El que la hace, se mantiene impune

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Gabriel Torres-09La Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió un total 91 mil 099 sanciones administrativas a servidores públicos. Destaca que 2013 y 2014 fueron los años que registraron mayor número de sanciones a funcionarios. A nivel federal se han impuesto un monto total de sanciones económicas por poco más de 32 mil 529 millones de pesos. La SFP informa que a la fecha, tan sólo en los años 2013 y 2014, ha destituido a 890 servidores públicos, inhabilitado a cinco mil 166 y suspendido a seis mil 931 servidores públicos.

En Jalisco, el contralor Bañuelos Guardado hurgó en un “basurero”, pero sus observaciones y presuntas denuncias no avanzaron nunca en la fiscalía. Cuando finalmente fueron por un pez menor, a la Fiscalía le salió el tiro por la culata y terminó en libertad. Así que gracias a esta red multipartidista de complicidades, continúa impune la Ciudad Judicial, las Villas Panamericanas, “el Disparate”, Arcediano, los juegos Panamericanos, la abierta corrupción en la SEDER, en el CAPECE, en las extintas Secretaría de Validad y Transporte, en la Secretaría de Desarrollo Humano, en Administración, en el IPEJAL, en la Secretaría de Vialidad y Transporte con la fraudulenta construcción del Macrobus, en el la ejecución del seguro popular y en los ayuntamientos.

El robo del siglo denunciado por el titular del Supremo Tribunal de Justicia no dio lugar a ninguna investigación. Más de 14 denuncias presentadas por el ITEI –en tiempos de Jorge Gutiérrez Reynaga- por negar información pública se mantienen congeladas en la fiscalía. Impunes siguen los 340 millones de pesos que fueron aportados ilegalmente para la construcción de la Villa Panamericana. Respecto al Poder Legislativo también hay temas pendientes como las anomalías por 426 millones de pesos que reportó el despacho Russell Bedford sobre la auditoría que practicó a la LVIII Legislatura, a la cual la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) tan sólo en 2009 fincó cargos por 280 millones de pesos.

Qué decir del Gobierno de panista de Emilio González que dejó a Jalisco con más de 17 mil millones de pesos en deuda pública.

No debemos perder de vista el abusivo desvío de recursos por parte del Secretario de Desarrollo Rural, para favorecer a familiares y amigos en el Sur de Jalisco, por lo cual la Auditoría Superior del Estado de Jalisco detectó anomalías por más de 21 millones 800 mil pesos y existe una denuncia en su contra, presentada por el Congreso, que sigue congelada en la Fiscalía. Además de la maquinaria china comprada de manera fraudulenta.

Todo ocurre en un país donde la mitad de las averiguaciones previas no resuelven nada. Un 25% más, se mantienen en trámite. Únicamente el 7.5% de la averiguación previa sirvió para poner al delincuente a disposición de un juez. Esto se traduce en que sólo el 0.46 por ciento del total de delitos cometidos en México son debidamente sancionados. La corrupción existe en todos los países. La Impunidad es la red multipartidista de corrupción que en Jalisco impide que se castigue tanto atraco.

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