La falacia del presupuesto participativo

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Ruben MartinLa crisis del sistema de democracia liberal representativa es tan evidente y clara, como si miráramos el cuerpo demacrado y agotado de un enfermo en fase terminal, con sus articulaciones cansadas y sus excreciones incontenibles.

La falta de legitimidad de los operadores del Estado capitalista los obligan a buscar ideas nuevas, políticas frescas y campañas de comunicación novedosas no para cambiar el estado de cosas, sino, como Gatopardo, para seguir en el poder simulando que entienden el hartazgo y cansancio de la gente haciendo cosas nuevas.

Eso se ve en el intento de asimilación de políticas que en su origen se plantearon como cuestionamientos y críticas a la democracia liberal representativa pero que un uso instrumental y acotado de las mismas, busca conseguir bocanadas de legitimidad para un sistema político que muere de sofocación.

Este es el caso del uso de una propuesta de democracia horizontal conocida como presupuestos participativos que desde hace años vienen retomando partidos y gobiernos liberales para buscarse cierta credibilidad.

El proyecto de los presupuestos participativos, seguramente, no nació en la ciudad de Porto Alegre, Brasil en un gobierno del entonces izquierdista Partido del Trabajo, a principios de los años 90 del siglo pasado, pero ahí se perfeccionó como esquema de gobierno.

Digo que no nació ahí porque la decisión de cómo gastar el dinero que es común a un pueblo o comunidad ha sido una de las decisiones que secularmente han sido tomadas en los gobiernos horizontales a lo largo de la historia, pero que al extenderse y afianzarse, fueron expropiadas y centralizadas en el Estado capitalista liberal. Dicho llanamente: decidir si el dinero juntado por la comunidad se usaba para obras de canalización del agua, para construir o mejorar un camino, para un sanatorio o templo, o para las fiestas del pueblo es una de las decisiones más viejas tomadas las comunidades en sus formas horizontales de organización política. Las expansiones imperialistas con sus políticas de cobros de tributos e impuestos, la imposición de gobiernos centralistas y las formas de dominación de arriba hacia abajo acabaron con esa toma de decisiones que se construían desde abajo. Los pueblos, no los reyes, emperadores o presidentes sabían (y evidentemente saben) dónde es más necesario gastar el dinero que es de ellos. Pero, insisto, esas formas elementales de organización política popular, fueron expropiadas y concentradas por el Estado capitalista liberal con su aparato administrativo-coercitivo a cambio de supuestamente proveer servicios a la población que pagara su tributo individual (los impuestos).

Ahora en el ocaso de su existencia, los gobiernos liberales quieren hacer creer que les devuelven a los ciudadanos la decisión de cómo gastar los recursos que son de ellos.

Es una simulación y una falacia.

En Jalisco fue Enrique Alfaro Ramírez el primero en usarlo durante su periodo como presidente municipal de Tlajomulco, de 2010 a 2012. Ahora como presidente de Guadalajara ha replicado el modelo. Su propuesta de presupuesto participativo tiene una gran limitante: sólo participan los propietarios de bienes inmuebles (fincas y terrenos) y con derecho a votar únicamente a quien pague el impuesto predial. Se vuelve así a la “democracia de propietarios” que imperaban en los albores del sistema liberal y que fue demolida por las rebeliones populares que exigían democracia universal.

Ahora el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz anunció el 7 de abril que “dejará” que los habitantes de Tonalá, y de las regiones Norte, Sureste, Altos Sur, Costa y Costa Sur puedan decidir el destino de 400 millones de pesos. Se trata de migajas presupuestales, en regiones decididas desde los escritorios burocráticos y con cálculos político-electorales de por medio.

Son tácticas que se pretenden pasar como democráticas cuando tienen un tufo vertical y autoritario difícil de esconder.

 

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