El Ejército Mexicano, en “el ojo del huracán”

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Militares han hecho ejecuciones extrajudiciales.

SE HAN DADO CASOS VERGONZOSOS DE ASESINATOS Y  DESAPARICIONES 

No obstante ser una institución fundamental para la defensa de la nación, el Ejército mexicano lleva varios años en el ojo del huracán, entre acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones e incluso, lo que ha parecido ser una política interior no especificada en ningún código, “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Y es que para muestra solo bastan unos botones, recordemos el asunto de Tlatlaya, caso que conmocionó a México. Después de asegurar que 22 sicarios habían muerto en un enfrentamiento con soldados en el poblado San Pedro Limón del Municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, se descubrió que varios elementos del Ejército mexicano llevaron a cabo una ejecución extrajudicial. Un año después de la ejecución, el 30 de junio de 2014, la ONU exigió a México que se avance en la investigación. Emanada de ésta, sólo siete militares, un oficial y un soldado se encuentran detenidos.

Otro caso que trascendió fue el de los hermanos Almanza, Martín y Bryan de 9 y 5 años de edad, respectivamente, quienes viajaban con su familia de camino a la playa, el 3 de abril de 2010, cuando en Ciudad Mier, Tamaulipas, encontraron un retén militar que abrió fuego contra la camioneta en la que se encontraban.Ambos niños murieron a causa de las heridas provocadas por el ataque de los militares, quienes aseguraron que habían sido sicarios los que habían disparado contra la camioneta. En este asunto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que el Ejército había mentido y que fueron ellos quienes habían asesinado a los dos niños.

Otro ejemplo ocurrió en el Tecnológico de Monterrey, y se trata de uno de los casos más vergonzosos en que el Ejército se ha visto involucrado, sucedió el 19 de marzo de 2010 cuando enfrentó a un supuesto grupo de sicarios frente al Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León. El Ejército mató durante el enfrentamiento a dos estudiantes de la universidad, Jorge Mercado y Javier Arredondo, y les implantó armas para hacerlos pasar por criminales; además, informó públicamente que había abatido a dos sicarios. La versión del Ejército fue refutada a través de testigos y cuando los familiares identificaron a los estudiantes, sin que hasta el momento haya militares detenidos o castigados por los hechos.

Un caso más ocurrió cuando hace pocos años el soldado Juan Ortiz Bermúdez, durante una refriega con supuestos integrantes de una banda del crimen organizado disparó contra el matrimonio formado por Rocío Elías y Juan Carlos Peña, en Anáhuac, Nuevo León. La pareja quedó en medio del fuego cruzado y fueron asesinados por el militar quien incluso habría gritado “Me eché a dos”. Ortiz Bermúdez fue condenado a 18 años de prisión por homicidio simple intencional, aunque los familiares de las víctimas piden 60 años. El caso es emblemático por ser la primera sentencia de un juez civil contra un elemento castrense en la entidad.

Un ejemplo más es el relacionado con habitantes del municipio de Aquila, donde a pesar de que las investigaciones no han determinado si el Ejército mexicano efectivamente disparó contra pobladores de Ostula, Municipio de Aquila, Michoacán, la CNDH determinó abrir una investigación por la presunta participación de los militares en los hechos que dejaron un niño de 12 años muerto y cuatro lesionados más. Aunque fuentes castrenses han asegurado que los soldados dispararon al aire, los pobladores han dado testimonios fehacientes que afirman lo contrario.

En otro ejemplo más, existe fuerte evidencia de que militares habrían por lo menos solapado actos en que participaron la propia Policía Federal de México y presuntos sicarios, en el ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa (Guerrero) en septiembre del 2014.

Por otro lado, no hace mucho el Ejército Mexicano reveló una lista de más de 100 delitos que casi 10,000 militares cometieron durante los últimos años en las calles, que van desde el robo, homicidio, allanamiento de morada, agresiones sexuales, protección para la fuga de sospechosos, siembra y transporte droga, abuso y violencia contra las personas, traición y hasta inhumaciones y exhumaciones clandestinas, actos que en su mayoría, dijeron, ya fueron sancionados por los tribunales militares.

