Gobernar a golpes

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Salvador Cosio-08El gobierno mexicano debería reconocer que la tortura y los abusos de autoridad que flagelan al pueblo tienen carácter generalizado y está obligado a asegurar que los responsables rindan cuentas ante la Justicia, señaló  ‘Human Rights Watch’ (HRW). Acentúa su señalamiento al decir: “Si México pretende conseguir avances en la erradicación de la tortura, tendrá que reconocer primero la magnitud del problema, todos los señalamientos de tortura, y no sólo aquellos que se reproducen en las redes sociales, deben ser investigados exhaustivamente”.

A propósito del escándalo provocado al difundirse profusamente  un video de una mujer salvajemente torturada por soldados y policías federales en Guerrero, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Rafael Campa Cifrián, afirmó que la tortura no se justifica en ningún caso, expresando rechazo y condena a los acontecimientos dejando sentir que habría investigacion y sanciones. En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, expresó con razón que no basta con disculpas y aceptación de los problemas, ya que lo urgente es sancionar ejemplarmente a todos los culpable sin distingo de rango o importancia sociopolítica. 

Hay que recordar que el Secretario de la Defensa Nacional General, Salvador Cienfuegos, se disculpó públicamente por esos actos de tortura cometidos por soldados contra esa mujer en enero de 2015 en el estado de Guerrero. Esa expresión de ‘mea culpa’ ocurrió pocos días después de que se hiciera viral en los medios sociales un video donde se ve a policías federales y soldados que colocan varias veces una bolsa de plástico en la cabeza de la citada mujer y amenazan con matarla. Sin embargo, Cienfuegos insistió en que se trató de un incidente “aislado” cuando en realidad se trata de un problema crónico en México, donde la tortura es practicada por miembros de las fuerzas armadas y policías a nivel federal, estatal y municipal. HRW ha documentado numerosos casos de tortura en los últimos años, que incluyen golpizas, asfixia con bolsas plásticas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte.

El Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Juan Méndez, indicó en un informe publicado en marzo de 2015, que la “tortura es generalizada” en México. Concluyó que la tortura se aplica particularmente mientras las víctimas se encuentran detenidas arbitrariamente, y a menudo incomunicadas, en bases militares u otros centros de detención ilegal, antes de ser llevadas ante una autoridad judicial. Según el Relator Especial, todavía hay ocasiones en las cuales los jueces aceptan pruebas que se obtuvieron mediante tortura, a pesar de la prohibición constitucional contra este tipo de pruebas.

En 2014, la PGR recibió más de 2,400 denuncias de supuestos actos de tortura, lo cual supera en más del doble a las 1,165 correspondientes a 2013. 

En 2015, la CNDH recibió 49 quejas de tortura, mientras que entre 2000 y 2014 se habían planteado un total de 136. Lo habitual es que los casos de tortura queden impunes. El gobierno ha informado solamente cinco condenas por torturas entre 2005 y 2013, según el Relator Especial de la ONU, tras que se difundiera el informe del Relator Especial Mendez, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto denunció públicamente al relator y ha cuestionado reiteradamente su conclusión de que la tortura es un problema generalizado en México.

Y, aunque seguramente seguirá surgiendo nueva información sobre el escándalo tan publicitado, ya hay por lo pronto nuevos datos, como el que quizá por saber que en algún medio informático sería próximamente balconeado por ocultar información, el Gobierno Federal volvió a salir a rectificar datos, ya que primeramente se había señalado la participación de 3 mujeres soldados y un elemento de la Policia Federal (PF), pero ahora resulta que el Comisionado General de la PF, Enrique Galindo, dio a conocer que fueron tres y no uno los elementos de esa corporación que participaron en los actos de tortura contra la joven mujer en Ajuchitlán, Guerrero, en febrero de 2015. Informó además que dichos elementos, cuyos nombres no reveló, ya fueron suspendidos administrativamente de la corporación y son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR).

