Los plazos de la justicia

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La impunidad y las deficiencias en la procuración y administración de la justicia, son sin duda pilares de la inseguridad en México. Señalarlo no es descubrir el agua tibia. Lo que si es extraño, es que el tema siga atendiéndose más en el discurso y menos en la realidad.

Desde la segunda parte del sexenio del panista Emilio González Márquez y lo que va de la Administración de Jorge Aristóteles Sandoval, se han impulsado una serie de cambios y reformas, para mejorar el sistema de justicia. Desde la homologación con los cambios que se han hecho a escala federal, hasta las modificaciones locales y la renovación de espacios, la distancia entre lo que se dice y lo que se hace, sigue creciendo.

Primero, nos vendieron el nuevo sistema de justicia adversarial como la solución definitiva a la impunidad y el freno a las violaciones a los derechos humanos. Ninguna de las dos cosas ha sucedido. Además, el Poder Ejecutivo ha regateado la puesta en marcha, cuando se trata de abrir la cartera.

CON EMILIO GONZÁLEZ, LAS REFORMAS QUE ENVIÓ EN 2009 FUERON “CONGELADAS” EN EL CONGRESO DEL ESTADO, POR DIPUTADOS QUE NO TENÍAN INTERÉS EN EL TEMA O, TAL VEZ, QUE NO LO ENTENDÍAN

Al retomarse la reforma, a finales de la LIX Legislatura y principios de la LX, se puso sobre la mesa el nuevo procedimiento adversarial, ya con la obligación en puerta para todos los estados, de sumarse al código nacional de la materia. Así, comenzaron a darse los primeros pincelazos para llegar a los juicios orales.

El problema fue que, a la par de la reforma y los acuerdos, no se dispuso de los recursos para la infraestructura que se requeriría y para la contratación de personal capacitado. Y tampoco para la capacitación. Así, han tenido que aprobarse al menos dos cambios en el calendario, para retrasar la entrada en vigor del nuevo sistema.

Pero esos cambios podrían nuevamente ser insuficientes. Como no hay plazo que no se llegue, y los ocho años que se dieron de margen a los estados vencen en junio de 2016, Jalisco tiene la obligación de poner a funcionar el nuevo sistema en ocho de los doce distritos judiciales, incluyendo el que más asuntos ventila, el del área metropolitana de Guadalajara.

Las dudas de que eso sea una realidad, surgen de la falta de presupuesto para este tema. En el proyecto de gasto que envió el Ejecutivo al Congreso del Estado para 2016, sólo se informa de la creación de un fideicomiso en el que se depositarían 51 millones de pesos. El argumento del titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), Héctor Pérez Partida, es que es sólo el capital semilla y la inversión crecerá conforme se vaya requiriendo, con recursos que aportarán a partes iguales el estado y la federación.

Pero en el gasto estatal no se ve el margen de maniobra para aportar los recursos, ni tampoco las partidas de las que se podrían ir tomando los recursos para el pago de salarios de los nuevos juzgados orales, una vez que entren en función, y que se calcula son de unos 17 millones de pesos por cada distrito al año.

En el marco de la seguridad, no se trata de un tema menor. No parece que el gobierno federal esté planeando una prórroga y el Ejecutivo luce muy despreocupado. Ojalá sea porque tiene asegurada la disposición de los recursos.
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