Si Moreira y El Chapo hablaran

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Ruben MartinEl sistema político mexicano tiene una oportunidad histórica para demostrar que puede, desde sus propias instituciones y procedimientos, luchar contra la corrupción y la impunidad, y que puede limpiarse a sí mismo. La oportunidad se presenta con las detenciones de Joaquín Guzmán Loera, una de las cabezas del Cártel de Sinaloa, y de Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila.

Al primero se le detuvo (por tercera ocasión) el pasado 8 de enero en Los Mochis por sus actividades en el tráfico de drogas. Formalmente los delitos que enfrenta, son: delincuencia organizada, delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y uso de recursos de procedencia ilícita aquí en México, más los delitos que se le han fincado en Cortes de Estados Unidos.

En tanto, al ex gobernador de Coahuila se le detuvo en el aeropuerto internacional de Madrid, el viernes 15 de enero acusado de malversación, blanqueo y organización criminal.

Al Chapo Guzmán se le buscaba como a ningún otro delincuente en México. Fuentes del gobierno mexicano han filtrado que destinaron hasta 2,500 agentes de los diversos cuerpos de seguridad (marina, ejército, policía) para recapturarlo tras su espectacular fuga del penal de alta seguridad del Altiplano, en julio de 2015. Su recaptura pretendía no sólo subsanar esa monumental pifia, sino compensar el desprestigio nacional e internacional para el gobierno de Peña Nieto que supuso esa fuga.  

Todo indica que la detención de Moreira no era parte de los planes del presidente Peña Nieto, sino que responde más bien al avance de los juicios que se le siguen en Estados Unidos. Rolando González Treviño, empresario y propietario de medios de comunicación, declaró en abril pasado que el “coconspirador uno, un alto funcionario en Coahuila que ganó la gubernatura (…) empezó en enero o febrero de 2006 apropiándose dinero del gobierno de Coahuila para su uso personal”. Aunque no lo nombra por su nombre, este ex socio de Moreira lo está acusando de manera clara.

La captura de Moreira era menos esperada, pero no menos deseada, tras la acumulación de evidencias de irregularidades en su paso por la gubernatura de Coahuila entre 2005 y 2011.

Si de verdad el sistema de procuración de justicia mexicano investigara a fondo e interrogara debidamente a “El Chapo”, deberíamos de saber las entrañas de unos de los negocios más lucrativos de México: el tráfico de drogas y sus negocios relacionados. Las declaraciones de “El Chapo” serían, sino suficientes, sí fundamentales para conocer cómo las organizaciones del crimen organizado hacen para seguir operando; a qué políticos pagan para que protejan sus actividades; a cuántos candidatos o partidos han pagado sus campañas; cuántos políticos (desde presidentes, hasta alcaldes, pasando por gobernadores) están asociados con los cárteles de la droga; a cuántas personas han asesinado y desaparecido; dónde están esas fosas o escondites con las personas desaparecidas.

Si “El Chapo” hablara, o los investigadores mexicanos le hicieran hablar gracias a la evidencia que se le ponga enfrente, deberíamos saber los bancos en los que depositan sus ingresos, las empresas con las que se asocian y, en general, cómo hacen para lavar el dinero proveniente del tráfico de drogas y que entra así al circuito formal de la economía mexicana.

Si el ex gobernador de Coahuila hablara, nos enteraríamos del repertorio de formas que tienen los altos mandos de la clase política mexicana para saquear recursos al erario; sabríamos de qué forma se pactan acuerdos con empresas constructoras o proveedoras para inflar precios, inventar facturas o triangular recursos. Sabríamos de los pactos de los gobernantes con las televisoras para promover precandidatos, y de las bolsas de dinero ilegal que van acumulando los candidatos y partidos para financiar sus campañas.

En fin, si “El Chapo” y Moreira hablaran, sabríamos de los detalles de funcionamiento de dos de los principales cárteles de este país: el del narcotráfico y el de la política profesional, y con sus confesiones, tal vez, se podría limpiar los cimientos en los que se sostiene el sistema político mexicano. Pero eso no va a suceder, porque si hablaran y los mexicanos conociéramos sus declaraciones, el sistema se desmoronaría, justamente porque quedarían expuestos los cimientos de porquería sobre el que se levanta el actual sistema político.

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