Como en los anteriores asuntos, una vez más el Ejército Mexicano y la Policía Federal se encuentran en medio del escándalo tras la difusión masiva de un clip audiovisual donde mujeres integrantes de dichas instituciones torturan severamente a otra mujer, presunta integrante de la delincuencia organizada. Tal ha sido el repudio a la practica que el poder militar pidió perdón.

Por primera vez en la historia de México, el jefe de las Fuerzas Armadas se disculpó públicamente por un caso de tortura.

El Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, calificó la violencia ejercida por dos militares sobre una detenida de “repugnante, lamentable y deplorable”.

Lanzó una advertencia que sonó como una orden directa para una institución inmersa desde 2006 en una sangrienta y brutal lucha contra el narco: “Quienes actúan como delincuentes, quienes no respetan a las personas, quienes desobedecen, no sólo incumplen la ley, sino que no son dignos de pertenecer a las fuerzas armadas”. Un mensaje que, después de años de oídos sordos y desgaste político, parece augurar un cambio de rumbo en el impenetrable Ejército mexicano.

El detonante de este acto de contricción ha sido un vídeo que ha horrorizado a un país acostumbrado a todo tipo de espantos. La grabación, a lo largo de cuatro minutos, recoge con todo lujo detalles cómo dos militares femeninas y una mujer policía torturan a Elvira Santibáñez Margarito, de 21 años, alias La Pala. Detenida por su presunta vinculación al cártel de la Familia Michoacana, las soldados la someten a un bárbaro ejercicio de violencia: le tapan y golpean la cabeza, la insultan, le hacen sentir el cañón de una metralleta en el cráneo, la asfixian con una bolsa de plástico. “¿Vas a hablar? ¿Ya te acordaste o quieres más”, le increpan, mientras la mujer se deshace en sofocos.

El Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

El Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

La tortura fue perpetrada en febrero de 2015 en Ajutchitlán del Progreso, ubicado en el corazón del estado de Guerrero, el mismo en el que se cometió la matanza de Iguala. Tierra bañada en sangre, cuyas montañas ocultan los mayores campos de opio de América, y dónde los cárteles libran desde hace una década una guerra sin cuartel. Ahí, las matanzas son una constante, y la intervención del Ejército se ha visto en más de un ocasión enlodada por la violencia y abuso de autoridad. Pese a ello, las sanciones a militares han sido excepcionales y la respuesta habitual del poder armado ha sido defender contra viento y marea a sus soldados.

En el caso de Ajutchitlán, esta línea se ha roto. El vídeo fue enviado a la Secretaría de Defensa Nacional en diciembre, y al mes siguiente, tras ser informada la fiscalía, se detuvo a las autores de las torturas: una capitán y una policía militar. Aunque los cargos exactos no han trascendido, ambas permanecen encarceladas bajo jurisdicción militar. El caso, con todo, hubiese quedado oculto si no fuera porque la grabación saltó a las redes sociales y desató una gigantesca ola de indignación.

El golpe de timón del alto mando, aunque sorprendente, no deja de encuadrarse en el intento del Gobierno de Enrique Peña Nieto de quitarse un lastre de encima. El uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública fue puesto en marcha por el panista Felipe Calderón en 2006. Dio comienzo entonces un desquiciado combate contra el narco, que acabó en una pesadilla de más de 100,000 muertos y 40,000 desaparecidos. La llegada al poder de Peña Nieto en 2012 redujo la intensidad de esta estrategia, pero de ningún modo acabó con ella. Frente a las esperanzas de los organismos internacionales, el Presidente la mantuvo como columna vertebral de la lucha contra los cárteles, hasta el punto de que ahora mismo hay 50,000 soldados movilizados en la persecución del crimen organizado.

Este despliegue militar, aunque aplaudido por una mayoría de la población, que ve en el Ejército la única institución capaz de enfrentarse al narco, ha sido fuente de todo tipo desmanes y por ello mismo una inagotable fuente de desgaste político. El propio relator especial de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, estableció en su último informe no sólo que la tortura era generalizada en México, sino que en gran parte era debida al empleo de la fuerza militar y a la incapacidad de las instituciones para contenerla. Muestra de ello era que entre 2005 y 2013 sólo se hubiesen dictado cinco condenas judiciales por esta causa.

