Delincuencia marca agenda gubernamental

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Salvador Cosio-08Son muchas las inquietudes y pocas las respuestas: ¿Por qué la escasa respuesta del gobierno que casi es silencio ante acusaciones graves de complicidad de narcotraficantes con supuestos funcionarios y personajes importantes?,  ¿Por qué el gobierno federal mexicano se empecina en evitar la extradición de ‘El Chapo’? ¿Por qué antes el capo peleaba con uñas y dientes no ser extraditado y ahora exige agilidad en ese trámite a fin de salir de México? ¿Será cierto que ‘El Chapo’ se sabe en peligro de muerte por ser un sujeto muy riesgoso para algunos políticos, empresarios, sindicalistas y jerarcas religiosos que prefieren callarlo a que se sepan muchas acciones delictivas en las que están implicados?

Lo cierto es que el Crimen Organizado impacta la agenda gubernamental, pues sea por las acciones criminales que siguen flagelando a la sociedad o por el cúmulo y la intensidad de la información que, además, es profusamente difundida por los medios de comunicación y por la misma gente en las redes sociales; lo cierto es que los cárteles del narcotráfico, que ahora son multidelictivos, siguen poniendo en jaque al gobierno federal mexicano.

En esta ocasión son las informaciones que acentúan el descrédito del régimen ante la sociedad mexicana y que socavan la imagen del gobierno frente a la comunidad internacional.

Un ejemplo de lo que ocasiona se incremente la percepción de complicidad criminal de relevantes funcionarios, es lo que recientemente se ha publicado en relación a la red de corrupción labrada por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. Y es que al margen de la controversia que se ha suscitado por la réplica que la Señora Emma Coronel, que se dice la esposa en turno de Guzmán y que trata de hacer ver que Rosa Isela Guzmán Ortiz no es en realidad hija de éste, lo resaltable es la forma en que la señora Guzmán Ortiz es ahora tan famosa por sus declaraciones en las que acusa al gobierno federal mexicano de haber pactado y después traicionado al narcotraficante. Especialmente por lo profuso como se han disparado sus dichos a partir de la penetración cualitativa y cuantitativa que producen los medios extranjeros, que contrasta con la escasa respuesta y lo que ha replicado el propio gobierno.

Muy delicadas son las acusaciones que ha expresado la supuesta hija mayor de ‘El Chapo’, quien dijo ser fruto de una relación íntima pertinaz de Guzmán con una maestra en la década de 1970 la que, según dice, se mantuvo vinculada al criminal, quien le compró una amplia y cómoda residencia en un poblado situado en el sur de California.

Resulta grave lo que expresa la presunta hija de Guzmán Loera al afirmar que políticos mexicanos son o fueron socios de su padre y que lo traicionaron dado que tras haber financiado importantes campañas electorales había un compromiso de protección e impunidad; además, aseguró que ‘El Chapo’ entró secretamente, en al menos dos ocasiones, a Los Estados Unidos, con el objetivo de visitar a algunos de sus familiares, esto con la anuencia, protección y complicidad de autoridades federales mexicanas. Más aún, asevera que pocos días después de haber sostenido uno de los encuentros con la actriz Kate del Castillo y el actor Sean Penn, ‘El Chapo’ escapó de una pesquisa policial mediante la cual estuvo a punto de ser detenido estando ubicado en una finca rústica situada en el poblado de La Tuna, en Sinaloa, pudiendo escapar por haber sido ayudado por funcionarios mexicanos corruptos y con la complicidad de autoridades norteamericanas: evadió los controles fronterizos del vecino país del norte para lograr ingresar subrepticiamente en California, pese a ser uno de los fugitivos más buscados del mundo.

No menos grave es la acusación formulada por la presunta hija de Guzmán Loera: aseguró que destacados políticos mexicanos fueron parte de la autoría intelectual y cooperaron para la logística de la segunda fuga del criminal, en razón de estar coptados por él tras haber aceptado donaciones de cuantiosas sumas de dinero para sufragar campañas electorales.

El caso es que la señora Guzmán Ortiz hizo estas afirmaciones al diario The Guardian y han sido ampliamente difundidas por cadenas de información por medios digitales con gran presencia internacional, como Telemundo; y ya fueron retransmitidas por infinidad de medios de comunicación y, obviamente, en forma masiva a través de redes sociales. No obstante lo grave de las acusaciones, éstas no han suscitado, hasta ahora, una respuesta oficial ni del Gobierno Federal mexicano que encabeza Enrique Peña Nieto ni de las autoridades competentes de los Estados Unidos, de ahí que habría que aplicar esa máxima que dice: Quien calla otorga.

