El 22 de abril y la impunidad

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Ruben MartinEl 22 de abril de 1992 es la peor tragedia civil en la historia de la ciudad de Guadalajara. Un derrame de gasolina de las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en las instalaciones de La Nogalera al sur de la ciudad que se introdujo en el drenaje y la red de colectores, provocó las explosiones en más de ocho kilómetros de calles del sector Reforma ocasionando la muerte de más de 200 personas, miles de heridos y daños en miles de viviendas y comercios.

La magnitud de la tragedia y la irresponsabilidad de las autoridades propició la emergencia de un poderoso movimiento social casi inmediato a los sucesos que provocó la salida del entonces gobernador Guillermo Cosío Vidaurri y la llegada de un gobierno interino.

Pero, a pesar de la magnitud de la tragedia, con sus cientos de muertos y miles de heridos y la dimensión del daño material en la ciudad, el movimiento social surgido a partir del 22 de abril no pudo hacer justicia.

Al final, como ha ocurrido con otros episodios de crisis en Jalisco y en México, la impunidad prevaleció en las explosiones del 22 de abril.

El movimiento social surgido desde la rabia ante la abulia de las autoridades y el tamaño de la tragedia, logró la destitución de gobernantes, con la renuncia de Guillermo Cosío Vidaurri como gobernador de Jalisco, y la destitución del entonces presidente municipal de Guadalajara, Enrique Dau Flores.

Dos servidores públicos terminaron en la cárcel durante unos meses: el mismo Enrique Dau y Aristeo Mejía Durán, funcionario del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Pero se trató de “chivos expiatorios”. Aunque tuvieran alguna responsabilidad al no evaluar correctamente la situación de riesgo potencial que advertían los vecinos de los barrios donde se percibía la fuga, en realidad la responsabilidad directa recaía sobre otros mandos políticos, la mayoría federales. La magnitud de la tragedia implicaba no sólo a secretarios federales, y al titular de Pemex en esa fecha, sino incluso al propio presidente de la república.

Pero la justicia no llegó por varias razones: porque el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari decidió encubrir a Pemex de la responsabilidad de las explosiones en Guadalajara porque en esa fecha negociaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá; y admitir la responsabilidad de la paraestatal implicaba cambios en los acuerdos negociados. De otro lado, el procurador dependía (como ocurre ahora) del mismo titular del Ejecutivo federal.

Lo que se aprecia a 24 años del 22 de abril, es que desde la presidencia se ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) armar un caso para responsabilizar a algunos servidores públicos y trabajadores de bajo rango de Pemex para tratar de calmar o minimizar la ira social.

Pero no para hacer justicia, sino como casos armados como parte de una estrategia de contención social.

En esencia, las explosiones del 22 de abril, con su enorme costo en muertes, heridos, secuelas de por vida a cientos de personas, la transformación de barrios y de la misma ciudad de Guadalajara, es un crimen que quedó impune.

Y esa impunidad no quedó en el pasado, sino que sigue en el presente. Si el poder político fue capaz de imponer la impunidad sobre un hecho tan relevante y sobre un movimientos social tan amplio que exigía justicia en el 22 de abril, revela la facilidad que el poder político tiene para imponer su versión y escritura sobre cualquier hecho que enfrente. En la coyuntura del 22 de abril, el poder político se impuso a la sociedad civil con sus mentiras, manipulación de las investigaciones, la cooptación, la compra de voluntades y la represión al movimiento social que emergió en esa coyuntura. La impunidad de las explosiones del 22 de abril es una injusticia que sigue marcando las relaciones entre el poder público y la sociedad en Jalisco.

Ellos, el poder político, creen que se salieron con la suya, que impusieron su verdad. Pero siempre queda a los de abajo el recurso de la memoria. Y en la memoria se sabe quiénes fueron, quiénes están impunes y el reclamo permanente de una justicia que no ha llegado.

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