Secretarios de negro historial

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Alfredo Argüelles es acusado de ser el autor del desfalco de la consultora fantasma López Castro, en la LVIII Legislatura.

A LA NUEVA LEGISLATURA  LLEGA COMO SECRETARIO UN PERSONAJE POLÉMICO DESDE EL INICIO

Las últimas legislaturas del Congreso de Jalisco han estado atestadas de escándalos, de situaciones de opacidad y de ex funcionarios que han tenido un negro historial; los ciudadanos han expresado su repudio y poca confianza  a esta institución y a los políticos.

Al Congreso han llegado todo tipo de funcionarios; la figura de secretario general del Palacio Legislativo en los últimos años se puede considerar con un negro historial. Los servidores que han ocupado este cargo han sido acusados de cometer actos de corrupción y los principales responsables del desfalco del Congreso.

Cuando inició la LX Legislatura, los diputados encontraron un Congreso con una gran crisis financiera, tanto, que el Ejecutivo intervino en varias ocasiones para apoyarles con recursos y participaciones.  Durante este periodo, los ahora ex diputados se dedicaron a tratar de resolver este problema: una nómina inflada, sin recursos y laudos por resolver.

Dicha legislatura encontró un grave desfalco en el Congreso ocasionado por las legislaturas anteriores.

Aunque existe todavía una gran opacidad en encontrar quiénes son los responsables de los desfalcos, los ex secretarios generales juegan un papel fundamental.

Son tres secretarios generales acusados principalmente de desfalcos y de la contratación de empresas fantasma, lo que supone un desvío de recursos: Carlos Corona Martín del Campo y Alfredo Argüelles Basave. Pero también se ha involucrado al secretario general suplente Octavio Pérez Pozos, quien desempeñaba el cargo en lugar de Argüelles y a José Manuel Correa, quien tomó el lugar de Corona una vez que éste renunció.

El panista Alfredo Argüelles es acusado de ser el autor del desfalco de la consultora fantasma López Castro, en la LVIII Legislatura. Esta empresa fantasma fue contratada con el propósito de recuperar dinero perdido para el Recinto Legislativo. Sin embargo, la empresa demandó al Congreso acusando que no se le había pagado, por lo que exigía 58 millones de pesos.

Este caso marcó las siguientes legislaturas, teniendo su fin para el mes de noviembre del año pasado. El tiempo corría y por disposición de un juez federal, se falló a favor de López Castro, lo que significaría que el Congreso debería emitir el pago de los 58 millones.

El Congreso no tenía dinero para pagar, por lo que el Ejecutivo acudió al apoyo y se harían tres depósitos. Sin embargo, días antes de que se hiciera el primer pago, la empresa desistió del cobro, así como de  cualquier demanda y amparos interpuestos.

Por este caso, Argüelles todavía tiene una denuncia en su contra en la Fiscalía General, por fraude.

Cuando dichos casos de empresas fantasma comenzaron a surgir a la luz pública, los ex diputados de la LX Legislatura formaron una comisión especial para investigar a la consultora López Castro, así como a las empresas fantasma Ola Outsourcing y Servicios Administrativos Empresariales (SAE). Esta comisión fue encabezada por el emecista Víctor Sánchez Orozco.

Durante el mes de febrero de este año  el ex diputado Sánchez Orozco, difundió un video sobre Argüelles. Se envió un notificador del Congreso al domicilio del ex secretario general, en Valle Real, en el que le entregarían un documento para citarlo a comparecer.

En el video, el mismo argüelles abre la puerta, pero tan sólo para negarse a sí mismo y decir que él es un trabajador de la casa y no le permiten recibir nada.

Después de que se difundiera este video, que se volvió viral en Jalisco, Argüelles dejó de esconderse y acudió a comparecer a mediados de febrero a la Penal de Puente Grande. Para evitar ser detenido, se presentó con un amparo que le concedieron.

A Octavio Pérez Pozos lo detuvieron en el mismo mes de febrero, mientras daba una rueda de prensa para probar su inocencia ante el caso López Castro. Pero existen documentos en los que reconoció y recibió una factura por cerca de 6 millones de pesos. Actualmente Pozos está en libertad.

De la contratación de la empresa Ola y de SAE, se ha acusado principalmente a Corona Martín del Campo. Pero también se involucra a Manuel Correa, ambos acusados por emitir pagos millonarios a empresas fantasma.

La empresa SAE se contrató para asesorar sobre el pago de los impuestos y se le pagaron más de 30 millones de pesos. A Ola, que haría auditorías a las nóminas, se le pagaron 21 millones.

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Carlos Corona.

El paso de Corona por la  Secretaría General fue catalogado uno de los más polémicos; se desempeñó en el cargo de febrero a septiembre de 2010, durante la LIX Legislatura.  Su objetivo era resolver irregularidades de la legislatura anterior, sin embargo, se le acusa de constantes irregularidades.

Corona hizo compras por 18.4 millones de pesos sin el aval de la Comisión de Administración del Congreso. También compró las “charolas”, que consistían en credenciales metalizadas, las cuales se adquirieron sin que los ex diputados las hayan  solicitado.

Para continuar con los escándalos de Carlos Corona, medio de comunicación dieron a conocer que adquirió, durante su período en la Secretaría General del Congreso, dos carros de lujo valuados en ese entonces por 2.3 millones de pesos.

Este ex secretario también adquirió seguros de vida y gastos médicos para el Legislativo y sus familiares, con un pago alrededor de los  8.5 millones de pesos.

Para finalizar su polémica administración en la Secretaría, los diputados priistas encabezados por Roberto Marrufo se encerraron para discutir la salida de Corona, quien terminó presentando su renuncia al cargo. Después, se escogió a Manuel Correa para el puesto.

Hasta la fecha, no se ha tenido ninguna consecuencia real para aquellos ex funcionarios que hicieron un desfalco al Congreso.

Ahora que han concluido períodos “negros” en el Congreso y comienza una nueva legislatura, se esperarían cambios y no nuevos escándalos. Sin embargo, continúa la historia de mantener secretarios generales con un historial polémico. Llegó, posicionado por Movimiento Ciudadano, Jesús Reynoso Loza, un personaje que en los cargos públicos que ha estado, como secretario general y síndico en Tlaquepaque, en el Ayuntamiento de Zapopan y en el Consejo Electoral, ha inflado las indemnizaciones recibidas.

Al haber sido destituido de su último cargo como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial debido a los cambios en la Reforma Político-Electoral, interpuso una demanda ante el Congreso, en la que pedía 9.6 millones de pesos como indemnización.

Aunque los funcionarios tienen el compromiso de velar por los intereses de los ciudadanos,  aquellos que han sido nombrados como secretarios generales en los últimos años han sido los principales responsables, de acuerdo a las acusaciones que se les han fundamentado y documentos existentes, de encabezar actos de corrupción que no solamente han afectado al Recinto Legislativo, sino a todos los jaliscienses. 
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