Hay que recordar que Joaquín Archivaldo Guzmán Loera se fugó de la cárcel federal de Puente Grande en el mes de enero de 2001 y fue capturado el 22 de febrero de 2014, siendo recluido en el Penal Federal de “Máxima Seguridad” del Altiplano, ubicado en la población de Almoloya en el Estado de México, de donde se fugó el día 11 de Junio de 2015, siendo recapturado el 8 de enero de este año y remitido nuevamente a la misma prisión.

Por lo menos 34 personas han sido acusadas de ayudar al Chapo a escapar, incluyendo a Valentín Cárdenas Lerma, que era el director de dicho penal; y a Celina Oceguera Parra, quien fuera titular del Órgano Administrativo que opera el sistema federal de prisiones en México. Sin embargo, siguen impunes empleados y funcionarios del Centro de Investigaciones para la Seguridad Nacional (CISEN) de la Secretaria de Gobernación (SEGOB) que han sido señalados como responsables de prohijar la relajación de la vigilancia para propiciar la fuga. Aún no se deslinda la responsabilidad inherente a diversos mandos medios y superiores tanto de la Policía Federal, como de la Comisión Nacional de Seguridad que encabezaba Monte Alejandro Rubido García en la época de la segunda fuga, así como a la propia SEGOB a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong. Además, está pendiente el deslinde de posible complicidad de funcionarios municipales y del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, esto en relación a la construcción de obras para la fuga y las facilidades para ello.

‘El Chapo’ ha denunciado que en la cárcel está siendo torturado porque no se le permite dormir y busca acelerar su extradición a los Estados Unidos.

Se presume podría negociar tener mejor trato y fincársele una condena menos severa que habría de purgar en una prisión de mediana seguridad.

Lo lamentable es que esa inacción gubernamental sigue provocando confusión, y aún sin mayores pruebas, es lamentable que lo que se diga por delincuentes y personajes afines sea difundido por empresas de comunicación que como The Guardian, The Washington Post, Los Angeles Times, Telemundo y muchas otras empresas más en América y Europa. Pese a esto, los funcionarios mexicanos continúan estoicos mostrando torpeza y acumulando razones para consolidar imagen de corrupción e impunidad, provocando más desdoro a la imagen internacional de México y con ello propiciando mayor alejamiento de inversión privada proveniente del exterior, acendrando la salida de capitales que dejan nuestro territorio para alojarse en naciones que ofrecen mejor certidumbre y seguridad, con menores niveles de criminalidad y mas bajo índice de corrupción.

Parece que por más circunstancias de hechos e informes relevantes, no habrá mucho cambio en la actitud de los gobernantes: permanecerán aceptando calladamente y por negligencia permitiendo se acreciente la percepción de que México es el país donde existe una nula eficacia en el sistema de Justicia para muchos sectores de la sociedad mexicana y, ante la opinión pública mundial, el mismo bajísimo valor moral tienen los criminales que los “servidores públicos”.

Pero a la inicial actitud timorata de más autoridades federales que provocó la presión mediática y de la sociedad exigiendo acción, o al menos respuestas, siguió un ligero cambio de estrategia y finalmente el gobierno federal mexicano replicó a las declaraciones que publicadas en The Guardian, y difundidas por muchos diversos medios nacionales e internacionales, se acreditaron a Rosa Isela Guzmán Ortiz, la presunta hija de Guzmán Loera, en las que acusa frontalmente la existencia de una cadena de complicidades criminales en que estarían involucrados altos funcionarios. Así, tras la presión mediática salió a dar la cara el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, quien rechazó tajante que las autoridades federales del régimen actual que encabeza el Enrique Peña Nieto, haya tenido o tenga aún alianzas o pactos con el crimen organizado.

Al recordar que supuestamente Rosa Isela Guzmán Ortiz reveló que ‘El Chapo’ financió campañas de políticos mexicanos y fue traicionado por algunos funcionarios que fueron sus socios, y que además con la tolerancia y respaldo gubernamental entró dos veces a los Estados Unidos evadiendo todos los controles migratorios, Sales Heredia dijo que las acusaciones de Rosa Guzmán forman parte de una estrategia mediática del capo para deslegitimar a las instituciones mexicanas con señalamientos sin pruebas y dijo:

“El Gobierno de la República advierte que existe por parte de este individuo, de su defensa y de algunas otras personas, una abierta estrategia mediática. Prueba de ello son las más recientes declaraciones de quien dice ser su hija, por lo que corresponde al gobierno de la República, ni treguas ni alianzas ni pactos con el crimen, el gobierno no cederá ante especulaciones, cuyo único objetivo es desviar la atención, victimizar a este sujeto para relajar su vigilancia.

De acuerdo con la ley, las autoridades competentes podrán imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en los Centros Federales de Readaptación Social, como es el caso de Guzmán Loera, quien es un criminal que ha envenenado a los jóvenes y destruido familias enteras, por lo que debe ser castigado por la ley, pues el Estado mexicano no se va a prestar a chantajes ni a litigar en los medios lo que debe ser juzgado únicamente por los tribunales”.

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