Matrimonio gay, ¿y después qué?

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bruno-1Cuando Abraham Lincoln, ex presidente de Los Estados Unidos, cabildeaba para aprobar la Decimotercera Enmienda, que daba fin a la esclavitud en ese país, se enfrentó a las siguientes preguntas: ¿y después qué sigue? ¿Dejar que voten los negros? ¿Dejar que voten las mujeres?

Hoy, la Suprema Corte de Justicia sienta jurisprudencia para que dos personas del mismo sexo puedan casarse y tener los mismos derechos que cualquier otro matrimonio. Esta resolución vuelve a levantar los ánimos de aquellas personas que enfrentaron en su momento a Lincoln. ¿Ahora qué sigue?

Lo que quedó claro de aquel contexto histórico es que las políticas públicas virtuosas no siempre gozan del consenso generalizado, pero deben establecerse aun cuando algunos involucrados pugnen porque se eliminen. Esto porque, después de un análisis pormenorizado de los impactos económicos, sociales y culturales, se estableció que era el camino para un mejor estado de bienestar que no necesariamente tiene que ser de las mayorías.

Aquí en Jalisco tuvimos el pasado fin de semana una manifestación multitudinaria denominada “La marcha por los niños”, para rechazar la implementación de dicha ley.

Esta marcha tuvo su primer acierto: marcar o darle curso a la agenda  pública que se discute en Jalisco.

Pero antes de ponernos a contar el número de personas que asistieron a la marcha, no hay que perder de vista que en Jalisco ni siquiera se ha aprobado el matrimonio entre dos personas del mismo sexo.

Antes de señalar de conservadores o liberales a diferentes segmentos, de estar a favor o en contra de la marcha, hay que establecer que en Jalisco tenemos una Ley de Libre Convivencia inconclusa. Quien la promovió fue el diputado perredista Enrique Velázquez, pero, por lo visto, una deficiente implementación de la misma hizo que se enfrentara a una serie de obstáculos que terminó por estigmatizarla como una ley vergonzosa e inacabada.

LO QUE QUEDÓ AL FINAL NO FUE SÓLO UNA LEY DE UNA GRAN COMPLEJIDAD SOCIAL, SINO MUY CONFUSA EN SU OPERACIÓN

Las confrontaciones obvias fueron con la Iglesia, empezando por el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, con el ex candidato a la Gubernatura por el PAN, Fernando Guzmán Pérez Peláez, más otros grupos conservadores. Pero lo que es peor: rápidamente se establecieron círculos viciosos que debieron ser virtuosos para apoyar esta ley: los partidos más abiertos, que se venden como liberales, como el Partido Revolucionario Institucional que coordina Rafael González Pimienta o el Partido Movimiento Ciudadano que coordinaba Clemente Castañeda, pensando que perderían votos si daban su apoyo, voltearon para otro lado.

Lo que se aprobó finalmente en Jalisco fue una política pública ambigua en sus objetivos, porque no se alcanzaron a determinar los alcances de la misma. En el camino, los promotores de la Ley tuvieron que adaptarse a las confrontaciones que no tenían previstas, así como a los intereses particulares de dichos grupos.

Lo que empezó a gestarse como una ley para lograr el matrimonio gay y establecer sus derechos, terminó sólo como un contrato de derechos y obligaciones entre dos partes.

Además, la ambigüedad de esta iniciativa abrió un nuevo abanico de posibilidades que no se tenían previstos, como es el hecho de que una de las partes pueda ceder a la otra una pensión por retiro de trabajo, si bien las autoridades ni estaban enteradas de dicha posibilidad, porque no se le hizo una solicitud formal de adecuación.

En Jalisco, los intereses y las diferencias entre los diferentes actores nunca fueron neutralizados, por lo que tuvieron un efecto negativo en la creación de la Ley de Libre Convivencia.

El problema aquí es la complejidad social que se está presentando. Ésta es tal que ni el gobierno estatal ni los partidos políticos se involucran en el tema. Por lo tanto, no existe una jerarquía, fuerza o corriente que pueda unificar los diferentes puntos de vista. Es decir, no hay ni siquiera un árbitro que dirija el partido.

Pero, también, en este contexto se advierten oportunidades, como mapear los beneficios que arrojará dicha ley en asuntos jurídicos y de bienestar social. Y, sobre todo, deben tenerse claras las repercusiones que vienen: cambios muy importantes en regulaciones, prestaciones y seguridad jurídica.

Las soluciones que se advierten a corto plazo sólo pueden venir de una orden de la Suprema Corte de Justicia al Congreso local, que sigue sin querer entrarle de lleno al tema. Pero también hay otras soluciones que podrían buscarse al tomar en cuenta a las diferentes posiciones y buscar un tronco común.

Deben establecerse narrativas no sólo para las confrontaciones con la Iglesia y los grupos conservadores, sino para incidir en una nueva visión en el ambiente ciudadano sobre el matrimonio gay. Dejar claro que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se mantienen intactos y no pueden ser vulnerados ni por homosexuales, ni por heterosexuales ni por nadie. Ampliar el marco jurídico para establecer límites, obligaciones y sanciones en aquellos temas que lo ameriten como la adopción de menores: no hay que olvidar que las leyes convertidas en políticas públicas son modificables, ajustables, mejorables.

Por eso, entre otros puntos, debe dejarse claro que no se busca que dos personas del mismo sexo sean casados por la Iglesia (así se le da un respiro, se le respetan sus reglas como institución); dejar claro que es un asunto de beneficio jurídico para los involucrados, pero, sobre todo, que es un asunto legal y no moral.

Pero eso, antes de ponernos a analizar “La marcha por los niños”, primero hay que entrarle en Jalisco a la legalización del matrimonio igualitario.

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