Ya un Juez Federal ordenó la aprehensión de los dos elementos del Ejército y los tres agentes de la PF que se presume torturaron a Elvira Santibáñez Margarito. La orden judicial fue dictada por el Juez Quinto de Distrito con residencia en Iguala, Guerrero, tras que así lo solicitó el agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la PGR. Dos de los tres agentes fueron retenidos el sábado pasado, tras que se les ordenó regresar a la Ciudad de México, ya que estaban asignados a diversas misiones en Tamaulipas; pero la Comisión Nacional de Seguridad investiga a cinco elementos más de la Policía Federal que el año pasado estaban comisionados en Ajuchitlán del Progreso. Mientras, la justicia castrense indaga a una policía militar, esta última, distinta a los dos soldados que actualmente están presos por estos hechos señalados como ilícitos del fuero castrense y a los que hoy se les libró una nueva orden de aprehensión por el delito de tortura. Respecto a la tercera agente federal, y que se aprecia en un video difundido en redes sociales torturando a Elvira, ella permanece retenida desde la semana pasada en el Centro de Mando de la Policía Federal, en Iztapalapa, en la Ciudad de México, y ya no se le permitió viajar a Chiapas, a donde fue adscrita. La PGR informó a través de un comunicado que las órdenes de aprehensión libradas contra dos elementos, del sexo masculino, de la Policía Federal fueron cumplimentadas este martes y en las próximas horas serán ingresados al Centro de Reinserción Social de Iguala. En cuanto al elemento femenino de dicha corporación, aún está pendiente de cumplimentarse el mandamiento judicial, pues aún se encuentra en el Centro de Mando de la Policía Federal, respecto a la orden de captura contra los dos elementos del Ejército, ésta será ejecutada en reclusión, ya que actualmente se encuentran internos en la prisión del Campo Militar Número 1.

Difícl comprobar la tortura

En los últimos cuatro años han recuperado su libertad 100 personas que lograron acreditar que fueron torturadas luego de su detención. Es muy difícil probar la tortura en un juzgado y mucho más ante el Ministerio Público: hay miles de denuncias pero no hay miles de procesados. En 1991 que se expidió la ley contra la tortura y a más de 25 años de ello, el país está cada día más enfermo de ese endémico mal. Hace casi un año hasta ofendidos se sintieron los funcionaros mexicanos cuando desde los organismos multilaterales de alcance global se señaló a México como una nación de alta incidencia en prácticas de tortura y con profusa corrupción e impunidad, pero, ahora, el peso de los hechos negativos y la amplia difusión que de ellos se ha generado a nivel nacional e internacional, ha propiciado un forzado cambio de actitud gubernamental, dado que no sólo ha debido aceptarse la grave problemática creciente, si no que también altos funcionarios federales han debido ofrecer públicamente disculpas tras ser balconeados graves asuntos criminales propiciados por integrantes de fuerzas armadas .

Y es que, al paso del tiempo, tras que se dieron a conocer las imágenes y audio de cómo fue salvajemente torturada esa joven en Guerrero para obtener forzada e ilegalmente una confesión, aparecen nuevos datos que acendran el repudio social por la actuación bárbara de esos elementos de seguridad que han violentado las garantías y derechos humanos fundamentales. Hechos que motivaron esa ya famosa disculpa que fue expresada por el Secretario de la Defensa Nacional General, Salvador Cienfuegos, y a la que sumó el Titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, debiendo salir a la palestra el Subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa, para hablar y dar la cara por el presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Como se ha señalado, las circunstancias han obligado al gobierno federal mexicano que encabeza el Peña Nieto a aceptar lo que hace algún poco tiempo rechazó categóricamente. Incluso fue mediante actitudes altaneras de altos funcionarios de la Secretaria de Relaciones Exteriores, como se intentó denostar a personeros importantes de organismos multilaterales de orden internacional, y ahora, como dicen popularmente, el gobierno ‘se mordió  la lengua’, ya que ha quedado en ridículo al aceptar ahora la alta incidencia de tortura como insana práctica habitual en instituciones de seguridad.

Valga recordar que los diversos medios de comunicación con impacto nacional, y algunos de índole internacional, dieron difusión a la agreste réplica que el entonces Subsecretario de Relaciones Exteriores y Representante de Mexico ante organismos internacionales, el Embajador Jorge Lomonaco, expresó en tono soez al Relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, quien señaló la proliferación de la tortura en Mexico y la impunidad que el gobierno prohijare al respecto. 

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