Las críticas de la ONU, reiteradas en numerosos foros, han sido rechazadas una y otra vez por el Gobierno mexicano. Su intento de reducir el fenómeno a “casos aislados” le ha significado más de un conflicto diplomático y ha agudizado la percepción de que, pese a los cambios legislativos emprendidos y a la reducción de denuncias por torturas, nada puede contra el muro militar.

Las disculpas de Cienfuegos y sus advertencias “dirigidas desde el Cabo hasta el General” suponen, al menos en términos declarativos un cambio de rumbo, que ojala pronto alcancen la práctica cotidiana. Eso es lo que esperamos millones de mexicanos.

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Dilma

Se aprobó hacer un juicio político contra Dilma Rousseff.

Tras 24 años de la destitución del expresidente Fernando Collor de Mello, en Brasil la clase política utiliza otra vez el instrumento más radical de su Constitución, el proceso de Impeachment, que no es otra cosa más que una figura atribuible al derecho anglosajón mediante el cual se puede procesar a un funcionario que detenta un alto cargo público, en que el parlamento o congreso debe aprobar el procesamiento y posteriormente encargarse del juicio del acusado (normalmente en la Cámara alta). Y una vez que un individuo ha sido objeto de un Impeachment tiene que hacer frente a la posibilidad de ser condenado por una votación del órgano legislativo, lo cual ocasiona su destitución e inhabilitación para funciones similares. Es pues algo así, como lo que aquí en México conocemos como Juicio Político, pero que extrañamente  y contrario a otras latitudes, aquí casi nunca prospera y termina en el archivo muerto, engrosando las estadísticas de impunidad que pesan sobre muchos malos servidores y ex servidores públicos.

Así pues, pasadas las ocho de la mañana del viernes, inició lo que será una maratónica sesión decisiva sobre el ahora casi inminente proceso de juicio político contra Dilma Rousseff, con miras a su destitución como Presidenta de la nación carioca.

Durante dos días, hasta este domingo, desfilarán por la tribuna los representantes de los 25 partidos políticos brasileños y buena parte de los 513 diputados. Todo apunta a que la mandataria tiene las de perder. Durante este lapso, Rousseff, reelegida hace solo 15 meses, padece una auténtica agonía política. Parte del país ve con incomodidad y rechazo el proceso contra una Presidenta electa constitucionalmente y con el respaldo de la mayoría del voto brasileño  encaminarse hacia la pérdida de su mandato. Pero, por otro lado, casi el 60% de la nación, a juzgar por un reciente sondeo, apoya el proceso de enjuiciamiento contra Dilma, escenario contrario a lo vivido en los tiempos de Collor, cuando en el país reinaba una práctica unanimidad contra el presidente. Ahora entonces, la división casi por la mitad de Brasil crea un clima de incertidumbre sobre lo que pasará en los días siguientes a la votación, sea cual sea el resultado.

De cualquier forma, el juicio es político y el motivo es más complicado de entender que las acusaciones de corrupción pasiva y conspiración que pesaban contra el expresidente Collor, los pecados de Rousseff parecen proporcionalmente pequeños ante un Congreso atestado de diputados investigados por corrupción que en el último año se han multiplicado exponencialmente, además, en aprobar aumentos de precios de productos y servicios básicos. Rousseff no está implicada por lo menos por ahora en ningún caso de corrupción.

La paradoja ha sumergido a los brasileños en una exaltada discusión sobre la naturaleza del enjuiciamiento, mezcla de juicio jurídico y voto de desconfianza parlamentaria.

Sin poder contener la desbandada en el Congreso Nacional, el Gobierno carioca jugó el jueves su última carta en el Tribunal Supremo Federal, TSF pidiendo la nulidad del proceso alegando falta de garantías para la defensa. La mayoría de los jueces no aceptó el recurso y el proceso siguió, de forma inalterable.

