La opacidad del auditor

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Sonia Serano-04La transparencia sigue siendo en Jalisco un término para discursos, pero no para los hechos.

Los días 10 y 17 de febrero pasado se vencieron los plazos que tenían todos los que reciben recursos públicos y que celebran actos de autoridad, para publicar la información fundamental, según la última reforma en materia de transparencia. El primer plazo era para quienes ya estaban en la anterior ley como sujetos obligados, mientras que el segundo para quienes fueron incorporados por primera vez, en estricto sentido, los sindicatos y los notarios.

Para quienes debían hacer esa tarea, hay una ventaja. El proceso de revisión que hay de las páginas web, para verificar si cumplen con la publicación de la información fundamental, no es permanente. De hecho, sería casi imposible para el Instituto de Transparencia hacerlo.

Ante la ventaja de esa falta de superivisión, los más cumplidos actualizaron el contenido de la nueva ley, es decir, aparece en su página cómo quedaron los artículos, con sus fracciones, incisos y numerales; el problema es que en la mayoría de los casos, al hacer “click” en éstos, están vacíos o tienen información sin actualizar.

Otros, ni siquiera se han preocupado por hacer los cambios en sus páginas de internet. El caso que más llama la atención es, sin duda, el de la Auditoría Superior, que de manera directa advierte en su página que no cumplirá la ley porque, según el auditor superior del estado, Alonso Godoy Pelayo, la transparencia no es su responsabilidad.

El artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece de manera expresa en la fracción IV, que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco es un sujeto obligado en materia de transparencia. Fue, de hecho, uno de los cambios que se hicieron a la ley, pues antes se había dado por un hecho que transparentaría su información, al formar parte del Poder Legislativo, que es sujeto obligado.

La Auditoría Superior ha transparentado, desde hace varios años, información relacionada con sus finanzas y sobre otras áreas, como la nómina, los cheques que emite, las compras que realiza. Sin embargo, su renuencia se ha mantenido en las cuentas públicas.

El auditor superior se ha negado de manera permanente a dar a conocer los informes finales que emite, una vez que terminó de auditar, que son los que envía al Congreso del Estado. Para que quede más claro de qué hablamos, la semana pasada la Auditoría Superior de la Federación publicó en su sitio web su Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, donde vienen las revisiones al gasto que se hizo de recursos federales en ese año.

Esa es la información que, en el caso de Jalisco, el auditor se niega a publicar. Como es obvio, los actores políticos no se quejan de la opacidad del auditor en este rubro, pues la información que no se publica es la de las irregularidades en el gasto del dinero de los jaliscienses; es decir, lo que se conocería sería quiénes incurren en malos manejos.

La opacidad del auditor tampoco puede ser sancionada por el Itei, pues se requiere que un ciudadano presente un recursos ante la falta de publicación de la información.  Es decir, Alonso Godoy puede seguir por un rato moviéndose en la oscuridad.

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