Corrupción en el caso Ayotzinapa

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Manifestación por los normalistas de Ayotzinapa.

Manifestación por los normalistas de Ayotzinapa.

NO HAY CLARIDAD EN LAS INDAGACIONES EN TORNO A LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 NORMALISTAS

Los análisis realizados a más de 60 muestras óseas y de cabello, tomadas de lugares relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, no arrojaron “hasta el momento identificación de perfiles genéticos”, difundió la Procuraduría General de la República (PGR). Este resultado se hizo público luego de dar a conocer a los representantes de los padres el contenido del informe que entregó el martes pasado el Instituto de Medicina Legal de la Universidad Médica de Innsbruck (IMG), de Austria. Los expertos analizaron más de 5 decenas de muestras de ropa y cabellos adheridos a las prendas que se encontraron en los autobuses en los que viajaban los normalistas, que fueron enviadas al IMG en septiembre de 2015. Se sometieron a análisis otras 9 muestras óseas y cabellos, provenientes del basurero del municipio de Cocula y dos muestras óseas más obtenidas de la bolsa del Río San Juan, remitidas para su análisis en diciembre del mismo año. La conclusión fue tajante: “No fue posible obtener, hasta el momento, identificación de perfiles genéticos en la totalidad de las muestras de los restos óseos, por las técnicas tradicionales de ADN STR Nuclear, ni ADN Mitocondrial”.

Algo que se destaca es que con respecto a las muestras de cabello, no todas era de origen humano, y a éstas se les aplicó la técnica de ADN Mitocondrial, “por estar cortados y no tener bulbo, obteniéndose una misma secuencia, la cual no correspondió con ninguna de las secuencias de las familias. Esta muestra fue recolectada en una zona de la retícula principal en donde no hay restos óseos del basurero de Cocula, en el interior de un recipiente de metal mezclado con restos de basura”.

Bolas se les ha hecho el engrudo, y más sombras que luces se evidencian en las indagaciones en torno a los lamentables sucesos que devinieron en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero. La Procuraduría General de la República PGR abrió este viernes el sobre cerrado que los expertos de Innsbruck IMG le entregaron el martes con nuevos resultados del análisis de muestras que realizan para determinar si los 43 estudiantes desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, en el Estado de Guerrero. De acuerdo con el resultado de dicho análisis, las muestras óseas, de cabello y de ropa encontradas en Cocula y reportadas en esta segunda entrega, no coinciden con los genes de ninguna de las familias de los normalistas informó la PGR. El documento contiene resultados de muestras de ropa y cabellos encontrados en los autobuses en que viajaban los normalistas desaparecidos, enviadas al Instituto de Medicina Legal de Innsbruck (IMG) en septiembre de 2015; así como muestras óseas y cabellos provenientes del basurero de Cocula y dos muestras óseas de la bolsa del Río San Juan -a donde se presume que fueron arrojadas las cenizas de los jóvenes que habrían sido incinerados-, remitidas para su análisis en diciembre del mismo año. 

Las investigaciones en la zona donde desaparecieron los normalistas.

Las investigaciones en la zona donde desaparecieron los normalistas.

Las muestras, según la PGR, fueron sometidas por el IMG a un análisis de ADN para obtener los perfiles genéticos, pero no fue posible identificar alguno en las muestras de los restos óseos.

Este resultado en apariencia fue informado previamente a los padres de los normalistas, según la PGR, y al momento de abrir el sobre con los resultados estaban presentes integrantes de todos los grupos involucrados en la investigación: la PGR, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); la organización defensora de los derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Equipo Argentino de Antropología Forense; representantes de los padres de los estudiantes y un agente del Ministerio Público.

Una semana antes, un grupo de expertos en fuego hizo público su informe sobre el supuesto incendio en el que los estudiantes habrían sido incinerados la madrugada del 27 de septiembre de 2014, de acuerdo con la investigación de la PGR. El estudio sostiene que en el lugar se registró un “evento de fuego controlado de grandes dimensiones”, donde “al menos 17 adultos fueron quemados” y que existe la “posibilidad” de que los 43 estudiantes ardieran ahí, aunque para determinar este último punto se requiera de una “prueba a gran escala”.

Sin embargo, el entendimiento se ha roto. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que durante los últimos meses colaboró en las investigaciones, ha dado por vulnerada su confianza en la PGR y ha anunciado que no seguirá con “un proceso que no se ajusta a los acuerdos tomados, a los estándares internacionales y que sólo contribuirá a la confusión y el descrédito”.

El origen del desencuentro radica en la difusión de la investigación sobre el incendio en el basurero de Cocula, donde, según la versión oficial, mataron y prendieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un representante de la comisión de peritos encargada de determinar si hubo tal hoguera sostuvo el viernes pasado que habían concluido que en el lugar sí se registró “un evento de fuego controlado de grandes dimensiones”, donde al menos 17 adultos fueron quemados” y que existía la posibilidad de que los 43 estudiantes ardieran ahí.

Este resultado, supone un espaldarazo a las tesis de la PGR. Una historia que sostiene que la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, los estudiantes, fueron entregados por la Policía Municipal de Iguala a los sicarios de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en el vertedero.

