Reparten STJE en rebanadas

1643
0
Compartir
ER-95-188

Reacomodos en el Poder Judicial obedecen a intereses de partidos políticos.

ESTÁN EN PUERTA DOS NOMBRAMIENTOS PENDIENTES. ¿QUIÉN LE HALA LOS HILOS A QUIÉN?

Para los partidos políticos, el Poder Judicial es sólo un pastel a repartir. Por ello, las reformas, los cambios y los apoyos al Poder Judicial son, en realidad, un betún de adorno que no cambia el fondo del funcionamiento. La forma en que se han ido cubriendo los espacios, garantiza que los magistrados designados tengan compromisos políticos con quien los lleva a conseguir ese puesto.

Además, los actuales ac­tores políticos se encontraron con un escenario inmejorable, generado por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmó que los magistrados, indepen­dientemente de que tuvieran la condición de inamovibles, debían dejar el cargo a los 70 años de edad.

De esta forma, entre venci­miento de nombramientos y jubilaciones, los partidos políti­cos dispusieron de 16 espacios a repartirse, según un acuerdo alcanzado por los dirigentes de los institutos políticos y el ex secretario general de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez.

El reparto se hizo tomando como proporción los espacios en el Congreso del Estado en la LX Legislatura, sólo modifi­cado para dar cabida al grupo Universidad de Guadalajara, a través del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En la distribución, quedó fuera Movimiento Ciudadano.

Según las cuentas del Ejecutivo, al Partido Revolu­cionario Institucional (PRI), le corresponden ocho de los espacios que quedarían dispo­nibles en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y el Tribunal de lo Administrativo en el Estado (TAE). Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) se quedaría con seis magistraturas, mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se quedaría con dos, aunque finalmente el PRI le cedió una más, quedán­dose con siete.

CONFORME SE FUERAN REGISTRANDO LOS CAMBIOS, CADA PARTIDO DECIDIRÍA SI RATIFICABA A SU MAGISTRADO O LO CAMBIABA POR OTRO

Los acuerdos comenzaron a ejecutarse a principios del año pasado, al vencerse el nombramiento de la magis­trada Lucía Padilla Hernández, espacio que le correspondía al PRD, el cual decidió ratificarla en el cargo, trámite que logró sin problemas en el Pleno.

El 2 de febrero del año pasado vino la oportunidad de reparto más importante, al disponerse de ocho espacios, cinco de ellos del Tribunal de lo Administrativo y los otros tres en el de Justicia.

Del TAE, dos espacios eran para el PRI, que determinó ratificar a los magistrados Armando García Estrada y Horacio León Hernández. Otros dos lugares fueron para el PAN, que ratificó a Alberto Barba Gómez y dejó fuera a Víctor Manuel León Figueroa. El quinto espacio era del PRD, que también apostó por un cambio, por lo que no respaldó a Patricia Campos.

Para los espacios de Víctor León y Patricia Campos, fueron nombrados Juan Luis González Montiel y Joaquín Miranda Camarena. En ambos casos los magistrados salientes fueron a tribunales, pero finalmente perdieron los juicios y se ratifi­caron las designaciones de los diputados.

En lo que se refiere a los tres espacios en el STJE, dos corres­pondían al PRI, que también apostó por la continuidad de Sabás Ugarte Parra y Federico Hernández.

El PAN, en cambio, decidió dejar fuera a Antonio Fierros Ramírez. Sin embargo, el presi­dente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes, interpuso una controversia constitucional y consiguió la suspensión, que mantiene al magistrado en su cargo.

Luis Carlos Vega y Verónica Ucaranza.

Luis Carlos Vega y Verónica Ucaranza.

El 28 de febrero fue nom­brada también como magistra­da Verónica Elizabeth Ucaranza Sánchez, espacio que decidió el PAN.

Ella ocupó el lugar del magistrado Gregorio Rodríguez Gutiérrez en el Supre­mo Tribunal de Justicia del Estado, quien se había jubilado desde 2010. Ese espacio había sido cubierto provisio­nalmente por el juez Sergio Manuel Jáuregui Gómez, quien simplemente regresó a su car­go en la primera instancia.

En el mes de abril se dio cumplimiento a una resolución de la Corte, ratificando a tres magistrados del STJE, pero es­tos ya habían sido nombrados por la anterior Legislatura, por lo que el reparto fue al margen. Se trata de Roberto Rodríguez Preciado, María Eugenia Villa­lobos Ruvalcaba y Jorge Mario Rojas Guardado. Esto motivó que se concretara el retiro de los magistrados Jaime Cedeño Coral, José María Magallanes Valenzuela y Joaquín Moreno Contreras, quienes ya habían alcanzado los 70 años de edad que la Constitución marca para el retiro.

Otros dos magistrados tu­vieron que retirarse en el mes de julio, al cumplir los 70 años de edad. Se trata de Alfredo González Becerra y Bonifacio Padilla González, quienes fueron sustituidos por Ricardo Suro Esteves y Armando Ramírez Rizo. El primer espacio correspondió decidirlo al PRI, mientras que el segundo al PAN.

El Revolucionario Institucional, en su siguiente oportunidad, volvió a apostar por las ratificaciones ante el vencimiento de nombramientos, dejando en el cargo en agosto del año pasado al actual presidente del STJE, Luis Carlos Vega Pámanes, y a Espartaco Cedeño Muñoz.

De esta manera, queda­rían todavía pendientes dos espacios a repartir, ambos por magistrados que alcanzan los 70 años de edad. Por esa razón, tendrían que irse a principios de marzo Guillermo Guerrero Franco, y en octubre próximo Ernesto Chavoya Cervantes.

En el caso de Guerrero, el Congreso emitió ya la convo­catoria. En el acuerdo firmado con Arturo Zamora, el espacio correspondería al PAN; sin embargo, el PRD reclama que es su turno. Algunos priistas sostienen que los blaquiazules tienen la razón, pues el tercer espacio que piden los perredis­tas, en realidad le corresponde al PRI, que se lo cedió, y que se concretaría con la salida de Chavoya.

Al parecer, el PRD no quiere esperar a la próxima legislatura, que sería la que decidiría sobre el sustituto de Chavoya.

Al margen de las disputas entre los partidos políticos, surgió un nuevo obstáculo, luego de que el Poder Judicial interpuso una demanda de amparo, argumentando que, si bien Guerrero Franco alcanza­rá los 70 años de edad, tiene nombramiento vigente.

El argumento del Poder Ju­dicial es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció en una contro­versia sobre los magistrados que tenían la condición de “inamovibles”, es decir, los que fueron nombrados antes de la reforma de 1997. Sin embargo, el máximo tribunal del país no ha definido qué sucede con los magistrados designados después de esa fecha, cuando alcanzan los 70 años de edad pero aún tienen nombramien­to vigente.

En el caso de Guerrero Franco, fue nombrado por un periodo de siete años y luego ratificado por diez años más, de los que sólo han transcurrido siete.
EtiquetaSTJEJ
Compartir

Dejar un comentario

WordPress Image Lightbox