¡A cuidarles las manos!

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Jorge Arana, Enrique Aubry, Omar Hernández e Isaías Cortés.

PROTAGONIZAN ALGUNOS DE LOS NUEVOS DIPUTADOS ESCÁNDALOS EN ANTERIORES LEGISLATURAS

En el arranque de las últimas tres legislaturas, los diputados que llegan tienen una prioridad: declarar que serán más honestos que sus antecesores, que tendrán un mejor manejo de los recursos públicos, que bajarán la nómina y mejorarán la imagen del Congreso del Estado. Y los integrantes de la LXI Legislatura, que comenzó este primero de noviembre, no son la excepción.

La atención sobre las posibilidades de que esto suceda, se centra en quienes ya pasaron por el Congreso del Estado en otras legislaturas y fueron parte, o incluso, protagonistas directos, de los escándalos.

En la lista de quienes han contribuido al descrédito del Congreso del Estado, está sin duda a la cabeza Jorge Arana Arana, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El legislador llega después de ser alcalde por segunda vez del municipio de Tonalá, donde ha sido señalado por una mala administración de los recursos públicos y por basificaciones de última hora.

Arana tiene también su historia en el Congreso. Fue presidente de la Comisión de Administración en la LVIII Legislatura, la de más escándalos y señalamientos. De hecho, las cuentas públicas pendientes del Poder Legislativo, lo mencionan como parte de quienes deben hacer aclaraciones.

La Comisión de Administración es la instancia que toma las decisiones sobre los recursos públicos, humanos y materiales del Congreso del Estado. Apenas comenzó esa LVIII Legislatura, en esa comisión legislativa se decidió que los recursos de al menos seis partidas se fueran directamente a las cuentas bancarias de los coordinadores parlamentarios, generando una millonaria bolsa que se repartió entre los diputados.

Eran tiempos de bonanza para el Congreso del Estado, pues el entonces gobernador panista, Emilio González Márquez, no escatimó en abrir la chequera para que los diputados le autorizaran las propuestas que presentaba, sus presupuestos o sus peticiones de deuda.

LO ANTERIOR PERMITIÓ, POR EJEMPLO, QUE TAN SÓLO EN EL  2009 LOS DIPUTADOS SE REPARTIERAN A TRAVÉS DE LA PARTIDA QUE SE CONOCE COMO “CASAS DE ENLACE”, MÁS DE 189 MDP.

De ahí salieron también los seis millones de pesos que pagaron al auditor superior, Alonso Godoy Pelayo, adicionales a su salario, sin que todavía exista una explicación del motivo del pago.

Desde la Comisión de Administración se tejieron, además, otra serie de irregularidades, como nóminas ocultas o duplicadas, pagos a empleados del Poder Legislativo sin que se documentara la razón, así como la falta de transparencia y pérdida de documentos que permitieran hacer una revisión.

Otro que ya pasó por el Congreso del Estado y que comienza como presidente de la Mesa Directiva, es Enrique Aubry de Castro Palomino. El también presidente del Partido Verde Ecologista de México Jalisco (PVEM) fue parte de la LIX Legislatura, donde el principal escándalo se dio con la basificación ilegal de 219 personas, de las que al menos doce eran colaboradores de Aubry.

De hecho, en esa lista de doce personas que fueron basificadas está Érika Lizbeth Ramírez Pérez, quien será diputada local, después que ganó las elecciones en el distrito 17, postulada por la coalición que formaron el PRI y el PVEM.

Otro que formó parte de la LIX Legislatura y también tomó parte en las decisiones administrativas, es Omar Hernández Hernández, ex alcalde de Arandas y ahora legislador por el Partido Verde, también postulado por la coalición que ese partido integró con el PRI.

MochilasOmar Hernández fue el representante del PRI en la Comisión de Administración, por lo que también conoció las decisiones que se tomaron sobre las basificaciones. En esta misma situación está el diputado local Isaías Cortés Berumen, quien en esa misma Legislatura fue representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante la Comisión de Administración.

Además, estos cuatro legisladores que ya pasaron por el Congreso, participaron en el caso de la empresa Consultora López Castro. Arana fue parte de la Legislatura que la contrató, aparentemente para que ayudara al Poder Legislativo a recuperar recursos pagados en exceso a la Secretaría de Hacienda. Los otros tres, firmaron el acuerdo a través del cual se reconoció una deuda de 58 millones de pesos con la empresa, a pesar que ya se había probado que no prestó servicio alguno al Congreso.

Por Movimiento Ciudadano, regresa al Congreso Ramón Demetrio Guerrero Martínez, quien también fue legislador en la LVIII, aunque con la camiseta del PAN, en la que su participación no tuvo mayor relevancia. Sin embargo, viene de una accidentada Administración como alcalde de Puerto Vallarta, ya electo bajo las siglas de MC, donde terminó con diferencias hasta con los regidores de su partido.

Otro legislador al que no hay que perder de vista, es Miguel Ángel Monraz Ibarra, también ex integrante de la LVIII Legislatura. En esa época, era presidente del Partido Acción Nacional (PAN) y fue quien avaló la participación de los panistas en la basificación de personal. Él obtuvo seis plazas definitivas, una de ellas para su hermano Carlos Roberto.

Por supuesto, también al resto de los diputados que forman la LXI Legislatura hay que vigilarlos con lupa, sobre todo porque, algunas veces, la falta de experiencia legislativa ha significado que los jaliscienses sólo les paguemos para que levanten la mano o, peor aún, que vean al Congreso como la “beca” de tres años para resolver su situación patrimonial.
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