Esta versión, que el entonces cansado procurador general Jesús Murillo Karam, calificó de “verdad histórica”, fue rechazada desde el principio por los familiares de las víctimas. Sus dudas recibieron el respaldo del equipo argentino, cuyo informe, aunque sin facilitar un relato alternativo, desacreditaba la reconstrucción oficial. Su contundencia generó una fuerte polémica y sirvió de base, junto a las conclusiones de una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), para poner en entredicho a la Procuraduría.

El GIEI, que en su último informe negó la posibilidad de tal hoguera y se alineó con las familias de las víctimas, mostró su rechazo a la forma “unilateral” en que se hicieron públicos los avances de la comisión (formada por seis especialistas internacionales elegidos por la PGR y el GIEI). Para ellos, se han presentado como definitivos aspectos preliminares que requieren mayores estudios y que además “no recogen las respuestas que se pidieron a los peritos”.

Los integrantes del GIEI han sostenido que desde el principio, se ha señalado que el reporte debe tener razonamientos y evaluaciones científicas, análisis de la dinámica de fuego, y no valoraciones genéricas. Y que sin conocer dicho contenido no puede darse comunicación pública alguna que aumente la confusión. De igual manera han coincidido en que la difusión pública de un documento provisional que no responde a las cuestiones centrales es una irresponsabilidad en un tema que toca tanto los derechos de las víctimas como los criterios de investigación científica.

La utilización política de las investigaciones muestra una irresponsabilidad y poca sensibilidad por el derecho a la verdad de los familiares, de México y del mundo entero.

Con enfado, el grupo dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explotó contra la manipulación política del caso y anunció que centrará el mes que le queda de trabajo en México en elaborar un informe final que sea una “contribución efectiva para los familiares y para México, no una herramienta de polarización”.

Al respecto la PGR respondió con un comunicado en el que recordaba la textualidad de las conclusiones de los expertos en fuego y que el caso Ayotzinapa sigue abierto.

Este resultado ha hecho tambalear la investigación del equipo forense argentino. Por ello, rápidamente emitieron un comunicado en el que, pese a no haber tenido acceso al informe de los expertos, tratan de minimizar su alcance mediante dos argumentos básicos. El primero es que, a juicio de los peritos australes, el panel de especialistas no especifica cuándo ocurrió el incendio, lo que abre las puertas a que se trate de un fuego anterior.

En segundo lugar, el equipo argentino insiste en que, a su entender, no se cuenta con ninguna evidencia sobre a quién corresponden los restos humanos recuperados en el basurero de Cocula, ni cuándo fueron depositados en dicho lugar.

Por otro lado, la propia PGR ha aceptado que los análisis realizados a muestras óseas y de cabello, tomadas de lugares relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no arrojaron identificación de perfiles genéticos que sea compatible con la de los padres de los estudiantes desaparecidos. Lo que de nuevo a cuenta le da sustento a la tesis de la ausencia de credibilidad a las conclusiones emitidas por el gobierno federal y a muchos detalles más que hacen casi literalmente imposible que se haya registrado un fuego capaz de calcinar a 43 personas sin que nadie se haya dado cuenta, como se ha dicho en la versión oficial, la famosa verdad histórica.

La contaminación se ha vuelto un grave problema.

La contaminación se ha vuelto un grave problema.

CONTAMINACION

Desde Milán a Nueva Delhi, pasando por São Paulo y El Cairo. Las alarmas por contaminación recorren el planeta. Tratándose de uno de los problemas de salud pública más importantes del mundo, máxime cuando reconocemos que la contaminación causa siete millones de muertes prematuras al año. Además, no solo se trata de enfermedades respiratorias: Las partículas PM-2,5 [las más pequeñas] también entran en nuestro sistema sanguíneo y causan infartos y enfermedades cardiovasculares. Los sistemas de control y alerta empiezan a generalizarse. Milán, Roma y Nápoles, entre otras urbes del mundo tuvieron que restringir el tráfico en diciembre para reducir la concentración de partículas PM-10 tras saltar esas alarmas. Este es un fenómeno ligado a la concentración de la población en las ciudades. En 1994, 2,300 millones de personas vivían en zonas urbanas. Veinte años después eran ya 3,900, lo que supone la mitad de la población mundial. La previsión de la ONU es que en 2050 se llegue a los 6,300 millones: casi el 70% de los seres humanos se concentrará en entornos urbanos. La ONU estima que el ritmo más alto de la tasa de urbanización se dará en África y Asia, donde ya están localizadas las aglomeraciones más grandes del planeta: Tokio (37.32 millones) y Nueva Delhi (22.7).

Un reciente estudio de la NASA mostraba la evolución de las concentraciones de dióxido de nitrógeno entre 2005 y 2014. Se aprecia una reducción de la presencia de este contaminante en Europa y EE UU en la última década. Pero se observa un crecimiento considerable en las ciudades de India y China.

