¿Independientes vs corrupción?

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Gabriel Torres-09El ex canciller Jorge Castañeda señaló que un candidato a presidente de la República, postulado por un partido, “por definición”, nunca combatiría la corrupción e impunidad en el País, debido a la red de complicidades entre políticos partidistas y partidos políticos. Señala que “la exterioridad al sistema (…) es requisito imprescindible para avanzar en estos frentes” (Nexos: 1/Feb/2016). ¿Será?

Al respecto es importante destacar que el combate a la corrupción, que sea efectivo, necesita de dos factores: procuración e impartición de justicia. En cuanto a la procuración de justicia, es preciso señalar que de acuerdo a la reforma político-electoral del 10/Feb/2014, la actual Procuradora General de la República, Arely Gómez, ejercerá el cargo hasta el 2024. Más aún, en 2018, la PGR se convertirá en Fiscalía General de la República, un “órgano público autónomo” de acuerdo a nuestra Carta Magna. De esta manera, un Presidente “independiente” electo en 2018 no influiría en absoluto en una Fiscalía que contará con autonomía constitucional y cuya titular fue designada ex ante al nombramiento del Presidente. Ello es sumamente relevante, pues la Fiscalía General es la condición sine qua non para combatir la corrupción, pues es el ente encargado de investigar y perseguir los delitos, y consignarlos ante un juez.

En cuanto a la impartición de justicia a nivel federal, debe decirse que tanto los Magistrados de Circuito, como los Jueces de Distrito, son electos por el Consejo de la Judicatura Federal [integrado por el ministro presidente de la SCJN, tres consejeros a propuesta de la SCJN, dos Senadores y el Presidente]. Cabe señalar, que el Presidente en raras ocasiones le toca proponer ministros para la SCJN, por el amplio periodo de su nombramiento. De esta manera, aparte de la autonomía e independencia de la que ya goza el Poder Judicial Federal, la incidencia que tenga un Presidente “independiente” en el nombramiento de los integrantes del Poder Judicial Federal será prácticamente nula.

Ello resulta sumamente relevante, porque los encargados de impartir justicia son los que sancionan la corrupción.

Más aún, con la entrada del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se ven todavía más reducidas las posibilidades de que un Presidente combata la corrupción, aunque tenga toda la voluntad política del Mundo, debido a la autonomía que con mayor definición gozan los que están facultados para investigarla y sancionarla. El SNA se sostendrá en una Auditoría Superior de la Federación [con un titular nombrado por el Congreso], un Tribunal Federal de Justicia Administrativa [autónomo], una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción [que dependerá de la PGR] y un Secretario de la Función Pública [autónomo]. Prácticamente la misma circunstancia se replicará en las entidades federativas, con la agravante de que las Procuradurías estatales dependen de los Gobernadores y los Consejos de la Judicatura son electos discrecionalmente por los Congresos Locales mediante cuotas. Así que este tema es y será mucho más complejo, que la simple elección de un presidente, através de un partido o de forma independiente…

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