesaria para el desarrollo de la trama de los videoclips, señala Alfredo Ceja, “basta con que utilizaran calcas con logotipos similares para dar el aspecto de una patrulla, y personas vestidas con overoles podrían haber hecho la simil de policías; o en todo caso pagar a una agencia de seguridad privada por el uso y aparición de sus unidades, sin utilizar la logística oficial de una corporación”, señaló.

La Fiscalía y la CEDHJ investigan la participación de policías zapopanos en el video.

La Fiscalía y la CEDHJ investigan la participación de policías zapopanos en el video de Ortiz.

Jalisco no es un caso único

En otros estados se han registrado casos similares, por ejemplo en Puebla, un policía municipal fue destituido por simular el arresto de una edecán en el contexto de un partido de béisbol; de esta forma la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla indicó que el policía utilizó su equipo en forma indebida, al colocarle esposas a la edecán, para una fotografía.

Por otra parte, la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos emprendió una investigación por el caso de tres policías del Mando Único estatal por la difusión de fotografías donde se apreciaba a una mujer semidesnuda a bordo de una patrulla.

Un caso similar es el de Nidia García, una agente de la Policía de Proximidad en Escobedo, Nuevo León, quien muestra sus pechos, portando su uniforme y empuñando su arma de cargo, aparentemente dentro de una patrulla.

Su fotografía circuló rápidamente en las redes sociales y fue separada de sus funciones mientras se determina su situación laboral, ya que infringió varias disposiciones establecidas en el reglamento interno de la corporación.

Esta semana publicó un mensaje en su cuenta de Facebook, en el que pide olvidar el tema, ya que le ha ocasionado problemas personales, laborales y psicológicos, “estoy reconociendo mi gran falta por lo tanto pido de la manera más atenta que se deje a un lado este tema que ha llegado al grado de perjudicarme moralmente y psicológicamente y vuelvo a pedir una disculpa al municipio… todos somos humanos y nos equivocamos, muchas gracias por su atención, que tengan una linda tarde”. La elemento policial señala en su muro de la red social que algunas personas inescrupulosas han usado su imagen y robado sus fotos de su perfil para crear otras cuentas y difamarla.

En un post anterior, cuando su imagen comenzó a circular, ofreció disculpas públicas, “pido una disculpa enorme a la Secretaría y Justicia de Proximidad y más a mi municipio de Escobedo por dicho acto inmoral de mi parte, dado que yo sería incapaz de subir una foto en ese modo, me siento indignada por el gran daño que ocasiona que saliera en esa foto, el daño a mis 2 hijas, seguido de mi esposo, mis padres, hermanos y familia entera”, reza el mensaje.

Un arma ciudadana

El investigador especialista en temas de seguridad y justicia de la Universidad de Guadalajara, Fernando Espinosa de los Monteros, expone que las cámaras fotográficas o video, son un arma ciudadana, “al alcance de la mano, casi todos los celulares cuentan con ese equipamiento; y da poder al ciudadano para consignar malas o buenas acciones de los policías, quienes deben entender que hay muchos ojos observándolos”.

Esta semana se dio cumplimiento a una orden de aprehensión, contra una agente de la Policía Federal, involucrada en actos de tortura a una mujer civil, ocurridos el 4 de febrero del año pasado en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, los cuales fueron asentados en un video; se le remitió al Centro de Reinserción Social de Iguala.

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informa que se dio cumplimiento a las cinco órdenes de aprehensión emitidas por el Juez Quinto de Distrito con residencia en Iguala contra tres Policías Federales y dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Aunque los hechos ocurrieron hace más de un año, el pasado 14 de abril comenzó a circular en las redes sociales un video en el que se observa a militares y una mujer policía federal interrogando a una civil de nombre Elvira Santibáñez Margarito, a quien sometieron con una bolsa para que proporcionara información relacionada con el crimen organizado.

La Defensa Nacional informó que el 10 de diciembre de 2015 se enteró del hecho y dio vista al Agente del Ministerio Público Militar, quien integró la averiguación previa correspondiente; luego, el 5 de enero de 2016, la Procuraduría General de Justicia Militar cumplimentó la orden de aprehensión contra los dos militares elementos como presuntos responsables del delito de desobediencia.

En el fuero de guerra, el Juez Quinto Militar dictó el auto de formal prisión el 11 de enero y fueron internados a la prisión militar.

El especialista en seguridad y justicia refiere que el uso de los medios gráficos digitales para asentar las acciones policiales no es constitutivo de delito, “aunque ellos se molesten, filmar a un policía mientras realiza una detención o cualquier otra acción relacionada con sus facultades es totalmente legal. Simplemente porque se trata de un agente del estado cuyos actos son de carácter público, y se trata de la vía pública”.

Uno de tantos casos que son registrados por ciudadanos fue la ejecución del policía de Tlaquepaque, Óscar Benjamín García Dávila, alias el ‘Rambo’, junto a su acompañante Miguel Huertas, afuera de un Oxxo en la avenida Naciones Unidas en Zapopan.

Decenas de personas atestiguaron el doble asesinato, y algunas grabaron el momento en que sujetos armados bajaban de una camioneta negra para cometer la agresión.

Algunos policías, molestos, arremetieron contra quienes videogrababan la escena, junto con el hermano del ‘Rambo’, quien golpeaba a cuanta persona filmaba con su teléfono.

Posteriormente los policías estatales comenzaron a arrebatar celulares, con la anuencia de los agentes de la Fiscalía General; incluso de la agente ministerial encargada de conocer el caso.

Ante los cuestionamientos de los reporteros en el sitio, reconoció que no hay delito en grabar, sin embargo los policías nunca regresaron los teléfonos.

‘El Rambo’ tenía un cúmulo de señalamientos: fue el subdirector operativo de la Policía Judicial del Estado de Quintana Roo, en el gobierno de Mario Villanueva Madrid, y fue exonerado en el 2009 de una condena de 17 años de prisión por el maxi proceso Quintanarooense, por el cual hasta la fecha sigue en la cárcel el ex gobernador. Se le señaló como el enlace entre el Cártel de Juárez y el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid.

Días después, su padre, un agente de la fiscalía de la vieja guardia, fue asesinado en Tlajomulco de Zúñiga.

Espinosa de los Monteros agrega que cuando un oficial detiene a un ciudadano por grabarlo, incurre en un abuso de autoridad, pues no hay motivo para una detención, “se debe a sus políticas represivas, se molestan porque se ventila que no hacen bien las cosas, y bueno, luego hasta acusan al ministerio público y a los jueces de liberar a sus detenidos; pues lógico si las aprehensiones están mal hechas. Por eso se molestan cuando los graban”.

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