El capital gobierna

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Ruben MartinConstruir un parque en lugar de otro conjunto de departamentos de precios altos o un nuevo centro comercial, o ambos, abrió un debate sobre la expropiación de terrenos en Guadalajara. El debate surge a partir de la petición lanzada por Carlos Silva Moreno, para que el terreno donde estaba la tienda Aurrerá en las avenidas Chapultepec y México, sea expropiado por los gobiernos de Jalisco y de Guadalajara para construir un parque público y un centro cultural.

La petición lanzada en la plataforma Change.org, reunió casi seis mil firmas en dos semanas y fue atendida ya por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz quien se reunió con el promotor de la idea el pasado 17 de febrero.

Hasta ahora una parte del debate se ha centrado en el tema de la expropiación, lo que asusta a muchos liberales que la consideran una medida socialista, sin tener en cuenta que en México y Jalisco las expropiaciones han servido para beneficio del capital privado. Pero creo que otra arista del debate se ha mostrado menos: pensar en quién tiene derecho a decidir sobre lo que se construye no sólo en la ex tienda Aurrerá, sino en toda la ciudad.

Sin la propuesta de este vecino de Santa Tere, la liquidación y desalojo de la tienda Aurrerá habría quedado sólo como un asunto entre particulares y sus decisiones privadas: el dueño del terreno le pidió a la tienda desalojar el predio y casi con seguridad pactó una venta para una empresa inmobiliaria. Unas torres de departamentos en ese punto privilegiado del paisaje urbano pueden ser sin duda un gran negocio privado.

Hasta ahora así se ha ido modificando la ciudad en las décadas de las políticas urbanas neoliberales. El Estado renunció prácticamente a intervenir en la producción de la ciudad (vivienda, y espacios públicos) para quedar como sirviente del capital inmobiliario.

En este momento toda la zona metropolitana de Guadalajara padece una oleada de despojos de territorios y espacios públicos para ponerlos, todos, al servicio del capital inmobiliario-comercial y gubernamental.

Esta oleada se aprecia en el bosque El Nixticuil en Zapopan, en el parque público despojado en Arcos de Guadalupe (Zapopan también), y el cerro de la Reina en Tonalá, con el proyecto gubernamental-privado para hacer hotel de lujo, centro artesanal, comercios y un teleférico. Hay denuncias de nuevos fraccionamientos en La Primavera, detenidos por ahora por el gobierno de Tlajomulco.

Pero los permisos para construir fraccionamientos con la misma política de vivienda ya fracasada, sigue impune: En Guadalajara el Parlamento de Colonias denunció que el cambio de planes urbanos permite redensificación de hasta 836 por ciento más grandes que las que existían antes. En Zapopan hay 293 licencias de fraccionamientos, 36 de la cuales están en el distrito de Tesistán, carretera a Colotlán, en zonas forestales, agrícolas y sin servicios, y ya de por sí sobresaturada de población.

En El Salto la alcaldía autorizó dos fraccionamientos para 24 mil habitantes en zonas de alta contaminación; en Zapotlanejo se pretende revivir el desmedido proyecto para autorización de fraccionamientos para decenas de miles de casas.

Pero estas son las viviendas para los sectores de menores ingresos. Otra vez condenando a los más pobres a irse a vivir en casas pequeñas y de materiales de baja calidad, a fraccionamientos muy alejados del centro de la ciudad y con servicios precarios o deficientes.

Se expulsa así a los pobres de los barrios centrales y se permite la gentrificación en zonas como el centro histórico con el peligroso proyecto de la Ciudad Creativa Digital, en la Americana, Santa Tere, Villaseñor, o Mezquitán. Hay muchos proyectos inmobiliarios destinados a los sectores de más altos ingresos: en Guadalajara se estima que hay en construcción 60 torres habitacionales, con altura de cuatro a 18 niveles. Y hay en juego al menos nueve mil millones de pesos de inversión, según anunció el propio ayuntamiento tapatío el 3 de marzo de 2015.

En Zapopan se anunciaron en agosto del año pasado la autorización del gobierno municipal de doce grandes desarrollos según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI Occidente) con una inversión de más de 500 millones de dólares. Son anuncios de los gobiernos anteriores, pero el actual alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, presentó con mucho entusiasmo un proyecto inmobiliario-comercial llamado Distrito La Perla en lo que eran las instalaciones de Kodak con una inversión de 400 millones de dólares.

En conjunto, los proyectos de departamentos céntricos para ricos o viviendas alejadas para los pobres, suman una inversión que bien podría superar los 50,000 millones de pesos en los próximos tres años.

¿Alguien puede poner freno a esa fuerza del capital que compra y especula con los terrenos, construye donde quiere y como quiere y, como capital que es, apuesta por especular y hacer rendir su inversión en lugar de pensar en lo que le conviene a toda la población? No creo que los gobiernos actuales cambien esta política neoliberal de construir la ciudad.

El cambio se está dando desde los movimientos barriales, o muchas veces individuales, que se están oponiendo a esos proyectos de construir que destruye barrios, parques y entornos y hace y deshace la ciudad a su antojo.

La propuesta de hacer un parque donde se está diseñando un negocio privado puede ser también una apuesta para cambiar la lógica empresarial-política que por ahora gobierna Guadalajara.

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