También, en urbes como El Cairo, donde el nivel de polución es 20 veces mayor que lo recomendado por la OMS. Los 18.8 millones de cairotas respiran una cantidad de gases tóxicos equivalente a fumar un paquete de cigarrillos al día. A pesar de ello, el Gobierno no realiza una medición periódica de la contaminación. El Ejecutivo de esa nación levantó en 2015 la prohibición sobre la compra de carbón por parte de las empresas para que la usen como combustible. Luego entonces se deduce que la calidad del aire no es una preocupación para el Gobierno. Una situación parecida se vive en Nueva Delhi, donde no hay un sistema de alertas. Pero en las grandes ciudades de China ya se están adoptando planes de control y avisos. La capital, Pekín, cuenta con un sistema de alerta desde 2013 que se basa en una escala de cuatro colores; el rojo es el más grave. El programa contempla una serie de restricciones sobre el tráfico, la construcción y las industrias. A principios de diciembre, la ciudad activó por primera vez la alerta roja, que es la que más trastoca la rutina de sus 20 millones de habitantes por el cierre de guarderías y colegios y por las restricciones al uso de vehículos privados.

Sin embargo como ha ocurrido recientemente en la Ciudad de México, estas son medidas de emergencia. Lo importante es establecer medidas estructurales. Acciones como las que contempla el plan estratégico de São Paulo (21.1 millones de habitantes) para el periodo 2014-2016, como que el 100% de la flota de autobuses se alimente de fuentes renovables o programas para reducir el uso de coches.

La calidad del aire en la Ciudad de México se ubica en un punto crítico desde hace tres semanas. El Gobierno ha tomado medidas restrictivas a la circulación vehicular y a las industrias, lo que ha generado gran resistencia entre la población, que argumenta problemas de movilidad y productividad. En medio de esta polémica, los casos de enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación han crecido entre 8 y 10% en la última quincena. Este incremento incluye a toda la población capitalina, pero algunos grupos son más vulnerables a la contaminación.

El aire contaminado aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas (como neumonía) y crónicas, como cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si bien la contaminación afecta a todas las personas, el organismo advierte que los efectos más graves se producen en las personas que ya están enfermas, así como en los grupos más vulnerables: niños, adultos mayores y familias con un acceso limitado a la asistencia médica. De acuerdo a datos oficiales, alrededor de 1.3 millones de personas mueren en un año a causa de la contaminación atmosférica urbana, y más de la mitad de esos casos ocurren en los países en desarrollo, entre ellos México. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) reportó en marzo que en el Valle de México mueren 20,500 personas al año por esta causa y, de continuar la crisis ambiental que vive la capital, la tasa de mortalidad vinculada con la contaminación podría crecer hasta 19%.

Algunos asocian el tema de la contaminación solo a molestias leves como pudiera ser irritación de la fosa nasal, irritaciones de los ojos. Pero, lo cierto es que el mayor riesgo es para las personas que ya tienen un padecimiento cardíaco o respiratorio, cuya condición puede agravarse. De acuerdo a los expertos, “Existe el riesgo de que la población del Valle de México desarrolle asma o se exacerben los cuadros asmáticos de quienes padecen esta enfermedad”. La concentración de ozono –principal causa de la actual crisis ambiental en la capital mexicana– “agrava el asma y afecta directamente al hígado también”.

Aunque no padezcan alguna enfermedad, los niños, los adultos mayores y las embarazadas son también un grupo vulnerable: en el caso de los bebés, la afectación se puede manifestar en la disminución del desarrollo de su sistema respiratorio.

Otro de los riesgos que se han señalado es la concentración de bióxido de nitrógeno en el aire, que puede ocasionar edema pulmonar y puede llegar incluso hasta la muerte. Por ello, la OMS recomienda que los Gobiernos de las ciudades con altos niveles de contaminación ubiquen cuáles son las fuentes principales y pongan en práctica políticas que mejoren la calidad del aire, como son el fomento del uso del transporte público, ir a pie y andar en bicicleta, en vez de depender del automóvil privado; la promoción de centrales eléctricas que en lugar del carbón utilicen combustibles limpios y renovables, y las mejoras en la eficiencia energética de los edificios y las industrias, además, la población debe tomar conciencia de las acciones que puede realizar para contribuir a mejorar la calidad del aire en su ciudad.

La Ciudad de México no logra limpiar el aire que respira por los altos niveles de contaminación que ha registrado las últimas dos semanas, por ello como ya todos sabemos, se puso en marcha un plan excepcional para limitar la circulación de vehículos y justo el día que arrancó el programa, los puntos de ozono volvieron a dispararse. Los capitalinos han cuestionado severamente al Gobierno de Miguel Mancera, sobre si la solución realmente es reducir el número de coches que circulan o si la contaminación proviene de otra fuente. Después de 14 años sin decretar formalmente una contingencia ambiental, el pasado 15 de marzo el Gobierno de la Ciudad la anunció luego de tres días en que las partículas contaminantes no cedían, y la emergencia duró otros cuatro días. Desde entonces, la polución se convirtió en una crisis que el gobierno de Miguel Ángel  Mancera no ha podido solucionar, pese a las fuertes -y poco populares- medidas que ha aplicado, como la limitación a la circulación de miles de vehículos y la gratuidad en el transporte.

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