La mayoría de los ministros rechazó los principales argumentos de la Abogacía General de la Unión (AGU): el de que existió restricción en la defensa de Rousseff en la Cámara, elaborada por el relator Jovair Arantes (PTB-GO), y el de que se han extrapolado las acusaciones formales y es, por tanto, nulo.El relator del caso, el ministro Edson Fachin, apoyado por la mayoría, explicó que los diputados deben analizar solo los dos puntos del informe de la Comisión del juicio político como indicios de que la presidenta cometió crimen de responsabilidad —la base jurídica del proceso de enjuiciamiento—; sin embargo, los ministros no señalaron ninguna alteración en el informe de la Comisión que dictamina la procedencia del juicio político que cita “motivaciones extrañas”, como la Operación Lava Jato e irregularidades cometidas en el mandato pasado.

Las acusaciones se centran básicamente en: una ampliación del presupuesto público sin pasar por el Congreso, y es que el Gobierno firmó decretos de crédito suplementario en 2015 sin la autorización del Congreso. El Gobierno ya había admitido que no conseguiría cumplir la meta fiscal de aquel año. La comisión del juicio político considera que esta conducta no respeta la legislación y la considera un delito de responsabilidad atentar contra la ley presupuestaria y contra “la guarda y el uso legal de dineros públicos”.

El Gobierno argumenta que los decretos, que ascendieron a 96,000 millones de reales (27,330 millones de dólares), no ampliaron, sino que tan solo redistribuyeron los gastos, y que no hubo mala fe por parte de la presidenta, ni, por lo tanto, motivo para el proceso de destitución.

Otra acusación refiere a las maniobras fiscales de 2015, en que aparentemente el Gobierno retrasó una transferencia de 3,500 millones de reales (996 millones de dólares) al Banco de Brasil para el pago de un programa de crédito agrícola. Debido al retraso, el banco les pagó a los agricultores con recursos propios. Aunque el Gobierno restituyera luego el dinero al banco, la práctica está vista como un intento de maquillaje fiscal, porque, en la práctica, el Gobierno tomó un préstamo de un banco estatal, algo que la ley prohíbe.  El Gobierno alega que estas maniobras son, sencillamente, retrasos en los pagos, y no préstamos.

Total que en la sesión del STF, que comenzó a última hora de la tarde del jueves y alcanzó la madrugada del viernes, se analizaron cinco acciones que intentaban detener el inicio del juicio político o alterar el proceso de votación. El Gobierno perdió todos los recursos.

Además de las dos cuestiones que pedían la anulación del proceso y la reapertura del plazo para la defensa, los ministros del STF negaron tres solicitudes judiciales para alterar las reglas de la orden de votación del juicio político en la Cámara de Diputados. Así, el sufragio se realizará alternadamente entre un estado del Norte, seguido por otro del Sur.

En las acciones, presentadas por el Partido Comunista del Brasil y por los aliados de Rousseff, planteaban que el orden tuviera en cuenta los votos individuales, no los de bancada. La discusión implica principalmente un posible efecto cascada entre los diputados que están indecisos, ya que eso podría influenciar en el resultado final.

A las dos de la tarde del hoy, comenzará la votación y será entonces la verdadera puesta en jaque de Dilma Rousseff, ya que si el Congreso aprueba el proceso de juicio político, difícilmente lo paralizará el Senado, donde la mayoría de diputados es aún más hostil a Rousseff. La votación terminará alrededor de las nueve de la noche.

Todos los expertos dan a Rousseff por perdedora. Si la oposición suma, como parece probable, los 342 votos mínimos exigidos, el proceso cumplirá su fase crucial y seguirá al Senado. Rousseff ha asegurado que aunque pierda la votación de este fin de semana va a continuar siendo presidenta de la República el lunes, que no va a renunciar, y promete continuar en la lucha por mantenerse en su cargo hasta el fin de la legislatura. Pase lo que pase, es difícil imaginarse cómo Rousseff seguirá dirigiendo el país las próximas semanas. Mientras, el vicepresidente Michel Temer, antiguo aliado de la presidenta, ahora convertido en su peor enemigo, aguarda pacientemente tener en una mano las riendas del país y en la otra la cabeza de Dilma.

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